La articulación de 20 organizaciones y colectivos que promueven y defienden los derechos de la mujer hondureña, surge para generar decisiones en conjunto .

Las tres causales para la despenalización del aborto son de acuerdo a la Plataforma "Somos Muchas" son,   al existir un embarazo producto de una violación sexual o por incesto, cuando la salud y la vida de la mujer embarazada se encuentra en grave riesgo y cuando existan malformaciones congénitas incompatibles con la vida.

En el evento se presentaron puntos de vista médicos, legales y ecuménicos para reforzar la teoría de que el Estado hondureño atienda por fin el debate en torno al aborto sin que genere estigma y criminalización hacia las mujeres.

A nivel médico, se analizaron las repercusiones de la práctica del aborto de forma clandestina misma que afecta según datos proporcionados por las organizaciones, anualmente en el país se reportan de 50 mil  a 82 mil  abortos ilegales en los que se pone en riesgo la vida, sumada a la penalización con cárcel y el mensaje que proviene desde los cultos religiosos en donde satanizan el derecho de las mujeres a decidir.

Según cifras en poder de las organizaciones defensoras de los derechos de este sector, aproximadamente 15 mujeres llegan a los hospitales públicos con diagnóstico de aborto en donde son vistas como criminales, asegura la plataforma.

La semana anteriorante el anuncio de la sesiones en el hemiciclo legislativo para aprobar el nuevo Código Penal, dichas organizaciones  se acercaron sostener encuentro con la Comisión de Equidad de Género de ese poder del Estado  y convencer a los diputados y diputadas sobre la necesidad del debate en torno a la despenalización del aborto.

En ese sentido la Coordinadora General del Movimiento de Mujeres por la Paz “Visitación Padilla”, Gladys Lanza, sostuvo que a pesar de que desde el Estado y sus tres poderes “no exista voluntad para hablar en torno al tema, es la unidad en las organizaciones defensoras de las mujeres en donde se logrará abrir el debate”.

Lanza quien actualmente enfrenta una condena por difamación, promovida desde el 2010, como represalia porque su organización atendió una denuncia por acoso sexual -laboral que implica al  director de la Fundación para el Desarrollo de la Vivienda en Honduras, (FUNDEVI), afirmó que en el hemiciclo legislativo existe buena voluntad por parte de ciertos diputados y diputadas pero “hay una doble moral, ya que es desde las bancadas que se toman las decisiones y no prevalece la buena voluntad personal y con ello se bloquea el proceso”.

La democracia actual en la que solo se ve al ciudadano y ciudadana como votante es uno de los puntos que cuestionó la defensora de los derechos de las mujeres, en donde “ellos – diputados y diputadas- deben de atender nuestras demandas, es ahora que debemos iniciar este debate, sino tenemos que esperar un largo periodo de tiempo y si no lo hacen entonces nos vamos a ver en las urnas en un próximo periodo electoral” afirmó.

Código penal que criminaliza el derecho a decidir

En la ley integral no solo deben tomar en cuenta a todo el sector representativo, sino a la plataforma y las distintas organizaciones que la conforman y desde este espacio iniciar un debate serio para instar y motivar hablar sobre el tema, sin injerencias de otros sectores y con nuestras demandas

¿Por qué la mujer sigue sin ser consultada sobre estos temas?

Leyla Díaz, Abogada del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres ,(CLADEM), explicó que en la actualidad no se está tomando en cuenta la información que corresponde, ya que de siete reuniones sobre el  tema, solo de tres han escuchado  la voz de las mujeres.

“Hay que ser claros y para posicionar el tema de aborto no ha sido por iniciativa de quienes integran el Congreso Nacional, sino  la presión en la que hemos llegado a poner nuestros puntos sobre la mesa, pero al empezar a hablar sobre el aborto ya no se toca el tema”, sostuvo la abogada Díaz.

Necesitamos ser partícipes de una Honduras de cambio para las mujeresy darles una oportunidad sobre esas situaciones que les afecta sin tener esa carga psicológica y social , Reconocer que las mujeres tenemos el derecho a opinar respecto a conducir nuestra vida, sobre todo cuando se encuentra en riesgo, agregó.

 El artículo 126 del Código Penal vigente señala que aborto es la muerte de un ser humano en cualquier momento del embarazo o durante el parto. Quien intencionalmente cause un aborto será castigado con penas de reclusión de uno hasta 10 años.

Cúpula de iglesias continúa decidiendo por nosotras

En la discusión alrededor de la inclusión del aborto en las tres causales, las cúpulas de las iglesias interfieren , “en esto tenemos que ser específicas, esta laicidad desde las cúpulas de las iglesias ha intervenido e influido negativamente en los derechos de las mujeres” , opinó la representante de la Organización Ecuménicas por el Derecho a decidir, la Reverenda Ana Ruth García.

En lo que corresponde a los derechos sexuales y reproductivos, “en las iglesias continúan siendo un tabú. No se toca y no se educa en espacios, desde sus propias confesiones de fe, como abordar estas temáticas, en la mayoría de las iglesias se prohíbe.Las lecturas que se hacen de la biblia, son parte de la lógica patriarcal, sin embargo en el contexto actual no podemos  traer esta cultura dos mil años después”, puntualizó la reverenda .

Cuestionó el hecho de que previo a la discusión de la ratificación de la Convención Sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, (CEDAW), las autoridades del Estado solo atendiera una carta enviada por la Confraternidad Evangélica de en donde recomiendan la no firma del Protocolo Facultativo de ese convenio, y el Estado no tomó en cuenta las recomendaciones del EPU donde le señalaba la ratificación del mismo.

 En la recomendación número 126 del EPU apunta la ratificación del Protocolo en mención,  hecha por ocho países , entre ellos México, España y Turquía.

La carta a la que se refiere García es del 04 de mayo de 2015, en la antesala del EPU a Honduras, estaba firmada  por el Pastor Alberto Solórzano,  en calidad de Presidente de la Confraternidad Evangélica de Honduras, en donde insta al Estado a través de la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia Gobernación y Descentralización a no ratificar el protocolo de la CEDAW porque sería “un error jurídico para la sociedad y nuestras familias”. Hasta el momento el Estado de Honduras continúa sin ratificar dicho protocolo.

Así que la demanda para que la despenalización del aborto en las tres causas propuestas desde las organizaciones de mujeres dependerá de las discusiones del Congreso Nacional, en donde se mencionaba que para esta semana estaría aprobándose un nuevo Código Penal.