Esta instituciones  realizaron una jornada de exposiciones en solidaridad con estudiantes universitarios y de media, en la semana de la antesala del Día Internacional contra la Tortura. Los estudiantes son  uno de los sectores que ha recibido tortura física y psicológica en los crueles desalojos a que han sido sometidos, en donde ellos mismos expusieron los tratos crueles que sufren por la defensa de sus derechos estudiantiles.

El 12 de diciembre de 1997, la Asamblea de las Naciones Unidas, por recomendación del Consejo Económico y Social, proclamó el 26 de junio Día Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, con vistas a la erradicación total de la tortura y a la aplicación efectiva de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes que entró en vigor el 26 de junio de 1987.

En su comunicado, las organizaciones recordaron que Honduras ratificó la Convención Contra la Tortura el 05 de diciembre del 1999, adoptó el Protocolo Facultativo de la Convención el 23 de mayo del 2006 y creó el Mecanismo Nacional de Prevención el 31 de octubre del 2008. El CPTRT tuvo una participación significativa para la firma de estas garantías de derechos.

El organismo sostuvo que no se trata solamente de las formalidades de ratificar y adoptar Convenciones y Protocolos, porque “del dicho al hecho hay mucho trecho”, sino que estas prebendas se reflejen en la realidad cotidiana de la práctica de la tortura, por eso,  le dicen al Estado y en especial al Consejo de Seguridad Nacional: “No basta con ratificar”, “No basta con adoptar”, “No basta con aprobar leyes”.

“La prohibición de la tortura además de estar escrita en un papel, debe inscribirse en el pensar y sentir de policías, militares y civiles que por una u otra razón consideran que golpear con los puños, pistolas y fusiles, insultar, amenazar de muerte, aplicar descargas eléctricas es una opción legítima a la hora de la captura en el traslado a las postas policiales y en lugares como las oficinas de la Policía Nacional de Investigación, inaugurada el 01 de septiembre de 2015 y de la cual dijera el administrador del Estado , Juan Orlando Hernández , que las expectativas sobre el trabajo que realizará este organismo son muy altas”.

Las organizaciones patrocinadoras del evento señalaron que Hernández  debe tener una preocupación “muy alta” cuando el Comité Contra la Tortura (CAT) le recomiende una evaluación de las actuaciones de la Dirección Policial de Investigaciones, (DPI), que está siguiendo una consigna histórica de los cuerpos de investigación; utilizar la tortura para obtener una confesión o información lo mira legítimo.

Con el golpe de Estado se puso en práctica las tácticas contrainsurgentes

La primera exposición fue la de Junior Alexander Núñez, estudiante de la Escuela “Normal Mixta Pedro Nufio”, quien se basó en una investigación que realizó el director del Comité por la Libre Expresión (C-Libre), Edy Tabora, sobre 10 años de violencia en Honduras.

En el contexto de un análisis pone en la realidad nacional desde 1982, año en que llegaron a feliz término las juntas militares y se implementó una “democracia electoral”, lo que garantizó la alternabilidad en el gobierno de los partidos Liberal y Nacional, integrantes del llamado “bipartidismo” .

Este modelo existió hasta el golpe de Estado del 28 de junio del 2009, época en que la gran mayoría del pueblo hondureño se manifestó en las calles provocando una convulsión social, traducida en las grandes movilizaciones que condenaron la ruptura del orden constitucional.

La defensa de la “democracia” polarizó a la sociedad, las iglesias, las familias, las relaciones filiales y los medios de comunicación; en otras palabras el país se partió en dos facciones; la resistencia y los golpistas. De ahí que se puso en marcha una vez más toda la batería de los cuerpos represores del Estado reavivando la “Doctrina de Seguridad Nacional” en sus antiguas y nuevas modalidades, se llevó a la práctica lo que en terminología militar se denomina “tácticas contrainsurgentes”, entre ellas las torturas físicas y psicológicas.

Un sistema corrupto criminaliza la protesta social

Por ser un grupo que últimamente reciben tortura física y psicológica la solidaridad en la semana contra la tortura es evidente por parte de organizaciones defensoras de derechos humanos hacia  las y los estudiantes universitarios y de media.

Engels López Sánchez miembro del Movimiento Estudiantil Universitario (MEU) expresó que es difícil decir públicamente la problemática de la UNAH, sobre  lo que le pasa o le hacen a sus compañeros, hermanos, amigos, “es difícil”.

Exteriorizó su apoyo a sus camaradas de lucha judicializados, Cesario Padilla, Sergio Ulloa, Moisés Cáceres y Armando Velásquez, “son penalizados por un sistema corrupto”, denunció.

López se refirió a la influencia en la opinión pública y la manera en que la información ha sido mediatizada por algunos medios de comunicación describiéndolos como “vagos”, “vándalos”, “que no queremos clases”.

Por su parte, Lucia Saybe. también del MEU aclaró que la oposición que están haciendo las y los universitarios no es partidaria sino que las autoridades de la UNAH están utilizando esa “treta” para desacreditar al movimiento estudiantil.

“La única política que seguimos es la defensa de los derechos estudiantiles, por eso pueden encontrar una propuesta de diálogo consensuada, que no va desde arriba sino desde abajo y que la construcción parte de las y los estudiantes”, dijo la joven.

Señaló que uno de los planteamientos es la conformación de una mesa de construcción de políticas estudiantiles con la participación de representantes de todas las carreras existentes.

“El movimiento estudiantil está tan consolidado que no le importa perder el periodo académico si se logran los objetivos”, concluyó la estudiante.

Centenares de estudiantes asesinados

El derecho fundamental que se violenta en el país es el derecho a la vida, aunque la Constitución de la República cita en su artículo 65 que “el derecho a la vida es inviolable”;  seguido del artículo 66 que reza: “se prohíbe la pena de muerte”.

Pero entre el 2010 y mayo del 2014 fueron asesinados 383 estudiantes de secundaria, 205 sin determinar su colegio, 112 de educación superior y 65 de primaria, según el estudio liderado por Edy Tabora.

Mientras que en los últimos 10 años en Honduras murieron 4 mil 400 mujeres de forma violenta.

En los gobiernos que ha aumentado la tasa de homicidios es el gobierno de facto de Micheletti Bain entre julio 2009 – enero 2010,  un promedio de 63.86 por ciento; en el de Porfirio Lobo Sosa  de febrero 2010 a enero 2014 fue de 81.06 por ciento,

Según un estudio que la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), por sus siglas en inglés,  ha elaborado a partir de los datos de 2012.

Hasta el 2014 Honduras lideraba las estadísticas  con una tasa de 90.4 por ciento de homicidios por cada 100 mil  habitantes. Estas cifras no coinciden con las de la administración de Juan Orlando Hernández que  entre el 27 enero al 31 de diciembre de ese año la tasa fue de 83.90 pro ciento. 

Datos de interés:

Inclusión Social

El “Índice de Inclusión Social 2013” de la revista Americas Quarterly, creado en 2012, caracterizó a Honduras como país de extrema pobreza, de acceso limitado al empleo formal, con niveles bajos en puntajes de derechos civiles y políticos de la mujer, y con una baja percepción social de la eficacia del gobierno. El índice analizó la situación de 16 países, entre los cuales Honduras se ubicó en la penúltima posición. Además, los tres países más violentos de la región (Honduras, Guatemala y El Salvador), se posicionaron a la vez entre los menos incluyentes de la región en materia social.

Empleo

Después del Golpe de Estado hubo retrocesos en algunas conquistas como la aprobación de la Ley de Empleo por Hora que cercenó los derechos laborales reconocidos en el Código de Trabajo, y se impuso  en las relaciones laborales lo que se denomina “flexibilidad laboral”, entendida como “la libertad de las empresas de contratar y disponer de la fuerza de trabajo según sus intereses y necesidades”.

La eliminación de leyes laborales, que son uno de los obstáculos para la inversión y la puesta en marcha de los Tratados de Libre Comercio y el aprovechamiento de la necesidad de la gente con el programa “Chamba ahora” y el eslogan “Con chamba vivís mejor”, dejó al descubierto la trampa que los más beneficiados son los empresarios, ya que el Estado paga el 50 por ciento  del sueldo de los trabajadores o trabajadoras y la empresa privada se ahorra a costa del pueblo hondureño el otro 50 por ciento del lago de salarios.

Educación

La institucionalidad encargada de prestar los servicios de Educación Pública, son la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación y la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.

En Honduras se estima que la tasa de analfabetismo de personas mayores de 15 años es del 15. Por ciento, según el Instituto Nacional de Estadísticas, INE, el  21. Por ciento se encuentra  en las zonas rurales. La Tasa de Cobertura Escolar para niños y niñas entre los 6 y 11 años de edad es del 92.por ciento.

Sin embargo, más de 330 mil  niños y niñasen este rango, no se están escolarizados. Los más pobres de este sector continúan siendo  más excluidos, en particular el 53 por ciento están en las zonas rurales y no terminan la escuela primaria, debido a que ingresan al mercado laboral.

Salarios e índices de precio

En una sociedad donde el salario mínimopromedio es de 7,400; mientras que las proyecciones del Banco Central registran que el costo de la canasta alimenticia para diciembre 2014 era de 7,746.77 lempiras mensuales, un promedio de “249.89” lempiras diarios para un hogar de cinco personas.

La realidad es otra, los números son devastadores. En el país, de una población de 8.5 millones de habitantes, se estima que casi seis millones (5, 889,545) de personas son pobres.

Más impactante es aún saber que, de esos casi seis millones, un total de 4.2 millones (4, 213,746) están en situación de extrema pobreza y 1.6 millones viven en pobreza relativa, según los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE).

En la implementación de la Estrategia de Reducción de la Pobreza en Honduras se han destinado miles de millones de lempiras, pero eso poco o nada les sirve a los casi dos millones de personas (1,995,200) que tienen que vivir con menos de un dólar (22.7544 lempiras) al día.

El porcentaje de hogares que está en la pobreza es de 66.5%, de los cuales 20.5% viven en pobreza relativa y 46% en extrema.

La Organización Mundial del Trabajo (OIT, 2011) se refirió que desde un comienzo esta política (empleo por hora), se vio como un instrumento para resguardar a trabajadores que laboraban en instituciones donde el salario fuera muy bajo y no hubiera un mecanismo eficaz de negociación en tal sentido, la iniciativa fue aprobada bajo le norma del Empleo Temporal mediante el decreto 230-2010 con una duración de tres años que finalizó el 2013.

El Centro de Derechos de Mujeres (CDM) realizó un estudio del tema en el que refleja que con esta nueva forma de contratar a los empleados, el desempleo ha aumentado en un 15%.

En resumen según este informe los derechos humanos que se le violentan a la población hondureña son los derechos civiles y políticos de las mujeres, derecho al trabajo, derecho a la educación y derecho a la alimentación.