De acuerdo al CESPAD ambas leyes ceden los recursos naturales a las empresas nacionales y transnacionales, en el marco de un modelo extractivista excluyente que genera conflictos entre las comunidades y organizaciones ambientalistas con las compañías mineras e hidroeléctricas, por el daño ambiental y la violación de derechos humanos de las comunidades.
A continuación compartimos la alerta generada desde el Centro de Estudio para la Democracia -CESPAD-, sobre un tema al cual el gobierno debe prestarle atención, antes de que los conflictos socio-territoriales y ambientales dejen a su paso mayores crisis o desgracias, como las que hasta ahora registra la historia de Honduras.
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