No descartan que existen dentro de las mismas dos tendencias: positivas y negativas, sin embargo, otras son regresiones a las libertades.

Señaló  que tiene intrínsecamente la flexibilización de atenuar la responsabilidad de los funcionarios públicos de dos maneras: bajando las penas y la segunda es la emisión de condiciones que los favorecen. 

Sostuvo que esto deja en entredicho el combate a la corrupción del que tanto ha alardeado el actual gobierno. La otra tendencia es el autoritarismo del Código en mención,  que trae consigo la criminalización de la protesta social, tipificada en los delitos contra el orden público, la constitución, entre otras, cuya intención trae como consecuencias limitar, restringir e impedir que la ciudadanía tome los espacios públicos, por ende, evitar que la sociedad civil y los movimientos sociales puedan organizarse y movilizarse para desarrollar cualquier tipo de protesta. 

Los apartados que utilizará el marco jurídico para detener el avance del movimiento social son las manifestaciones ilícitas, reunión ilícita, la obstrucción de la vía pública, la retención de funcionarios, ya que puede ser calificado como secuestro, la ocupación de determinados espacios para hacer peticiones, de esa manera obligar a que la autoridad se pronuncie de una u otra forma. El actual código penal no tenía esa clasificación. 

“Quieren tener control sobre los movimientos sociales y sobre la protesta social, hay un ingrediente de seguridad nacional y política criminal donde el actual gobierno ubica a los sectores sociales como parte de sus oponentes en el campo político y los quiere neutralizar a través de la Ley Penal” aseguró López. 

Existe un número de artículos establecidos en la nueva legislación que son incompatibles con la Constitución, la Convención Americana de Derechos Humanos y con la jurisprudencia que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, (CIDH),  y han venido aplicándolos en los últimos años. 

Ejemplificó que los delitos de desaparición forzada y tortura no contienen los elementos que establece la CIDH, en tanto que se insiste en penalizar conductas sobre las que hay rechazo de parte de los y las hondureñas, como es el delito del aborto. 

A pesar de la situación de las mujeres en el país, se esfumó la posibilidad de un aborto si las mujeres así lo desean, pisoteando los derechos sexuales y reproductivos que deberían tener. Los delitos sexuales no están siendo discutidos inclinándose hacia la represión generalizada. 

Si se habla de la libertad de expresión se penalizan nuevamente los delitos contra el honor, es decir, los de injurias y calumnias, que deberían tener una salida de carácter administrativa o civil, como lo aconsejó la Comisión Interamericna de Derechos Humanos. Esta despenalización es la tendencia en pleno siglo XXI de algunos países de Latinoamérica y los más avanzados, especialmente los europeos. 

Artimañas legislativas 

Por su parte Grecia Lozano,  abogada del Centro de Estudios de la Mujer, (CDM) habló que desde el año 2015 junto a otras organizaciones vienen realizando un esfuerzo por elaborar un anteproyecto de “Ley integral contra las violencias hacia las mujeres”, en ese marco tuvieron conocimiento de la discusión de un nuevo Código Penal, considerando que la ley que ellas estaban promoviendo debía ir armonizada con la nueva normativa; es por eso que comenzaron a participar en el análisis de la misma.

Fue allí que se dieron cuenta que era lesivo a los  derechos fundamentales de las mujeres, preocupándose de la tipificación  de los delitos que les atañen, después de algunos meses conformaron la “Plataforma Somos Muchas”,  integrada por 23 organizaciones de mujeres y feministas a nivel nacional que luego se incorporaron al trabajo. 

Emprendieron la lucha por la despenalización del aborto por tres causales que son por violación, riesgo de la vida de la mujer y malformaciones genéticas, lo que llaman “Aborto Terapéutico”. 

Los legisladores mantuvieron a las feministas alertas, pero en un abrir y cerrar de ojos sin discutir el tema en el pleno, la Comisión de dictamen les dijo que presentarían el apartado como lo propusieron las mujeres, pero a la hora de la hora sin argumentar “metieron a último momento el aborto penalizado con la forma del actual Código”,  indicó la profesional del derecho. 

Calificó como “irresponsabilidad” por parte del Estado por no dar la oportunidad del debate, pero que a la larga les costará caro a las miles de mujeres que están sufriendo violencia sexual, a las miles de “niñas que están pariendo” en los hospitales producto de violación y a largo plazo será una consecuencia nefasta para el país, además, del costo político, económico y social. 

Para la joven abogada los únicos  que tienen en las manos el poder de cambiar las cosas son los llamados “padres y madres de la patria”. 

Víctimas encarceladas 

El primer paso para atender el tema fue convencer a algunas organizaciones del impacto que generaría el nuevo Código, de manera que si no se le pone cuidado puede regir el “destino de la nación de manera coercitiva” durante los próximos 40 años,  indicó Jesica Sánchez del Grupo Sociedad Civil. 

Lograron reunirse en la “Articulación 611” para apostarle a un Código Penal desde la perspectiva de género, indígena y afro descendiente, con la conformación de todos los sectores de la Sociedad Civil. 

En este momento todas las organizaciones vieron a bien sentarse para unirse con sus diferencias, pero con objetivos comunes. 

Una de los ganancias discutiendo del tema de mujeres fue “el capítulo de violencia de género” debido a una propuesta del movimiento feminista y de mujeres, en donde el delito de femicidio fue presentado tal como lo plantearon; admitió que si existen algunas falencias como son los delitos de género que no tienen penas muy altas, lo que significa que “los tipos por violencia doméstica salgan a matar a las mujeres”. 

Sánchez hizo una relación de la brutalidad misógina de los hombres que golpean a las mujeres que salieron sus fotografías por los medios de comunicación con los hechos alimentados por la “impunidad”, agregó que de nada sirve tener un buen Código, si las leyes no se aplican, no sirve de nada. 

Es responsabilidad del Estado garantizar la integridad física de las mujeres, pero en el país se experimenta vivir en una profunda “sociedad misógina”, reflejada en el aumento de la violencia sexual y en las masacres selectivas de damas, afirmó Sánchez. 

“Hay una necesidad de desahogar la cólera y la frustración en los cuerpos de las mujeres, no les importa porque saben que habrá una pena mínima y no pasa nada, hasta cuándo nosotras vamos a seguir poniendo los cuerpos y las vidas para sostener a una sociedad con tanto odio hacia nosotras” exclamó la feminista.

Algo peligroso en este nuevo Código cita que “quien causare daño al feto”, lo que causó preocupación entre las mujeres del área rural, a las que les toca halar agua desde largas distancias, cargar leña o simplemente si su cónyuge la empuja y daña al feto, entonces, éstas irán a la cárcel”. 

“Quienes van a ir a la cárcel son nuestras mujeres más propensas a caerse o golpearse en estado de embarazo”, se refirió a una sociedad que además de violentarlas las reprime y ahora las encarcelará. 

Número uno en femicidios 

Según informe de la SEPAL Honduras es uno de los países con índices más altos en femicidios: La violencia contra las mujeres dejó un saldo de 410 víctimas en el 2011, de estas muertes el grupo de edad más afectado absorbe un 64 por ciento  de los casos con 265 víctimas que tenían entre 15 y 44 años; aunque el rango de edad más perjudicado se ubica entre los 20 y 24 años con 64 víctimas (15.6%). 

En 2011, se evaluaron a 3 mil 146 víctimas de delitos sexuales en la Dirección General de Medicina Forense, de las cuales 2,811 corresponden al sexo femenino (89.4%) entre ellas, las más afectadas son niñas entre los 10 y 14 años con 1,204 casos. 

Se atendieron a 2,316 adolescentes y mujeres porque presentaron signos del síndrome de mujer agredida (violencia contra la mujer), en este análisis se observa con preocupación que las adolescentes desde los 13 años comienzan a sufrir este fenómeno, aunque el rango de edad más afectado se ubica entre los 20 y 29 años con un acumulado de 1,060 víctimas que representan el 45.8% de los casos reportados. 

En 2010, la prensa escrita reportó un total de 353 muertes violentas de mujeres por homicidios, concentrándose la mayor cantidad en las edades entre los 15 y 44 años, representando el 72.por ciento  de los casos. La mayor cantidad de muertes violentas ocurrieron en mujeres jóvenes entre los 20 y 24 años con 62 casos, seguidas de mujeres entre los 30 y 34 años con 52 casos. Un total de 15 menores entre 0 y 14 años (4.2 por ciento)  fallecieron de igual manera. 

Las agresiones a la integridad personal tienen la misma dinámica de años anteriores, las lesiones interpersonales representan el 68.3%, seguido de los delitos sexuales con 3,177 casos que representan el 19.2%, con un aumento de 2.4% en relación al 2009. La mujer agredida representa el 4.7% de las solicitudes a Medicina Forense lo que equivale a 773 casos, y 231 menores de edad fueron evaluados por maltrato. 

En los últimos tres años el país ha ocupado el lugar número uno en femicidios de América latina, sin dejar a un lado la violencia sexual y los embarazos en adolescentes. 

Las iglesias 

El fundamentalismo de las cúpulas conservadoras de la iglesia Católica y Evangélica han jugado un papel importante en la no despenalización del aborto. 

Los sectores de extrema derecha religiosa se volvieron en represores de las mujeres, utilizando la fe para instrumentalizar el sometimiento sobre ellas, en donde les enseñan que el cuerpo no les pertenece sino al esposo, a la iglesia y al Estado, debido al poco contraste entre la espiritualidad que todo ser humano o humana posee desde una perspectiva de derechos. 

En otras palabras el nuevo Código Penal mantendrá en las sombras los derechos de las mujeres, finalizó la feminista.