La más reciente declaración del estado de emergencia, fue la emitida mediante decreto PCM 036-2015, con el que se entregaron bonos y bolsas de alimentos, como medidas compensatorias que no atacan el problema de fondo en los municipios afectados. A ese decreto le anteceden leyes como la de Desarrollo y Modernización del sector agrícola, la política de Estado para el Sector Agroalimentario y el medio rural de Honduras, al igual que la aprobación de tratados comerciales con Estados Unidos (CAFTA-RD) y la Unión Europea.

Sin embargo, los marcos normativos (aprobados en diversos gobiernos), no han contribuido a garantizar la seguridad alimentaria, soberanía alimentaria y erradicar la pobreza en los municipios afectados por la sequía.

Hacia una propuesta inclusiva y con base en las necesidades reales de los pequeños campesinos

En medio del contexto anterior, la Agencia Católica Irlandesa para el Desarrollo –TROCAIRE-, conjuntamente con el Centro de Estudio para la Democracia –CESPAD-, implementarán en la zona el proyecto “Promoción y defensa del territorio e incidencia para el derecho a la alimentación en Honduras”. El proyecto, que tiene como objetivo fortalecer la voz y la capacidad de propuesta de política pública y que beneficiará a pequeños productores agrícolas, hombres y mujeres, se desarrollará en Choluteca, Valle, La Paz e Intibucá y en 2 municipios por departamento, haciendo un total de 8.

Los municipios y poblaciones de intervención del proyecto son Camasca, San Francisco De Opalapa, San José, Opatoro, Langue, Aramecina, Namasigue y Orocuina. Estas son zonas en donde se localizan familias y unidades de la economía campesina de pequeña escala, en situación de extrema vulnerabilidad: inseguridad alimentaria y nutricional, falta de soberanía alimentaria y deterioro de sus medios de vida. Las poblaciones de esta región enfrentan largos períodos de sequía y breves temporadas lluviosas que provocan inundaciones y pérdidas en cultivos e infraestructura y que ponen en riesgo la vida de la población infantil, mujeres, hombres y adultos mayores.

Los resultados del proyecto de intervención

El eje central de esta iniciativa será la formulación de una propuesta de política pública para el corredor seco que registre las demandas e intereses de las organizaciones de la economía de pequeña escala.

En una primera fase, se hará el análisis de los programas y proyectos que desde el gobierno se están implementando y su relación con el marco jurídico nacional e internacional. Asimismo, se verificará si el enfoque de derechos está presente. Este aspecto aportará conocimiento e información clave a los actores territoriales y será una herramienta para sensibilizar a los tomadores de decisión en el nivel nacional.

La segunda fase del proyecto se focalizará en los departamentos meta, con la participación activa de los actores sociales afectados en los municipios de intervención. En esta etapa se analizarán las miradas y perspectivas de los actores de estos municipios, en relación con el impacto de la sequía y la falta de soberanía y seguridad alimentaria en las condiciones de vida de la población en general, pero particularmente en la vida de las mujeres e indígenas de estos departamentos.

En una tercera etapa se revisarán las propuestas que han planteado diferente organizaciones en la sociedad civil y movimientos sociales para tratar el tema de seguridad alimentaria y soberanía alimentaria, acceso a la tierra, crédito y otros elementos. Buscando indagar dónde están radicando los bloqueos para que estas propuestas no se hayan elevado al rango de políticas públicas.

Finalmente y no menos importante, se diseñará una ruta para la incidencia de la propuesta de política pública para el corredor seco, que será participativa y permitirá definir las acciones pertinentes para incidir ante los tomadores de decisiones.