Año tras año, los pobladores del corredor seco, que incluye, entre varios departamentos más, Choluteca, Valle, Francisco Morazán, El Paraíso, Intibucá y La Paz, sufren las pérdidas de sus cultivos por ubicarse en las regiones más afectadas por la sequía en el país, pero también por la ausencia de apoyo gubernamental efectivo y la implementación de políticas públicas asistencialistas que a la fecha no han dado resultados satisfactorios.

En ese sentido, y en el marco del proyecto Promoción y Defensa del Territorio e Incidencia para el Derecho a la Alimentación en Honduras, que ejecuta en la zona la Agencia Católica Irlandesa para el Desarrollo –TROCAIRE-, conjuntamente con el Centro de Estudio para la Democracia –CESPAD-, los pobladores de la zona hicieron un diagnóstico de la realidad, sustraído de sus propias vivencias y de las difíciles situaciones que han enfrentado durante décadas.

El proyecto, que tiene como objetivo fortalecer la voz y la capacidad de propuesta de políticas públicas, con base en la mirada y valoración de las comunidades afectadas, beneficiará a pequeños productores agrícolas, hombres y mujeres de 8 municipiospertenecientes a los departamentos de Choluteca, Valle, La Paz e Intibucá.

Sequía, primer enemigo de los habitantes del corredor seco

Los habitantes del corredor seco son fuertemente golpeados por los efectos provocados por los fenómenos del niño y la  niña, ya que las altas temperaturas y las inundaciones tienen impacto directo en la pérdida de sus cosechas.

El  problema de la sequía se ha ido profundizando con el paso del tiempo. Para el caso,  destacaron, en la década de los 80 existía un manejo racional del bosque, que permitía abundancia de agua en los ríos y aunque se registraban efectos fuertes por el cambio climático, no se generaban episodios  severos de sequía que perjudicarán la producción de alimentos.

Las comunidades consultadas identificaron que la situación se comenzó a agravar a finales de los años 90, tras el paso del huracán Mitch y por la puesta en marcha de las políticas de ajuste estructural, dentro de ellas la Ley de Modernización Agrícola,  que impactaron negativamente en la vida de  los campesinos, ya que desde ese momento se dejó de financiar la agricultura.

Concesión de recursos naturales, tenencia de la tierra y falta de asistencia técnica, agudizan crisis

Las consecuencias del cambio climático no representan el único problema entre las comunidades del corredor seco. Los resultados de la aplicación de políticas públicas de  corte extractivista, significan un segundo gran problema y que se refleja en la concesión de recursos naturales para la  instalación de empresas extractivas (electricidad, hidroeléctrica, minería, agroindustria) que retienen grandes cantidades de agua y desplazan a los habitantes de sus territorios.

Los pobladores, particularmente de los departamentos del sur de Honduras, hicieron mención al hecho de que los proyectos extractivos (minas e hidroeléctricas) que operan en la zona, utilizan y retienen grandes cantidades de agua que han generado que ríos como el Choluteca y el de Valle se sequen. Si bien reconocen que el problema comienza con la falta de lluvias para aumentar el caudal de sus afluentes, sostienen que la instalación de empresas extractivas en la región, agudiza la situación.

Otro  problema identificado es la tenencia de la tierra. En siete de los ocho municipios se afirmó que uno de las situaciones que genera baja productividad y escasez de alimentos, es la falta de acceso a tierra por parte de los campesinos y las campesinas, debido al acaparamiento de terratenientes locales y las grandes empresas. En los municipios de Langue, Namasigue, Aramecina, Camascaca, en el departamento de Valle,se estima que más del 70por ciento  de los campesinos pagan precios elevados por el alquiler de tierra.

En el caso de los municipios de Opatoro y Opalaca (departamento de Intibucá), los campesinos organizados han llevado a cabo procesos de recuperación de tierras, unos, mientras que otros, aunque cuentan con títulos ancestrales, enfrentan dificultades para legalizar sus tierras y por consiguiente acceso a créditos agrícolas.

Sin embargo, a este problema se le suma la necesidad de recibir asistencia técnica. Ambas situaciones dejan como consecuencia baja productividad y la pérdida de sus cultivos, acrecentada con la ausencia de apoyo por parte de las instituciones del gobierno, en otras palabras, dicen, el abandono total.

Las acciones desde los Gobiernos

En los ochos municipios, los pobladores concluyen que los gobiernos, con sus políticas de corte asistencialista, por un lado, y, por otro, favorables al gran capital nacional e internacional, no han abonado a darle respuesta a los problemas de la inseguridad alimentaria que viven, y en la mayoría de los casos se profundizan las brechas de la desigualdad.

Pese a los múltiples problemas que enfrentan, los habitantes del Corredor Seco no son asistidos técnica ni financieramente por el gobierno, pero sí sonconsiderados población meta para la aplicación de políticas asistencialistas, que lamentablemente también son politizadas.

Desde el gobierno central y los gobiernos locales no existe una estrategia para afrontar los problemas de sequía y alimentación y lo que hasta el momento se les ha dado como respuesta es la transferencia condicionada de alimentos, mediante la bolsa solidaria, bono diez mil, bono tecnológico y semilla transgénica.