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Contexto

Crítica situación de derechos humanos en Honduras encuentra la Red alemana HondurasDelegation

Posted On Domingo, 11 Diciembre 2016 23:26 Written by

Desalojos forzados de comunidades indígenas y negras para satisfacer a empresas multinacionales; difamación sistemática de periodistas, defensoras y defensores de derechos humanos ; campañas de difamación contra organizaciones e individuos con un ambiente hostil y de miedo y la represalia contra defensores internacionales, son parte de las conclusiones del Informe preliminar de HondurasDelegation, una organización alemana solidaria con Honduras que realizó observación de derechos humanos desde el 21 de noviembre al  08 de diciembre de 2016.

Esta Red solidaria con Honduras está compuesta por más de 30 personas entre ellas Periodistas, representantes de ONG´s independientes e iniciativas en Alemania y Austria. Esta sería su quinta visita al país, anteriormente lo han hecho con  el golpe de Estado, la situación del Aguán y el proceso electoral de 2010.

Los encuentros con organizaciones de distintos puntos del país y verificación en las zonas ayudó a la delegación alemana a darse cuenta de la situación crítica en que se encuentra los derechos humanos en Honduras.

El informe contempla además exigencias para el Estado de Honduras y hacia la comunidad internacional entre las que destacan , la plena aplicación del Convenio 169 ; cumplimiento pleno de las medidas de protección otorgadas por la CIDH; Hacer cumplir la reciente Ley de Protección para los Defensores  y defensoras de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia.

También demandaron el cese inminente de la persecución contra las comunidades organizadas que buscan a través de acciones de recuperación territorial, garantizar su existencia.

Asimismo no aprobar el Artículo 20 del nuevo Código Penal, a través del cual se crea la figura del delito de “usurpación de aguas”, que considera a comunidades y personas defensoras de los ríos como criminales.

“Permitir e instaurar una comisión internacional independiente que investigue el asesinato de Berta Cáceres con el fin de encontrar y castigar los responsables intelectuales del asesinato”, destaca el informe.

A la comunidad internacional le exigieron detener las inversiones extranjeras que causan violaciones de Derechos Humanos, destruyen el medio ambiente e ignoran convenios internacionales y no  financiar instituciones del Estado hondureño que tienen un largo antecedente de negligencia e impunidad, entre otras.

Una de las integrantes del grupo dijo que “ una cosa que me impactó es la realidad que vive la gente, y los defensoras y defensoras de derechos humanos conj una situación que impacto a sus familiares y su impacto social, pero tienen una fuerza de seguir, defendiendo sus territorios, es algo impresionante en medio de esas intimidaciones”

Adelantó que van  a publicar artículos sobre la situación que vive la sociedad hondureña en especial las organizaciones  indígenas y los defensores de derechos humanos.

Al consultársele qué le dirían a la sociedad alemana sobre esta gira, contestó que “quisiéramos hacerles ver a la comunidad alemana las relaciones entre la unión Europea y Centroamérica, el acuerdo de asociación, ADA, afecta a los pueblos, nosotros tenemos una buena vida pero hay deterioro de la situación aquí”

Agregó que después de l asesinatos de Bertha Cáceres se ha agravado la situación de los derechos humanos en Honduras, , los espacios se han reducido y se están reduciendo cada vez más

A su criterio se estadan aprobando leyes que afectan los a los defensores de derechos humanos y una concentración del poder enorme

Desde marzo a abril  de este año los observadores  internacionales de derechos humanos no son bien vistos aquí m “esos nos preocupa porque es necesario seguir haciendo observación de derechos humanos”

Este es el contenido del Informe Preliminar:

Informe preliminar de la Red Solidaria Europea de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos:

 2016 Del 21 de noviembre al 8 de diciembre se realizó una delegación de la Red solidaria independiente europea “HondurasDelegation”.

La Red se formó un año después del golpe de Estado de 2009. La 5º misión de la HondurasDelegation se ha enfocado especialmente en los impactos de la economía neoliberal global hacia las comunidades indígenas y movimientos sociales.

El objetivo de este informe es difundir la situación de los Derechos Humanos de Honduras en diferentes medios de comunicación y presentarlo ante el Parlamento Europeo y otros organismos nacionales e internacionales.

Visitamos en la zona central y norte del país alrededor de 18 diferentes organizaciones, como por ejemplo Casa Alianza, Asociación ARCOIRIS, COFADEH (Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Honduras), para conocer la coyuntura político social actual y los desafíos que enfrentan.

 En el transcurso del viaje nos reunimos en el departamento de Colón con comunidades Garífunas organizadas en OFRANEH, comunidades Tolupanes del departamento de Yoro coordinadas con MADJ (Movimiento Amplio Dignidad y Justicia) y comunidades Lencas de la organización COPINH (Consejo Cívico de Organizaciones Indígenas y Populares de Honduras), en el departamento de Intibucá.

En nuestra visita hemos identificado dos constantes que afectan a la mayor parte de las organizaciones que visitamos y que traen como consecuencia la reducción de espacios para los actores de articulación político social.

 • Impactos locales de la economía neoliberal global a través de inversiones de capital multinacional.

Los casos más emblemáticos que enfrentan las comunidades visitadas en la Bahía Trujillo, son las inversiones turístico-residenciales (mayoría de capital Canadiense), la instalación de una refinería de petróleo en territorios Garífunas y la implementación de ZEDE (Zonas de Empleo y Desarrollo Económico), mejor conocidas como “ciudades modelo”.

El impacto directo que causan estos proyectos es la usurpación de las tierras comunales del pueblo Garífuna, que significa el desalojo forzado y la desaparición de sus comunidades.

 En el departamento de Yoro, las comunidades Tolupanes de la tribu de San Francisco de Locomapa sufren las consecuencias de la explotación ilegal de sus bosques por empresas madereras y la extracción clandestina de yacimientos de Antimonio por empresarios mineros. Por el hecho de oponerse a estas prácticas 17 indígenas tolupanes han sido asesinados.

La construcción de la hidroeléctrica Agua Zarca por la empresa DESA (Desarrollo Energéticos s.a.) eliminaría las tierras fértiles y restringiría el acceso al río amenazando la supervivencia de las comunidades de Rio Blanco.

 El proyecto está financiado por el FMO (Banco holandés de desarrollo), la Institución financiera finlandesa FINNFUND y el BCIE (Banco Centroamericano de Integración Económica). Voith-Hydro, la empresa alemana cuyo mayor accionista es Siemens, entregará las turbinas al proyecto. La imposición de Agua Zarca sin una consulta previa, libre e informada, ha roto el tejido social de las comunidades, incrementando los niveles de violencia por parte de policía, militares, seguridad privada y sicarios.

Las comunidades afectadas que se oponen al proyecto han sufrido persecución, intentos de asesinato, amenazas de muerte contra lxs defensorxs y sus familias. Varios Lencas como el líder indígena Tomas García (2013) y la coordinadora de COPINH Berta Cáceres (2016) fueron asesinadxs. La mayoría de estos actos han quedado impunes.

• Difamación sistemática y criminalización de periodistas y defensorxs de Derechos Humanos.

Representantes de las organizaciones visitadas nos revelaron la constante intimidación y criminalización por su trabajo. Por tal razón corren graves riesgos que afectan a su vida diaria por su desempeño público en la defensa de los Derechos Humanos.

Muchos de ellos se ven obligados a vivir escondidos, cambiar de residencia periódicamente, alternar las rutas de desplazamiento cotidianas debido a secuestros, robos selectivos a sus oficinas, atentados directos y torturas.

 Se genera un ambiente hostil y miedo a expresarse libremente en público. Diferentes medios de comunicación y declaraciones de funcionarios del gobierno han sido participes de campañas de difamación contra organizaciones e individuos.

Tomamos testimonio de la criminalización contra comunidades Indígenas y Garifunas que participan en procesos de recuperación y defensa de su territorio ancestral. Durante el recorrido hemos contemplado una sociedad civil organizada, comprometida con la población vulnerable en la lucha y en la construcción por una sociedad justa, democrática, abierta y transparente.

Compartimos su perspectiva de una sociedad plural inclusiva donde todos los actores de la sociedad civil actúen y se expresen libremente; una sociedad libre de violencia que convive en interculturalidad, que cultiva el diálogo, espacios creativos y abiertos.

Por ese motivo exigimos al Estado Hondureño:

• La plena aplicación del Convenio 169 de la OIT que honduras ratificó en 1995, tomando en cuenta las propuestas de las comunidades indígenas respecto a su reconocimiento sobre los títulos ancestrales y el respeto incondicional a la autonomía que conduce a una economía sustentable, desde la cosmovisión y propio concepto de desarrollo de las comunidades indígenas y Garífunas.

 • Parar la constante difamación y criminalización por parte de instituciones y funcionarios del Estado contra el movimiento social y pueblos originarios por el motivo de defender sus derechos. Cese inminente de la persecución contra las comunidades organizadas que buscan a través de acciones de recuperación territorial, garantizar su existencia.

 • Cumplimiento pleno de las medidas de protección otorgadas por la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) para defensoras y defensores de Derechos Humanos en consenso y según las necesidades especificas de las personas a quienes se les otorgaron las medidas.

• Hacer cumplir la reciente Ley de Protección para lxs Defensorxs de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadorxs Sociales y Operadorxs de Justicia (2015).

• No aprobar el Artículo 20 del nuevo Código Penal, a través del cual se crea la figura del delito de “usurpación de aguas”, que considera a comunidades y personas defensoras de los ríos como criminales.

• Permitir e instaurar una comisión internacional independiente que investigue el asesinato de Berta Cáceres con el fin de encontrar y castigar los responsables intelectuales del asesinato.

Además exigimos a los organismos internacionales:

 • Detener las inversiones extranjeras que causan violaciones de Derechos Humanos, destruyen el medio ambiente e ignoran convenios internacionales.

• Cuestionar la cooperación internacional en favor de una política coherente con el respeto a los Derechos Humanos por parte de la Unión Europea.

• No financiar instituciones del Estado hondureño que tienen un largo antecedente de negligencia e impunidad. Como por ejemplo el programa “EUROJUSTICIA” de la Unión Europea, el cual otorga grandes cantidades de dinero a un sistema de justicia altamente controvertido.

 • Crear espacios y fomentar diálogos ínter-institucionales en todo el país, entre sectores gubernamentales y la sociedad civil hondureña. Agradecemos profundamente a todas las organizaciones y comunidades que nos han recibido y acogido en nuestro recorrido.

HondurasDelegation Tegucigalpa (Honduras) 9 de diciembre 2016

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El medio surge para ayudar a los periodistas, trabajadores de los medios de comunicación y los grupos vulnerables de Honduras (jóvenes, mujeres, indígenas y personas LGBTI) a ejercer su libertad de expresión y documentar los abusos de derechos humanos.

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