“Lo que vemos es la politización electoral  del tema de seguridad y del delito como bandera para hacer campaña y ganar las elecciones. Por ello, no es extraño que de manera recurrente  se nos hable de reformas penales, de aumento de penas, de centros penales de máxima seguridad, de redadas masivas de “delincuentes”,  especialmente en esta coyuntura electoral”, destaca el comunicado.

La Articulación 611 está conformada por más de 40 organizaciones de sociedad civil que se han juntado para hacerle frente a la pretensión del actual gobierno de aprobar cambios en el Código Penal que vendrán a hacer más difícil el acceso a la justicia y violentará los derechos humanos de toda la sociedad hondureña.

Esta red de organizaciones le llamó populismo punitivo a la propuesta de Juan Orlando Hernández enviada al Congreso Nacional para que se apruebe el paquete de reformas . Ante este negro panorama plantearon  que al momento de discutir la reforma penal en el Congreso Nacional se abra un espacio para el debate con las organizaciones de derechos humanos y con todos los espacios de sociedad civil, académicos y analistas interesados en el tema.

En un anteproyecto de decreto que Hernández envió al parlamento incluye cambios a la legislación penal que laceran gravemente los derechos humanos, violentan la jurisdicción de los jueces y sobredimensiona el papel de los órganos de seguridad bajo su mando.

La propuesta va encaminada a reformar ocho leyes: El Código Penal;  Ley Contra el Financiamiento del Terrorismo; el Código Procesal Penal;  la  Ley de Inteligencia Nacional;  Ley de Limitación de Servicios de Telecomunicaciones en Centros Penitenciarios, Granjas Penales y Centros de Internamiento de Niños y Niñas a Nivel Nacional; Ley Especial sobre Intervenciones de las Comunicaciones Privadas;  Ley de Recompensas; y la  Ley del Sistema Penitenciario Nacional.

Entre los cambios figura la creación de un Centro Nacional de Información cuyas funciones antes de su puesta en marcha serán asumidas por  la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia que “tendrá acceso a las bases de datos de las entidades que administran información de interés para la seguridad y la defensa nacional, incluyéndose el acceso presencial o remoto en tiempo real a los sistemas de video vigilancia derivados del Programa "Ciudad Segura". (Lea al final de esta noticia las reformas íntegras propuestas por JOH)

Este es el comunicado difundido en conferencia de prensa este 18 de enero de 2017:

Populismo punitivo  y proyecto continuista del actual régimen

La Coalición contra la Impunidad, ante la inminente reforma de carácter penal que impulsan las fuerzas oficialistas, ante la opinión pública nacional e internacional expresa:

1.      Vivimos tiempos de populismo en el sentido general del término, es decir, de propuestas que manipulan las emociones de las personas con el fin de obtener apoyos y beneficios electorales. Para el caso, se nos dice que estamos en el gobierno de “la vida mejor”, y que “con chamba vivís mejor”. En fin, promesas y más promesas, que ante la dura realidad han demostrado su ineficacia para satisfacer las necesidades  de la población que, en nuestro país vive mayoritariamente bajo la línea de la pobreza.

2.      Este populismo de raíz fraudulenta por su incapacidad para cumplir con sus promesas y de provocar cambios reales, va de la mano con el populismo punitivo que propone respuestas rápidas y contundentes a los problemas de seguridad. Se trata de una lucha frontal contra la criminalidad nos dicen los apologistas del régimen, pero en el fondo, lo que vemos es la politización electoral  del tema de seguridad y del delito como bandera para hacer campaña y ganar las elecciones. Por ello, no es extraño que de manera recurrente  se nos hable de reformas penales, de aumento de penas, de centros penales de máxima seguridad, de redadas masivas de “delincuentes”,  etc., especialmente en esta coyuntura electoral.

3.      Esta forma de populismo punitivo es la perversión de la política, y es en este contexto donde debemos ver el reciente paquete de reformas penales que JOH ha enviado al Congreso Nacional,  con el cual se propone cambiar, por adición, tipos penales como el de terrorismo y el de extorsión. Desafortunadamente, estas supuestas buenas intenciones no se corresponden con el mejoramiento de los órganos del sistema de justicia penal, que continúan funcionando ineficientemente: una policía corrupta, falta de independencia del Poder Judicial y un Ministerio Público atado a los designios del titular del ejecutivo.

4.      Pero el asunto no queda ahí, resulta que la reforma penal amenaza con una persecución que a la postre puede provocar no solo el aumento de la población carcelaria, si no que las mismas pueden ser aplicadas de forma indiscriminada y precipitada. Por ejemplo,  el delito de extorsión puede ser ampliado en sus elementos típicos a una simple amenaza, sin que se exijan actos de consumación, siendo previsible que en más de un caso se persiga o procesen a personas por cuestiones de animadversión o por testimonios de supuestas víctimas que no puedan ser corroborados o que no resulten verosímiles al momento del juicio.

5.      En esta misma línea, es altamente preocupante e irresponsable que se pretenda adicionar un nuevo tipo penal de Terrorismo, que supuestamente atacaría aquellas conductas o “actos que infundan temor en la población”. Esta nueva tipificación, de concretarse, es contraria a la doctrina que exige en estos delitos una motivación o finalidad  política. Sin descartar el riesgo que puede suponer si se aprueba de esta manera,  por su eventual utilización en la criminalización de la protesta social, con el agravante de las penas desproporcionadas de este delito que superan los 40 años de reclusión.

6.      Cuestión aparte, y totalmente fuera de toda lógica racional, es que se pretenda con esta reforma  adicionar una nueva causa de inculpabilidad, esta vez para exculpar a los integrantes de los cuerpos policiales y militares de responsabilidad penal cuando causen lesiones o muerte en el ejercicio de sus funciones, lo que acarrearía con seguridad mayores violaciones de derechos humanos y mayor riesgo para las acciones de defensores y defensoras de DD HH.

7.      Si bien, el proyecto de decreto de reformas penales abarca otros temas de carácter penitenciario y traería como consecuencia que la prueba testifical vaya desapareciendo en los juicios orales y públicos, consideramos que lo expuesto nos permite valorar en todo su alcance el impacto negativo que para los derechos  y libertades puede traer de aprobarse según lo proyectado.

Por ello, desde la Coalición contra la Impunidad, exigimos respecto a esta reforma lo siguiente:

I.      Que al momento de discutir la reforma penal en el Congreso Nacional se abra un espacio para el debate con las organizaciones de derechos humanos y con todos los espacios de sociedad civil, académicos y analistas interesados en el tema.

II.     Que la reforma penal respete y se circunscriba a los elementos típicos indispensables tanto para el delito de extorsión como para el de terrorismo, cuidando de que no se legislen  figuras penales ambiguas o abiertas.

III.    Que se descarten de este decreto aquellas reformas que produzcan un retroceso para el carácter garantista del proceso penal, y que finalmente lo aprobado no vaya a limitar derechos y libertades de las personas.

IV.     Despojar a esta reforma del carácter de populismo punitivo que pretende el régimen continuista de Juan Orlando Hernández.

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Lea la propuesta de reformas al Código Penal enviada por JOH al Parlamento hondureño Aquí