Alerta: Paquete de reformas al Código Penal restringen derechos de la población
Alerta emiten las organizaciones que pertenecen a la Articulación 611, con el paquete de reformas legislativas que envío para su aprobación, a inicios del mes de enero del 2017, el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional. El paquete, que contiene reformas relacionadas con el Código Penal, El Código Procesal Penal, la Ley Contra el Financiamiento del Terrorismo, la Ley de Limitación de Servicios de Telecomunicaciones en Centros Penitenciarios, Granjas Penales y la Ley del Sistema Penitenciario Nacional, entre otras leyes, se plantea luego de haberse detenido, desde noviembre del año anterior, la discusión integral de reformas al Código Penal, un aspecto que llama la atención de la articulación 611, la que considera que las propuestas de reformas:
- contienen elementos de carácter conceptual que ameritan su revisión, pues define delitos que podrían restringir derechos y libertades de la población, como el derecho a la protesta social.
- contiene reformas que fortalecen las potestades de la institución policial y del Ministerio Público, y disminuyen las facultades o atribuciones de jueces y magistrados.
- lleva como trasfondo la politización electoral del tema de seguridad y del delito como bandera del actual gobierno de Juan Orlando Hernández, para hacer campaña y ganar la reelecciones.
La Articulación 611, integrada por más de 40 organizaciones de sociedad civil, considera que con la propuesta, el Poder Ejecutivo hace uso de la figura que denominan Populismo Punitivo (emisión de promesas y toma de decisiones que hacen percibir entre la población que aumentando penas y estableciendo nuevos delitos se va a resolver el problema de la inseguridad). Con el Populismo Punitivo, advierte la Articulación, el gobierno busca fortalecer sus mecanismos de políticas de seguridad para fortalecer, a la vez, laplataformapara su reelección, a través de la generación de un mayor respaldo dentro de la población.
Las organizaciones de sociedad civil sostienen que muchas de las reformas harán más difícil el acceso a la justicia y violentará derechos humanos de la sociedad, como el derecho a la manifestación pública, el que vinculan con la reforma que sufrirá el delito de Terrorismo, pues conlleva tipificaciones que no respetan los elementos que lo constituyen como tal: la motivación o finalidad de carácter político, la determinación de querer subvertir el orden constitucional, o de debilitar las instituciones públicas. En su lugar, la reforma aplicará penas a quienes infundan miedo, y tomando en cuenta que se estigmatiza a las manifestaciones de los movimientos sociales como alteradores de la paz pública, que infunden miedo y limitan derechos fundamentales, ese delito debe ser objeto de discusión y de una conceptualización clara y puntual, al igual que otros que podrían interpretarse a antojo de quienes quieran ensañarse contra las protestas sociales.
En ese sentido, el Centro de Estudio para la Democracia CESPAD, se suma a las exigencias de la Articulación 611, que demanda lo siguiente:
- Que al momento de discutir la reforma penal en el Congreso Nacional, se abra un espacio para el debate con las organizaciones de derechos humanos y con todos los espacios de sociedad civil, académicos y analistas interesados en el tema.
- Que la reforma penal respete y se circunscriba a los elementos típicos indispensables tanto para el delito de extorsión como para el de terrorismo, cuidando de que no se legislen figuras penales ambiguas o abiertas.
- Que se descarten de este decreto aquellas reformas que produzcan un retroceso para el carácter garantista del proceso penal, y que finalmente lo aprobado no vaya a limitar derechos y libertades de las personas.
- Despojar a esta reforma del carácter de populismo punitivo que pretende el actual régimen.
23 DE ENERO DEL 2016 CESPAD
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