Aseguran que LIBRE “votará en contra de la Ley terrorista para encarcelar la protesta y los reclamos sociales, asimismo, denunciaron que el gobierno de Hernández hasta la fecha ha gastado más de 13 mil millones de lempiras del “Tazón de Seguridad”, de los que no le brindaron ningún informe a la población hondureña.

Enlistaron que las vías impulsadas son la represión, el orejismo, las intervenciones telefónicas ilegales y la persecución, con esto, violentan las libertades públicas y los derechos individuales, ordenando a su Fiscal General, al Presidente de su Corte de Justicia; coaccionando las decisiones de jueces y fiscales de carrera, por medio del despliegue intimidatorio de la Policía Militar, FUSINA y la Policía de Inteligencia.

Acusaron que el Fideicomiso del tazón rehúye las leyes vigentes de contratación del Estado y que además el dinero sale de los bolsillos de cada hondureño y hondureña; en ese sentido es desperdiciado en la “Política Criminal” que hasta ahora no ha dado ningún resultado.

Según el Sistema de Estadísticas de la Policía Nacional (SEPOL) en los primeros tres días de enero del 2017 se registró 34 muertes violentas. Mientras que el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV.NAH) hasta octubre del 2016 el promedio de homicidios alcanzó 87 por cada 100 mil habitantes; solo en Santa Bárbara se contabilizó 149 homicidios por cada cien mil habitantes, de los cuales el 83% sucedieron en 56 municipios del país.

El comunicado destaca que Hernández trata de “disfrazar la seguridad” con la reforma al artículo 335 del Código Penal, aseguran que detrás de esta cortina está la criminalización, el encarcelamiento y la declaración de “Terrorista” a las y los hondureños que protesten y reclamen por la violación a sus garantías, derechos humanos y sociales.

LIBRE cree que es suficiente la aprobación ilegal de la “reelección presidencial”, la cual es una aberración constitucional sin el procedimiento debido plasmado en la misma Carta Magna, esto es para mantener amenazados a todos sus adversarios y encarcelar a quienes reclamen algún tipo de derecho en el año electoral.

De paso condenaron el asesinato del Periodista Igor Padilla denunciando que quien lo mató fue “el gobierno”; porque la propuesta del partido de oposición es organizar una Policía Comunitaria y la creación de políticas de prevención del delito, y así terminar con el crimen organizado que hoy día es aliado de las estructuras de poder, “desde donde se extorsiona y se entrena a criminales y sus bandas”.

Reiteraron en su comunicado que LIBRE votará en contra de criminalizar la protesta y la legalización de la represión en contra quienes exigen los cambios.

Reformas clasistas y discriminatorias

Para Rasel Tomé, diputado de LIBRE por el departamento de Francisco Morazán, las reformas que propone Juan Orlando Hernández son clasistas y discriminatorias, ya que los criminales pobres se verán afectados, no así los de cuello blanco que desfalcan el dinero de las arcas del estado.

Estadísticamente el 65% de la población hondureña se encuentra en extrema pobreza, de los más de ocho  millones de habitantes, seis están listos para integrarse a las fuerzas productivas del país, de estos, cuatro millones son jóvenes pero solo un millón 300 mil, que es el 25%,  tienen un empleo remunerado.

Las reformas electorales afectarán en su mayoría “a la gente pobre, porque si ponemos en una balanza a las personas que no tienen oportunidades más que iniciarse en la criminalidad y a las que utilizan el dinero del Estado para financiar sus campañas, las primeras son a las que se les van a aplicar las penas”.Por ende, las reformas que se plantean se vuelven de alguna manera clasistas y discriminatorias,  indicó Tome.

El legislador realizó una comparación entre los países de América Latina y dijo que el endurecimiento de las penas no garantizará que disminuyan los índices de criminalidad en ninguna nación, en otras palabras no son la solución para combatir la delincuencia, ya que “es millonaria la inyección que le dan a la seguridad del Estado”.

Violentarían un derecho constitucional

Por su parte, la diputada Aida Reyes del mismo instituto político, por el departamento de Yoro, habló del artículo 3 constitucional que se refiere a la insurrección del pueblo por medio de la protesta; por eso “no estamos de acuerdo que se quiera calificar de terrorista a la persona que quiera reclamar sus derechos”.

Reiteró que la reforma introducida en el hemiciclo dice que “toda persona que proteste se va a calificar de terrorista”, añadió que este apartado afecta directamente a “todo el pueblo hondureño” que en algún momento se levante a protestar por algún derecho que considere violentado.

Acerca de la influencia del Ejecutivo sobre los otros dos poderes del Estado, Reyes aseguró que “nadie desconoce que existe una concentración de poder, ya sabemos sobre quién, es por eso que todo el mundo se queda callado, no hay gobernabilidad y le obedecen a una sola persona”.

Criminalización de protesta

En tanto que Jary Dixon Herrera,  diputado por Francisco Morazán,  también de LIBRE, manifestó que “se hizo un análisis de las propuestas del gobierno de aumentar penas y criminalizar algunos actos que ellos consideran de terrorismo”.

Agregó que es necesario entender ese concepto ya que esto va ligado a actividades políticas y “le están diciendo a la población hondureña que van a criminalizar las protestas”

El entrevistado manifestó que “las protestas no pueden ser criminalizadas, en ese momento que se criminalice se puede decir que se instaura oficialmente la dictadura en el país”.

Este tipo de proyecto va con la máscara de querer combatir la criminalidad porque “cuando les hemos apoyado en el pasado para aumentar las penas en delitos de crimen organizado, aun la violencia no ha bajado en lo absoluto, sigue habiendo masacres y mismos delitos, no les ha funcionado, hoy vienen bajo esa excusa para criminalizar  la protesta”,  deliberó Herrera.

Develó que “Juan Orlando Hernández no tiene que interferir en los otros poderes del Estado, porque ya es dueño del Poder Judicial, Legislativo y del Ministerio Público, se interfiere cuando hay instituciones independientes, hoy esa palabra ya no cabe en el accionar del Ejecutivo”.

En los últimos años cuando el Ejecutivo quiere que se apruebe algún proyecto de su interés, “aparecen personas conocidas de la sociedad hondureña asesinadas, aparte de esto le sumamos la aparición de gente que estaban en una cárcel de máxima seguridad, posteriormente salen en libertad e involucrados en esa muerte”, supuso el legislador en referencia del asesinato del periodista Igor Padilla.

En este m ismo tema dijo que “en Honduras todo puede suceder, se sospecha y es mucha casualidad que cada vez que se quiere aprobar una ley de alguna naturaleza, se dan estos actos criminales” , finalizó el parlamentario.

Contradicción

En una comparecencia en el programa “La Entrevista”, conducido por el periodista Raúl Valladares, a través de canal 11,  el presidente de la Corte Suprema de Justicia,  Rolando Argueta, aseguró que las reformas que propone Hernández al Nuevo Código Penal “no tienen nada que ver con la criminalización de la protesta”.

Sin embargo argumentó que “Hay  las manifestaciones en las calles, en los puentes, que es muy evidente no es una reclamación en el marco que es el derecho que da la Constitución y la Ley, allí  hay destrucción a la propiedad privada; yo he visto el año pasado y años anteriores gente enmascaradas que carga un galón de combustible, lo rosea y le echa fuego”.

Argueta puso en tela de juicio el artículo 332 del actual Código Penal que se refiere a la asociación ilícita como terrorismo, “según algunos instrumentos internacionales puede calificarse como “delito de terrorismo” .  que es la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar los delitos de terrorismo en conexión con la extorción de 1981 y ratificada por Honduras el 23 de agosto del 2004”.

Artículo 1 de la Convención antes mencionada cita:Los Estados contratantes se obligan a cooperar entre sí, tomando todas las medidas que consideren eficaces de acuerdo con sus respectivas legislaciones y especialmente las que se establecen en esta Convención, para prevenir y sancionar los actos de terrorismo y en especial el secuestro, el homicidio y otros atentados contra la vida y la integridad de las personas a quienes el Estado tiene el deber de extender protección especial conforme al derecho internacional, así como la extorsión conexa con estos delitos.

Vea el comunicado de LIBRE Aquí