Este estudio, que por primera vez se realizó, se hizo con base en los resultados de la evaluación a la ejecución de los programas y proyectos de las alcaldías. Entre otras situaciones, el documento establece que las municipalidades con mayores recursos y capacidades institucionales (ubicadas en las categorías A y B), son en general, las que tienen un mejor cumplimiento que las de menores categorías(C y D). Sin embargo, un dato notorio que revela la investigación, es que ninguna de las municipalidades más relevantes, correspondientes a las ciudades o cabeceras departamentales más importantes del país, ha cumplido con la asignación del 5% de las transferencias municipales para la mujer. Entre las que no cumplen con la disposición se incluye a Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba, Comayagua, Tela y Siguatepeque, entre otras.
Por otro lado, el estudio refleja que muchas municipalidades pobres, establecidas en la categoría C y D, han tenido un mayor compromiso con el cumplimiento de este derecho, e incluso, que el cumplimiento en las categorías D es mayor (18.4%) que las de categoría C (13.5%). Entre las municipalidades que han cumplido, pese a su condición de pobres, se ubican: Guarizama en Olancho, Duyure en Choluteca, Santa Ana enLa Paz, Marale en Francisco Morazán, Dolores enIntibucá, Gualcinse, San Manuel de Colohete y Coloaca en Lempira;San Antonio de Flores en Choluteca, San Antonio en Intibucá, Villeda Morales en Gracias a Dios ySan Jerónimo y Dolores en Copán.
En el nivel de departamental, se expresa también la alta desigualdad en el cumplimiento del 5%. Solo 8 departamentos tienen un cumplimiento superior al promedio (19%), pero ninguno supera el 46% de cumplimiento (nivel que corresponde a Cortés). La mayor constatación es que departamentos como Intibucá, La Paz y Lempira, que en la escala de pobreza están en los últimos escalones, tienen un mayor cumplimiento que otros como Comayagua, Olancho y Colón
El documento establece que existen dos factores claves para el cumplimiento de este derecho. El primero es la calidad de la relación entre las Oficinas Municipales de la Mujer (OMM) y los alcaldes. En las municipalidades que si cumplen, las OMMsson reconocidas y respetadas y mantienen una relación estrecha con el Alcalde.
El segundo factor es la participación de las mujeres y sus organizaciones en la gestión de los proyectos y programas. En las municipalidades que cumplen, los fondos cuentan en mayor o menor grado con un plan concebido desde las OMM, en cuya base está la participación de las mujeres y sus organizaciones.
El estudio concluye con recomendaciones, algunas de las cuales ya han sido cumplidas, como el establecer formalmente el 5% en las Disposiciones Presupuestarias de 2017, reduciendo para ello el porcentaje asignado al Programa Vida Mejor, del 40% al 35%, así como la penalización a las alcaldías que no den cumplimiento de la disposición.
El documento tambiénplantea la urgencia de reorganizar y fortalecer a las OMMs, e Incentivar a las mujeres para que se organicen y sean parte activa en la elaboración y ejecución de los proyectos mediante el desarrollo del trabajo colectivo y en todas las actividades de esas dependencias municipales.
Como particular recomendación, el estudio exhorta a la Asociación Hondureña de Municipalidades de Honduras –AHMON-, a las alcaldías y las organizaciones civiles y de mujeres para que exijan el cumplimiento de la Ley de Municipalidades (decreto 143-2009) en cuanto a que los fondos de transferencia sean equivalentes al 11% del Presupuesto, y no el 7% que realmente se aplica.
Los preocupantes datos deben servir de base para fortalecer el trabajo de incidencia que ha realizado el Centro de Estudios de la Mujer Honduras -CEM-H y otras organizaciones de mujeres y el Instituto Nacional de la Mujer, con el apoyo de la Dirección General de Fortalecimiento Municipal de la Secretaría de Derechos Humanos, Descentralización y Justicia, las que en conjunto, en el 2016, lograron el establecimiento de un procedimiento claro para aplicar el 5% de las transferencias municipales a favor de la mujer. El estudio se realizó con el apoyo financiero de OXFAM Internacional, a través del proyecto Investigación e Incidencia en Apoyo a Justicia de Género.