En territorio garífuna han edificado un millonario complejo hotelero y campos de golf de lujo, uno de ellos el “Hotel Indura” que pertenece al Hilton “Colección Curio”; edificado sobre amenazas, acoso y abusos a los derechos humanos de 157 mil familias garífunas, privándoles de sus tierras ancestrales y agrícolas, ubicadas en Barra Vieja, Cayo Santa Marta, localizado en Tornabé, departamento de Atlántida.

El presidente del patronato de Barra Vieja, Carlos Castillo, indicó que la situación por la que atraviesan es compleja ya que la policía y el ejército obedecen a Indura y a la Portuaria, lo que traducen como ataques directamente del Estado en contra de sus comunidades.

Indura afecta a dos comunidades,  la de Barra Vieja y Tornabé, que sufrieron en el 2013 (06 de agosto) y el 2014 (30 septiembre) dos fuertes desalojos con uso excesivo de la fuerza, gases lacrimógenos, golpizas a las y los habitantes e intimidación a los niños, a pesar de ganar dos demandas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CorteIDH, los entes del terror en ese lugar interpusieron un recurso de casación en la Corte Suprema de Justicia.

Acusó a la Oficina del Comisionado Nacional de Derechos Humanos de Honduras, (CONADEH), de manifestarse a favor de la violación a sus derechos, el representante en ambos desalojos de nombre Rigoberto Martínez le comentó a Castillo que “teníamos que desalojar a la comunidad porque era una orden de arriba, de Juan Orlando Hernández”.

Asimismo, “Estamos en zozobra esperando que nos llamen nuevamente a los juzgados, ellos aducen que son dueños pero nosotros vivimos aquí desde 1885, teníamos 10 ancianos pero se han ido muriendo por los golpes y la depresión”,  recordó el líder Garífuna.

La pretensión del Indura Hilton es apropiarse de  300 hectáreas más de tierra, para la supuesta ampliación del emporio hotelero, ésto implica la desaparición de la comunidad de Barra Vieja y lo que resta del hábitat funcional de Tornabé.

El proyecto dio inicio en diciembre del 2008 en donde el ministro de turismo de ese entonces, Ricardo Martínez Castañeda, intentó persuadir a los habitantes de Barra Vieja para que desalojaran.

Él es propietario indirecto del 49 por ciento de las acciones  de Indura a través del Instituto Hondureño de Turismo.

En el 2009 quiso que la Fiscalía y el Ministro de Seguridad los desalojara; pero fue la portuaria la que oficialmente solicitó el desalojo. En el 2014 anunciaron la construcción de dos hoteles de lujo,  lo que culminaría el complejo con 600 edificios, según datos del reciente  informe de Global Witness.

Uno de los factores que ignoró el gobierno es el Convenio 169 al denegar la condición de los garífunas como pueblos indígenas, los consideran extranjeros, La Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH,  informó que la Procuraduría General de la República, (PGR), envió un escrito a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,(CIDH), argumentando que “no somos indígenas, ni aún en la interpretación más amplia que se haga en los criterios orientadores”. La PGR desconoció las sentencias de la CorteIDH en relación a los casos de Punta Piedra y Triunfo de la Cruz”.

“La imagen del Indura Hilton se encuentra comprometida ante las acciones de despojo emprendidas por la PGR y la Empresa Nacional Portuaria, que aduce ser la propietaria de las tierras del Cayo Santa Marta. La estrategia de desvalijamiento promovida por la PGR y el grupo de empresarios de Indura el que forma parte del cadena Hilton, es una violación más al Convenio 169 de la OIT, señaló Ofraneh en el sitio www.ofraneh.wordpress.com

Despojo de tierras

El líder garífuna Carlos Castillo, consideró que estas acciones son parte de la estrategia de saqueo al pueblo garífuna promovida por el Estado encargado de subastar la costa norte del país, con la complicidad de la PGR.

El martes 30 de septiembre de 2014 con una fuerza combinada de policía y ejército se realizó el desalojo de 400 personas de la comunidad de Barra Vieja. “Nosotros ese mismo día,  ya en horas de la noche regresamos a nuestra comunidad porque nos pertenece ancestralmente, recordemos que fueron nuestros antepasados quienes llegaron en 1802 procedentes de lugares aledaños y comenzaron a descombrar los guamiles que habían en esta zona  e hicieron las pequeñas casas para habitarlas”,  narró Castillo.

En Junio del 2015 el Ministerio Público no pudo demostrar el delito de usurpación en contra de 64 miembros de la comunidad, por tanto el Juzgado de Tela tuvo que desestimar los cargos por falta de fundamentos.

Como parte de la comunidad del pueblo negro, Castillo condenó el uso del sistema de justicia para quitarles sus tierras. El 12 de enero de este año el Tribunal de Sentencia de la ciudad de Tela remitió a la Corte Suprema de Justicia por el delito de Usurpación a Elena Martínez Martínez, José Armando Gamboa, Luis Geovanny Lazo, Sotero Valerio Martínez, Heriberta Castillo y  Carlos Humberto Castillo.

Barra Vieja ha sufrido numerosos intentos de desalojo y enfrentado juicios penales los que fueron ganados por los arífunas demostrando con documentos que son dueños desde hace décadas de los territorios.

Antecedentes históricos

Como Barra Vieja fue fundada en 1919, pero la municipalidad de Tela la registró en 1950, en el siglo XX a los garífunas los obligó a reubicarse por las presiones de las compañías bananeras.

En 1975 el Estado le donó las tierras de Barra Vieja a la Empresa Nacional Portuaria,(EPN), sin informar previamente a los y las habitantes del lugar, según ha denunciado la OFRANEH.

Parque en el combo

En el programa “Frente a Frente” el vicepresidente de la Fundación Cuero y Salado (FUCSA), José Herrero, puso como ejemplo de conservación de la naturaleza a la Fundación “Lancetilla”,  que se supone trabaja en el mantenimiento del parque “Janeth Kawas”,  creado el 01 de enero de 1988.

Kawas era activista del medio ambiente y directora de la organización PROLANSATE (Protección de Lancetilla, Punta Sal y Texiguat). Ella-Kawas-fue asesinada el 06 de febrero de 1995 por sus esfuerzos de proteger el parque contra las plantaciones de palma en la región.

El 30 de marzo del 2016 el parque sufrió un voraz incendio supuestamente provocado, el que las autoridades calificaron como un “delito ambiental”, ya que aparentemente fue perpetrado para sembrar palma africana, pero según el informe Global Witness los límites del parque nacional Kawas se volvieron a trazar para permitir la ampliación del complejo turístico Indura.