Después del golpe de Estado del 2009 el derecho a la libertad de expresión sufrió un revés, las amenazas, persecución, cierre de medios y asesinatos contra periodistas y comunicadores sociales se agravaron, sumado a esto el clientelismo informativo, especialmente cuando se acercan los procesos electorales.

En el marco de la ruptura del orden constitucional la prensa se polarizó, por un lado periodistas que estaban a favor del régimen de facto y por otro quienes informaban de las represiones en las calles contra las personas que protestaban.

Gargantas pagadas

“Con la ruptura del Estado de derecho también se perdió la libertad de expresión, el derecho del pueblo a saber y sobre todo mucho más grave los comunicadores establecieron en su gran mayoría un código de acomodamiento al poder fáctico y los poderes surgidos de elecciones denunciadas como fraudulentas”, expresó Patricia Murillo,  periodista y catedrática de la Universidad Nacional.

Al final quien perdió fue la “democracia” debido a la mediatización de la verdad y al antojo de los políticos tradicionales, los que llevan más de un siglo sojuzgando a la patria, en parte, algunos periodistas son responsables de ocultar y contemporizar los anunciados y truculentos fraudes,  asesinando poco a poco la incipiente democracia en las comunicaciones, manifestó Murillo.

Enlistó situaciones en donde el periodismo se volvió cómplice, “de allí hasta el 2013, cuando los delitos electorales fueron harto visibles, nadie dio cuentas de la multimillonaria campaña del Partido Nacional, el fraude cibernético burlaba nuevamente la voluntad soberana del pueblo, no hay más que censurar el autoritarismo de los poderes fácticos y oficiales y el acompañamiento en esta terrible manipulación de la verdad electoral por parte de la gran mayoría de los medios corporativos”.

La profesional de la comunicación lamentó que “es una pena que la mayoría de medios y periodistas en tiempo de elecciones post golpe, se convierten casi en voceros oficiales del poder y olvidan los conceptos de transparencia y verdad que deberían prevalecer en la cobertura electoral”.

Pero se tuvo que recurrir a otras formas de comunicación para romper con el cerco mediático de los grandes emporios empresariales, entre ellas están las  redes sociales y el trascendente periodismo digital que se da en algunos medios alternativos como  pasosdeanimalgrande.com, que iluminan el incierto caminar de los hondureños en los períodos pre electoral, electoral y post electorales, aseveró Murillo.

Dijo que “este neoliberalismo salvaje tiene en los medios corporativos su instrumento más eficaz para distorsionar la conciencia crítica de los ciudadanos y que hace que muchos de ellos sigan como los ratones: eligiendo gatos para gobernarnos”.

Obligado acomodamiento

El ex presidente del Colegio de Periodistas de Honduras,(CPH),Edwin Romero, indicó que es necesario observar el panorama en que los periodistas ejercen su trabajo, más allá de las dificultades que implica el ejercicio en un país donde existe un escenario de violencia muy alto y “el contexto del interés que se mueve desde los medios de comunicación por parte de actores que forman el círculo allegado a los dueños de los medios y su vinculación a los intereses del poder”.

Partiendo de los “amoríos” de los dueños de medios, más los negocios con el Estado, las y los periodistas “caemos en esa relación de contaminación que puede existir porque los medios necesitan de la publicidad del gobierno, lo que hace que en algunos momentos tengan que adaptarse o mantener una posición pasiva frente a algunas cosas que ocurren en el país”, aseveró el periodista.

Según él en ciertos momentos la libertad de expresión ha sido abierta, pero como presidente del colegio “pude ver abusos de unos periodistas, el buen ejercicio de la profesión versus las arbitrariedades que cometen algunos periodistas y las presiones que reciben a través de los dueños de medios”.

“Últimamente se vive la tergiversación de la comunicación y manipulación de la información por los intereses de todos los sectores y en medio estamos los periodistas en algún momento nos ponemos de un lado o de otro”, declaró.

El comunicador sostuvo que no parte de lo que los periodistas hagan sino de las posturas que deban adoptar en determinados momentos y que  se han dado casos de que si no adoptan esas actitudes tendrán que irse del medio.

Cerco mediático internacional

Para revertir el golpe de Estado del 2009 la pieza clave fueron las elecciones presidenciales en el marco de la militarización de la sociedad, en ese tiempo la prensa que responde a los intereses de los Estados Unidos aplaudió el proceso electoral como “transparente, lo que dio paso a querer limpiarle la cara al golpe” ,recordó el periodista Gerardo Torres, corresponsal de TeleSur en inglés.

Ya en las elecciones del 2013 con “el fraude electoral, la comunidad internacional con su cerco mediático lo validó, vemos que las elecciones son parte de la estrategia a través de la cual el régimen se coloca una careta de democracia y legalidad”, interpuso Torres.

Se perdieron los derechos a información veraz, derecho a la protesta y “los periodistas que señalan esto,  automáticamente ponen sus vidas en peligro. Ya son 66 periodistas asesinados desde el golpe de Estado, hay todo tipo de amenazas, mientras que los que le siguen el juego a esta democracia de mentiras, de este régimen violento y excluyente, tienen trabajo y resguardo a su seguridad” ,denunció el comunicador.

Por tanto los procesos electorales han servido para “oxigenar y mantener el régimen heredero del golpe de Estado del 2009 y la prensa que no lo avala, puede hasta perder la vida”,  concluyó Torres.

Algunos casos

La CIDH ha otorgado sistemáticamente  medidas cautelares don la finalidad de protección a la vida de periodistas y comunicadores sociales.

Por ejemplo las medidas otorgadas al periodista César Omar Silva Rosales, el 31 de diciembre de 2009, la cual fue ampliada por la CIDH. En la solicitud de medidas cautelares, se alega que el periodista Silva Rosales fue secuestrado el 28 de diciembre de 2009 por tres personas armadas y que lo habrían interrogado cada 10 minutos por un período aproximado de 24 horas, durante las cuales fue maltratado, golpeado y amenazado de muerte. Fue liberado en las inmediaciones de la colonia Cerro Grande, al oriente de Tegucigalpa, sitio que en la década de los 80  fue utilizado como botadero de cadáveres.

Exilio 

Sin embargo aún no se tiene la cifra exacta de periodistas que se fueron al exilio para proteger su vida, el revelar información que afectó a poderes fácticos en el país los puso en grave riesgo. El más reciente caso es el de Milthon Robles, quien este miércoles 08 de febrero de 2017 en una conferencia de prensa de reporteros sin Fronteras, RSF, en el lanzamiento del informe anual 2016, denunció el peligro que corren los comunicadores que se atreven a desnudar arbitrariedades desde el poder. 

El lastre del golpe y las demandas internacionales

El 16 de octubre de 2009, la CIDH amplió la medida cautelar MC 196-09, a favor de los trabajadores del Canal 36, Radio La Catracha, Cholusat Sur Radio y GloboTV, a fin de solicitar que se restituyera el ejercicio de la libertad de expresión mediante la reapertura de estos medios de comunicación y la devolución de sus equipos de transmisión, con el fin de garantizar el derecho a la libre expresión e información de éstos y de la sociedad hondureña.

Los solicitantes señalan que los cierres de estos medios de comunicación supuestamente se fundamentan en la aplicación del Decreto No. PCM-16-2009, en el acuerdo 136/2009 del Despacho de Gobernación y Justicia, y en el acuerdo OD 19/2009 de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL).

Esta última resolución que justifica el cierre y el decomiso de los bienes señala que la falta que se les imputa es la de tener conductas “alteradoras de la paz y alentadoras de llamados a insurrección popular que atentan contra el orden público y la seguridad nacional del Estado, ofendiendo la dignidad humana del señor Presidente de la República señor Roberto Micheletti, y otros funcionarios públicos de su gobierno, atentando contra la Ley y las resoluciones gubernamentales, lo cual está contemplado como prohibiciones en el artículo 3 numeral 3 del Decreto número PCM-M-016-2009, emitido por el Presidente de la República en Consejo de Ministros el 22 de septiembre de 2009 y publicado en el diario Oficial La Gaceta el 26 de este mismo mes y año”.