La mesa principal estuvo integrada por el coordinador del Partido Libertad y Refundación (LIBRE) Manuel Zelaya Rosales, las y los candidatos a la presidencia de la República por el Partido Anticorrupción,(PAC),Salvador Nasralla,  Innovación y Unidad Pinu Social Demócrata,(PINU-SD), Guillermo Valle, Eva Fernández , del Movimiento del Partido Nacional, Corazón Azul Nelson Ávila, precandidato presidencial por el Moviiento 05 de Julio del Partido LIBRE. Se sumaron el diputado  Virgilio Padilla, del PAC,  y Ricci Moncada, Secretaria de LIBRE.

Asimismo, hicieron un llamado “a la cordura y a la sensatez del régimen”, al igual, que al Partido Liberal le pidieron que no se preste a aprobar las reformas que profundizan el proceso de criminalización que se vive desde el golpe de Estado; es necesario encontrar puntos para dialogar sobre la seguridad en el país, pero nunca por la vía del autoritarismo por la que el Partido de gobierno decidió transitar.

Por otro lado, “Los militares aprendieron de los errores de la guerra fría y buscan una protección legal para poder abusar de la fuerza protegiendo a Hernández si hubiera una revuelta para las elecciones y al saber que no puede ganarlas tiene que reprimir con las armas” dijo Nasralla.

Manuel Zelaya señaló y sentenció con el dedo índice hacia las cámaras “No van a parar las protestas en contra de su reelección, haga lo que usted  presidente Juan Orlando Hernández, yo tengo su misma investidura, me deben siete meses que el pueblo me eligió, usted tiene que respetar la voluntad del pueblo, aunque usted conseguirá votos y aprobarán esta ley, no nos van a atemorizar”.

Mientras que Guillermo Valle, del PINU-SD aseveró que “Vamos a parar el megafraude en marcha, denunciamos que dos magistrados del Tribunal Supremo Electoral han cometido delito de traición a la patria al inscribir a JOH  que ya no es ni ciudadano al violar la constitución para  las próximas elecciones primarias”.

Porque si en el mismo partido hizo un fraude para ganar “imagínense ahora que quieren perpetuarse en el poder”, reafirmó Eva Fernández, al referirse al partido Nacional de donde ella forma parte, pero que se unió a la alianza.

Matriz mediática engañosa

Referente al artículo 335 del nuevo Código Penal que menciona que cualquier acto en contra del gobierno será catalogado como “terrorista”; el presidente Zelaya respondió que están en la defensa de la vida de varias generaciones, y hay que ver en los medios de comunicación “la cantidad de sangre que se derrama en Honduras de gente inocente todos los días”.

Las masacres, decapitaciones y encostalados; aseguró que “nunca se había visto en el país”, y que esas nuevas formas de violencias surgieron después del golpe de Estado del 2009, tiempo en que aumentaron gravemente los niveles de crímenes y asesinatos “hasta convertir a Honduras en el país más violento del mundo”.

Indicó que las cifras que muestran respecto al índice de homicidios “son maquilladas”, el gobierno dice que bajó de 90 a 60 por cada cien mil habitantes; “además de que es mentira, llenarse de satisfacción por tener uno de los países más peligrosos, es terrible”.

Se preguntó quién puede ocultar el fracaso en materia de seguridad del gobierno nacionalista anterior y este que estamos sufriendo, son especialistas en el manejo de matriz mediática.

El representante del Ejecutivo cometerá “el delito de alta traición al presentarse el 12 de marzo a elecciones, entra con este tema simplemente para olvidarse del otro”, sostuvo Zelaya.

Evidentemente que la política de seguridad del Estado “fracasó y esta ley no es para disminuir los procesos de delincuencia que están entronizados en las mismas instituciones, si es el gobierno que nos ha convencido que la policía y los grupos paramilitares son los que dirigen el crimen organizado en el país y su último eslabón de acción son las maras”.

Tres hechos fundamentales de que si el Estado no estuviera conspirando con el crimen organizado, las maras no existieran; ¿Quién es el terrorista el pueblo o el que da un golpe militar y saca al presidente a tiros? Considerando que cuando hicieron el decreto de la destitución de Zelaya, fungía como diputado Juan Orlando Hernández.

Igualmente hizo un llamado a los liberales “no se presten a endurecer las penas de terrorismo en contra del pueblo hondureño, suficiente con que le han aprobado impuestos y leyes de represión violatorias al Estado de derecho”.

Remembró que hubo una ocasión en que se aumentaron terriblemente los crímenes y las masacres, fue cuando los nacionalistas realizaron la campaña para aprobar la Ley de la Tasa de Seguridad y la Ley de Secretos, “nadie sabe qué hacen con ese dinero, y el que esconde es que roba”.Y el que “cierra el Congreso para discutir una ley es que mata”.

Juan Orlando Hernández era el coordinador del Partido Nacional en el momento que Ricardo Maduro participó como candidato, propusieron oficialmente la pena de muerte, en un Estado que no tiene capacidad jurídica y que a veces condena a un inocente y de paso es sectario, “en nombre de la sangre de Cristo dijimos que no era con la pena de muerte que resolverían los problemas de seguridad” , dio el ex mandatario.

No necesita votos opositores

El representante del PAC manifestó que mantendrán una posición inamovible porque lo que Juan Orlando Hernández quiere es imponer una “amnistía de facto” para las personas uniformadas que disparen en contra de las personas que hagan una protesta.

Viene a la mente la masacre de 1944 en el régimen de Tiburcio Carias Andino, en donde ese fatídico día, los militares dispararon sobre la humanidad de un centenar de personas que participaban en “la marcha del silencio” en protesta por la violación a los derechos humanos del régimen.

Continúo diciendo que solo un 20por ciento  de los votantes mancharan su dedo apoyando a Hernández en las próximas elecciones de noviembre y que es imposible que compitan contra el ochenta por ciento de la población, por tanto, el (JOH) busca que no haya protestas; usó como ejemplo que los spots que son transmitidos en todos los canales le cuesta al Estado la suma de diez millones de lempiras diarios.

Aseguró que Juan Orlando no necesita los votos de LIBRE, ni del PAC para poder aprobar el decreto, ya que a las sesiones del legislativo por lo general asisten 90 personas, solamente necesitan la mayoría simple que es 41 y JOH tiene 51, más ocho que compró 59.

Los nombres de los traidores a la voluntad del pueblo que los eligió son Audelia Rodríguez, Augusto Cruz Ascencio, Tatiana Canales, Omar Rodríguez, Ana Joselina Fortín, Crista Pérez, Héctor Padilla y Esdras Amado López, según lo han denunciado.

El “hombre” de la bandera azul utilizó todo con fines electoreros para desprestigiar a la oposición, según lo denunció Nasralla que calificó sus declaraciones como delito, “señores tenemos un presidente que violenta la ley,  que hace acciones delictivas, para desfigurar la opinión de la gente, Hernández es el primer violador de la Ley por lanzarse a una reelección inconstitucional”, señaló.

Acusó a Hernández de “terrorista de Estado” y que si se aprueban las reformas el pueblo quedará expuesto a la represión de las armas de los militares y los policías.

No al continuismo ni dictadura

Por su parte, Guillermo Valle afirmó que desde el 2014 estuvieron invitando a los diputados del Partido Liberal para sumarse a la Alianza, en contra de los abusos del gobierno, pero tomaron una decisión a nivel de Congreso y “apoyaron en todo lo que el gobierno requería, por lo tanto, son parte del oficialismo”.

Hasta ese momento esperan que los liberales reflexionen positivamente y se coloquen del lado de la historia.

Lamentó que el gobierno haya politizado un tema tan importante como es la seguridad nacional, aunque su partido apoya medidas más fuertes contra los delincuentes están en contra de que se criminalice la protesta social, se dé  “licencia para matar” y que se privaticen las cárceles.

El delito de traición a la patria no prescribe, por ende, “debe castigarse”, tiene que haber un juicio contra los conspiradores de suplantar la soberanía popular. Trajo a colación que estos hechos fueron denunciados ante el Ministerio Público y la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), el 30 de noviembre del 2016, en dicha acusación se mencionó como autor material a Juan Orlando Hernández y a Jorge Avilés, ex presidente de la Corte Suprema de Justicia.

Anunció el 27 de enero que la Alianza realice la “Toma de Posesión” solicitarán la Comisión Internacional Contra la Impunidad, (CICIH).

Participación de la mujer

Las mujeres también deben sentirse parte de lo que está pasando en Honduras, , “no podemos ser solamente adornos en las mesas”, ya que en la administración de Hernández dominan los “siete machos”, describiendo así a los “superministros”, exteriorizó Eva Fernández, del Partido Nacional más conocida como “Corazón Azul”.

No discrepó de la opinión emitida por Zelaya que a “JOH le gana cualquiera”, como parte desde hace años del Partido Nacional atestiguó que “Ricardo Álvarez le venció en las elecciones, ya que los “Ricardistas saben que no ganó las elecciones, si no hubiéramos visto a Ricardo a nivel nacional denunciando que por favor se contara voto por voto”.

Comunicado  

Enfáticamente el documento empezó con la frase “no vamos a legalizar el terrorismo de Estado” e hicieron del conocimiento del pueblo hondureño la firme decisión de votar en contra de la Ley que reforma ocho normas vigentes en el país y que violenta de “forma perversa y artera” los derechos, libertades y garantías constitucionales.

Se oponen a calificar como “terrorismo” el reclamo de derechos del pueblo y de los sectores sociales y organizados, entendiéndose que la protesta es una garantía en la Carta Magna, al igual que el derecho a la insurrección en defensa del orden constitucional, expresó.

La Alianza de los partidos políticos no puede otorgar “licencia para matar a los organismos represores del Estado, tampoco, aceptan que se siga dando “carta blanca al representante del Ejecutivo para espiar día y noche nuestras comunicaciones, ni para ser el encargado de definir y pagar las recompensas a  los denunciantes, estas atribuciones las debe ejercer el Ministerio Público”.

Alegaron que no existen argumentos jurídicos que sostengan “tan nefastas reformas al Código Penal”, que existe una clara manipulación que busca crear terror en la población para esconder el “rotundo fracaso del gobierno en materia de seguridad”, evidenciadas en las masacres, el alto índice de asesinatos y homicidios, a pesar, de los más de 10 mil millones de lempiras de seguridad.

La oposición enlistó que no es suficiente el Tazón, la Ley de Secretos, la Policía Militar y del Orden Público, la Fuerza Nacional de Seguridad Interinstitucional (FUSINA), la depuración de la Policía Nacional, ni todas las luyes “draconianas” y tantas otras políticas fallidas.

Eventualmente ahora pretenden “dar licencia sin límites a los organismos represores del Estado y espiarnos en forma permanente desde el Ejecutivo, con el fin de calificar de terroristas a todos aquellos grupos, gremios y ciudadanos que en su justo derecho protesten y reclamen legítimamente”.

Propusieron a la sociedad hondureña una nueva política de seguridad que se enfoque en resolver las causas de la criminalidad, que persiga sin descanso y de forma contundente a quienes delinquen en el marco de la legalidad y del Estado constitucional de derecho con una Policía Comunitaria cercana al pueblo y respetuosa de los derechos humanos.

La alianza sostuvo que la reelección viene y nadie la detiene, pero que deben tener en cuenta que la paciencia de la gente tiene un límite que rebasará Juan Orlando Hernández con su irresponsabilidad y desmedida ambición pero que  parece no darse cuenta.