Al mandatario no le bastó que le aprobaran íntegramente sus propuestas de reformas en el Congreso Nacional este martes sino que aprovechando que debía ratificarse el acta hoy 22 de febrero de 2017, introdujo un nuevo elemento que lo tiene quizá nervioso, el control más cercano a los periodistas que no se apegan a su agenda.

Un paquete de reformas fue enviado por Hernández a principios de enero de este año, en las que hace énfasis en los delitos de terrorismo, extorsión y protestas sociales, los primeros dos fueron  aprobados rápidamente en una sesión del martes. El mandatario y el presidente del Congreso Nacional , del mismo partido desoyeron a las organizaciones de derechos humanos aglutinadas en la Articulación 611 y a la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos en Honduras que le advirtieron de las graves violaciones a los derechos fundamentales que se producirán en cuanto se aplique este ordenamiento jurídico.

Bozal para los periodistas

Las figuras de incitación al terrorismo y apología del odio se introdujeron a través de una moción del ex ministro de Seguridad, Oscar Álvarez, a través del artículo 335B del Código Penal, “quien públicamente en  medios de comunicación o difusión destinados al público hiciere apología, enaltecimiento o justificación del terrorismo o de quienes hayan participado en su ejecución, o incitare a otro u otros a cometer terrorismo o financiamiento de éste, será sancionado con pena de cuatro a ocho años de prisión”, señala el articulado.

Álvarez quien durante su gestión como titular de la Secretaría de Seguridad montaba operativos constantes para llamar la atención de la prensa lo que le valió que le conocieran como “showman”,  argumentó en su moción que algunos medios de comunicación y periodistas de Honduras promueven la apología del odio al exagerar con datos o noticias sobre diferentes aspectos del accionar público.

En el gobierno de Roberto Michelleti quien tomó el control del país en el marco del golpe de Estado contra el presidente Manuel Zelaya Rosales en junio de 2009, se aprobó el  Acuerdo Ejecutivo 124-2009 con fecha 05 de octubre  de 2009 autorizando  a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, (CONATEL),  para que revocaran permisos y licencias a las radios y televisoras que emitieran mensajes que “generaran apología al odio nacional,  un régimen de anarquía social en contra del Estado democrático llegando a atentar contra la paz social y derechos humanos”.

El acuerdo se puso en práctica casi de inmediato procediendo a cerrar medios de comunicación y programas, entre ellos “Aquí entre Chonas”, del Movimiento de Mujeres por la Paz Visitación Padilla y  “la Bullaranga”, del Centro de Estudios de la Mujer-Honduras, CEM-H, aduciendo que generaban el odio.

Ahora no se  anuncian cierres sino cárcel de entre cuatro a ocho años de prisión contra periodistas que promuevan la apología , enaltecimiento o justificación del terrorismo , lo que lleva un claro mensaje para la prensa independiente.