Por: Dina Meza-Between Bullets and Censorship-samponiaway.org
Según la investigación de Global Witness, desde 2010 han muerto más de 120 personas. Las víctimas eran personas corrientes que se opusieron a las presas, las minas, la tala o la agricultura en sus tierras y murieron asesinadas por fuerzas del Estado, guardias de seguridad o asesinos a sueldo. Muchos otros han sido amenazados, atacados o encarcelados, señala el informe.
Global Witness tomó cinco casos emblemáticos : Berta Cáceres, COPINH y los oscuros intereses que mueven la presa de Agua Zarca. La operación minera del empresario Lenir Pérez. La masacre de las comunidades Tolupanas. El pueblo Garífuna y las fuerzas que apoyan el emblemático desarrollo turístico de Honduras
El desglose de la situación de violencia en cada uno de los casos sacó canas verdes a los involucrados. La Vicepresidenta del Congreso Nacional con su apoderado legal interpusieron una denuncia ante el Ministerio Público como el preludio de una querella contra Billy Kyte, una réplica de lo que hacen contra los defensores y defensoras en Honduras para amedrentar cualquier forma de denuncia.
Mientras que la empresa privada se unió a los intentos de desprestigiar un informe que tiene el respaldo documental y testimonial de las víctimas, difícil de echar por tierra porque fue una investigación minuciosa.
Los medios de comunicación corporativos intentaron también desmantelar la credibilidad del informe llevando a los oponentes del mismo a programas televisivos.
Es complicado en un país donde se atacan a las personas que defienden los derechos humanos tratar de que haya quietud en aquellos que fueron señalados en el informe. El corre corre de funcionarios estatales empezando por el propio presidente de la república que no vaciló en echarle tierra al documento y también otros subalternos suyos, uno de ellos el ministro del ambiente que demandó del Fiscal General la detención de Billy Kyte.
No es casual que las reacciones llevaban el objetivo de echarle cieno al informe, la intención era que se quedara como un simple informe, sin embargo no es fácil descalificar cuando hay documentos de respaldo, entonces allí es donde se incluye la amenaza de juicios.
De verdad que Honduras es un lugar muy peligroso para defender el planeta, hemos perdido a personas valiosas, a defensores y defensoras del ambiente y de la tierra que hoy están en los cementerios como es el caso de Bertha Cáceres. Los crímenes están en la impunidad, entonces es irrisorio que desde las altas y bajas esferas de gobierno, políticas y económicas pregunten por las pruebas si solamente al hacer un poco de observación se encuentran los restos mortales de los crímenes cometidos, pero no a los criminales que gozan del manto de la impunidad.
El informe no solo movió a quienes se sintieron al descubierto , sino a las organizaciones de derechos humanos que se juntaron para hacer acciones, entre ellas solicitar al ministerio Público que lleve a cabo una investigación para castigar a los responsables señalados en la investigación de Global Witness.
Hasta ahora no se tienen respuestas del Ministerio Público, ni siquiera se han tomado la molestia de iniciar, lo cierto es que la pelota está en la cancha del sistema de justicia hondureño, corroído por la impunidad y la corrupción.
La exigencia de justicia no debe parar, el hecho de que la prensa mediática haya tapado el tema no quiere decir que el movimiento social y de derechos humanos se deje poner de brazos cruzados, eso sí enterraría la demanda de castigo a los responsables que han cometido delitos de lesa humanidad, no prescriptibles. El compromiso debe ser ganarle terreno a la impunidad, desafiar el poner y establecer la soberanía ciudadana, solo de esa forma podemos cambiar las reglas del juego, las cuales las estableció un sistema plagado de muertes, amenazas y persecusiones. La meta es no parar de exigir, veremos quién gana: la impunidad o la persistencia.
