El Secretario  general de la Organización de las Naciones Unidas Ban Ki-moon en su última visita en el 2014 y a raíz de la grave violación  de derechos humanos en el país, se comprometió a instalar la “OACNUDH”, el 04 de mayo del 2015 este nuevo organismo firmó un acuerdo con la  administración de Juan Orlando Hernández.

De conformidad con el mandato ésta supervisaría la situación de derechos y proporcionaría capacitación y asistencia técnica a instituciones del Estado y a las organizaciones de la Sociedad Civil (SC), con el objetivo general de mejorar la promoción y protección de los derechos humanos de la ciudadanía. La oficina cuenta con 10 oficiales de Derechos Humanos, de junio a noviembre del año pasado realizaron 42 misiones de observación, durante las misiones los y las delegadas se reunieron con todas las partes anteriormente mencionadas.

Estado de derecho y seguridad

"Tanto los datos oficiales como los independientes indican que ha habido una reducción de la criminalidad. No obstante, la violencia y la inseguridad impregnan todas las capas de la sociedad y todas las formas de vida, y afecta en particular a las personas o grupos que desafían las normas sociales o el statu quo, como los defensores de los derechos humanos, los pueblos indígenas, las mujeres y las personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales. La mayoría de la población menciona la inseguridad como el problema más acuciante del país, seguido de la economía, la corrupción y la mala gestión pública", es parte del contexto en que se inicia el documento denominado " Informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Honduras".

María Soledad Pazo, Representante Residente del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras, OACNUDH , indicó que en el informe se determinó el contexto de Honduras en dos elementos: los conceptuales y los históricos, que generaron el ambiente propicio para el crimen organizado y crimen común, que contribuyeron al incremento en la tasa de homicidios, por ejemplo en el 2011 era alrededor de 85 por cada 100  mil habitantes. Este fenómeno impacta en la violencia contra los derechos humanos de las y los ciudadanos y el goce de los fundamentales como el derecho a la vida, la seguridad, educación, trabajo y vida cultural.

“El Estado tiene el deber de prevenir las conductas violentas”, sin embargo, la respuesta ha sido una sociedad militarizada, ya que en el año 2013 se aprobó en el Congreso Nacional la Ley de creación de la Policía Militar del Orden Público “PMOP”, supuestamente como respuesta a la crisis de seguridad y un instrumento del combate frontal al crimen organizado, agregó.

Actualmente la PMOP tiene más de 3 mil efectivos, entre sus acciones está la de  confrontar “actos de terrorismo, subversión e insurgencia”, estos fenómenos convergen con las recién aprobadas reformas al Código Penal en el mes de febrero, destacó.

En su investigación la OACNUDH notó la significativa expansión de las empresas de seguridad privada, ya para el 2013 existían 706, que empleaban más de 60 mil agentes, comparados a los 14 mil policías, en donde se da una relación de 5 a 1.

Aunque la Ley de la Policía regula a estas compañías las normas son insuficientes, superficiales y no implementadas, también hay pocos controles en el otorgamiento de licencias, en la supervisión de operaciones, entrenamiento y manejo de armas. .

Un elemento fatídico de estas empresas es que han sido relacionadas con eventos de relevancia para los derechos humanos, “como patrón tenemos el asesinato de Berta Cáceres”,  dijo la representante de la OACNUDH.

La OACNUDH indicó en el documento  que la seguridad pública debe estar en manos de la policía civil, con el agregado de que debe haber  profesionalización y reformas.

El Alto Comisionado instó que el Legislativo debe iniciar la discusión sobre el nuevo proyecto conjuntamente con otras reformas necesarias en el tema de seguridad como la Ley Reglamentaria de las empresas privadas de seguridad  y el control de armas de fuego y municiones, todas estas normas tienen que estar alineadas con los estándares internacionales.

La OACNUDH reiteró  su colaboración para la elaboración de un Código Penal integral, que se encuentre en armonía con los convenios internacionales, especialmente los que se refieren a las garantías de los derechos humanos.

Estado de Derecho y Justicia

Por ende, el 05 de octubre del 2015, la Corte Interamericana emitió su decisión relativa al caso de cuatro jueces que fueron destituidos del servicio judicial por participar en manifestaciones pacíficas contra el golpe de Estado; determinó que se les había vulnerado su derecho a la libertad de opinión y expresión y ordenó que fueran restituidos en sus puestos, pero hasta la fecha no se ha cumplido con este mandato, “la oficina ha dicho que puede coadyuvar a una solución pero no recibió respuesta del Estado”, se lamentó Pazo.

En vez de eso, el 09 de noviembre del 2016, la CSJ comunicó que era imposible reintegrarlos a sus puestos debido a una “imposibilidad justificada” por falta de puestos adecuados y que optaba al pago de indemnización por daños y perjuicios (caso López LoneVrs Estado de Honduras). El Estado tuvo un año para cumplir la sentencia y no está claro qué medidas se habían tomado para buscar puestos adecuados, aseguró Pazo.

Defensores y defensoras

“De nada sirve criminalizar a mujeres que se practican abortos si no se fortalece la protección a los derechos humanos”, destacó la representante residente del Alto Comisionado para lo Derechos Humanos de la ONU.

Tomando como contexto la adopción “Ley de Defensoras y Defensores, Comunicadores Sociales, Periodistas y Operadores de Justicia”, aprobada en mayo del 2015, entre julio 2015 y marzo 2017,  el Mecanismo ha tramitado 78 solicitudes  de 53 personas defensoras, 14 periodistas y 8 operadores de justicia.

A pesar de llenar el vacío de protección, la asistencia integral y el reconocimiento al trabajo y la vulnerabilidad de los y las defensoras de derechos humanos; no cuenta con el suficiente presupuesto para su funcionamiento y las dificultades para implementar las medidas, según la OACNUDH.

Ciertos sectores estatales obligados a participar en el Mecanismo y el Consejo “no lo hacen o delegan a subordinados” lo que genera dificultades para tomar decisiones y provoca un debilitamiento del mismo, agregó.

“Hay falta compromiso político a alto nivel que es necesario para enfrentar el problema y construir una respuesta, en tanto, que el Mecanismo es limitado, no está en su competencia la investigación de los crímenes contra defensores, entendemos que es un fallo grave en el deber de la diligencia del Estado”,  interpuso Pazo.

En el 2016 la Oficina del Alto dio seguimiento a 13 denuncias  de defensores y periodistas con medidas cautelares otorgadas por la CIDH, asesinados entre el 2012-2016, una de estas ha llegado a sentencia, es la de Carlos Mejía de Radio Progreso, asesinado en el 2014, ocho están para investigación sin requerimiento fiscal contra posibles actores, hay personas acusadas sin que haya empezado el juicio en los casos de Nelson García, Berta Cáceres, Erick Arriaga y del Movimiento Unificado Campesino del Aguan (MUCA).

La conclusión de la OACNUDH es que “la falta de respuesta es casi total”. En la Fiscalía de Derechos Humanos solamente hay dos fiscales.

En las recomendaciones de la OACNUDH para este tema el Estado debe formular  una política pública integral de protección de defensores y defensoras de derechos humanos.

Sistema penitenciario

Del 2012 a 2016 ha habido un crecimiento de la población penitenciaria de 17 mil 510 reclusos en 30 centros incluyendo uno para mujeres, en octubre del mismo año se anunciaron la apertura de tres centros de detención preventiva ubicados en instalaciones militares y otro situado en los terrenos de entrenamiento del Comando de Operaciones Especiales, (COBRA), según el informe.

Hay hacinamiento, deficientes condiciones de detención y la falta de separación entre condenados y presos preventivos, lo que constituye un 54 por ciento, y es una de las preocupaciones de la Oficina del Alto Comisionado de DDHH.

Otras preocupaciones son las circunstancias de detención y seguridad en los centros penales, esto es, el derecho a la vida y la integridad física de los detenidos.

La oficina recomienda que se lleve a cabo una reforma en el sector penitenciario que cumpla con los estándares internacionales de derechos humanos afirmando su carácter civil, excluyendo a los militares de la gestión de las prisiones, a fin de garantizar que los civiles permanezcan detenidos únicamente en instalaciones civiles.

El informe de la OACNUDH aborda el tema de las poblaciones indígenas, sobre lo que destacó que hay falta de reglamentación del Convenio 169 de la OIT, eso ha generado que 21 megaproyectos que afectan a dichas comunidades se han establecido sin la consulta previa correspondiente.

En relación a la Consulta Previa y la falta de respeto a este derecho, María Soledad Pazo anunció la llegada de la Relatora Especial para Pueblos Indígenas, esta visita tiene el propósito de contribuir en el establecimiento de esta normativa conforme a los mandatos internacionales de protección a los pueblos originarios.

Recomendaciones de la OACNUDH

Justicia y seguridad

a) Exhorta al Gobierno a que diseñe e implemente un plan de seguridad  que logre un progreso rápido hacia la desmilitarización de las funciones de orden público, refuerce la transparencia y la supervisión civil en relación con los asuntos de defensa y seguridad, incluidas las actividades de inteligencia militar, y garantice el desarrollo de una policía civil profesional y responsable.

b) Insta al Gobierno a emprender actuaciones urgentes e identificar medidas concretas para ayudar y proteger a los desplazados internos, entre otras formas, aprobando una política y una ley nacional que sea conforme con los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos, bajo la coordinación de la comisión  interinstitucional para la protección de las personas desplazadas por la violencia.

c) Exhorta al Congreso a velar por que la legislación relativa al sector de la seguridad que se revise o apruebe sea conforme con las normas de los derechos humanos y dé prioridad a áreas como la reforma de la policía, el control de armas de fuego y las municiones y la reglamentación de las empresas de seguridad privada.

d) Insta a las autoridades a reforzar la protección de los derechos de las víctimas de delitos y de violaciones de los derechos humanos en el contexto de la  justicia penal, incluido el derecho de las víctimas a participar en los procedimientos  judiciales y el derecho a un recurso efectivo que incluya reparaciones que tengan en  cuenta consideraciones de género.

e) Insta al Fiscal General a que investigue rápidamente los expedientes que  le ha remitido la Comisión Especial para el Proceso de Depuración de la Policía Nacional, a fin de que, con la judicatura, se logren progresos concretos hacia la rendición de cuentas.

f) Alienta al Fiscal General a que adopte una estrategia de procesamientos  que sirva a los objetivos de interés público intensificando los esfuerzos en sectores clave como la rendición de cuentas del sector de seguridad y los defensores de los derechos humanos, y exhorta al Ministerio Publico a que revise las competencias en materia de investigación y las responsabilidades de sus oficinas especializadas para promover la protección de los derechos humanos;

g) Insta al Estado a desarrollar e implementar una reforma integral del  sistema penitenciario que promueva el propósito rehabilitador del encarcelamiento y  sitúe plenamente al sistema bajo la administración civil. Deben tomarse de inmediato  medidas para garantizar la seguridad en los centros penitenciarios y la separación adecuada de los internos. Debe suspenderse la reclusión en instalaciones militares y el Comité Nacional de Prevención contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o  Degradantes debe contar con todos los recursos y el apoyo necesarios para llevar a cabo su mandato.

h) Exhorta al Estado a que realice una revisión y reforma integrales del marco jurídico de la judicatura para velar por la independencia judicial. La reforma debe asegurar la separación de las funciones administrativas de las judiciales y la existencia de un cuerpo disciplinario independiente e imparcial que ofrezca las debidas garantías procesales.

i) Insta al Estado a aplicar las recomendaciones del informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de 2011 y a informar públicamente sobre dicha aplicación, así como a renovar los esfuerzos para que las víctimas de violaciones  graves de los derechos humanos, como las desapariciones forzadas, disfruten de sus  derechos humanos, entre otras cosas, elaborando una política integral , que incluya  consideraciones de género, que encauce los esfuerzos para aclarar la suerte de los  desaparecidos, investigando a los responsables, proporcionando una reparación a las víctimas y estableciendo garantías de no repetición, con la plena participación de las víctimas.

j) Exhorta al Congreso a que participe en la reforma del Código Penal con un enfoque de derechos humanos sólido, teniendo en cuenta las recomendaciones de  los mecanismos de derechos humanos así como las observaciones del ACNUDH- Honduras; y alienta al Congreso a abrir el espacio para la participación democrática en el desarrollo de reformas legislativas difundiendo rápidamente la información y el  texto de las propuestas legislativas, y velando por que haya un espacio adecuado para  la participación durante la fase del debate legislativo.

k) Exhorta al Estado, en particular al Presidente de la Corte Suprema de Justicia, a que aplique plenamente la sentencia de la Corte Interamericana en el caso  de López Lone y otros y reincorpore en su puesto a los jueces destituidos.

Defensores de los derechos humanos

a) Insta al Gobierno a que tome medidas para formular una política integral al objeto de proteger a los defensores y defensoras de los derechos humanos, tal y como recomendó la Corte Interamericana44. Dicha política debe incluir la  promoción de un entorno seguro y propicio, al que deben contribuir las autoridades  estatales reconociendo públicamente el papel de los defensores y la importancia de su  labor, así como medidas claras para mejorar la investigación y el enjuiciamiento de  los delitos contra los defensores de los derechos humanos. Debe establecerse un  espacio específico para el diálogo entre los defensores de los derechos humanos y las  autoridades gubernamentales a fin de acompañar y supervisar la aplicación de la  política, con participación internacional.

b) Insta al Ministerio Público y a la Policía Nacional a intensificar la investigación de las agresiones a defensores de los derechos humanos y a avanzar en  su enjuiciamiento, entre otras cosas, haciendo los ajustes necesarios en su estructura y  procedimientos.

c) Reitera su recomendación formulada en abril de 2016 al Estado y al Ministerio Público, de que consideren solicitar el apoyo de los mecanismos regionales  o internacionales de derechos humanos en relación con la investigación del asesinato  de la líder indígena Berta Cáceres.

d) Insta a las autoridades a que respeten plenamente los derechos humanos en el contexto de las manifestaciones públicas y, en particular, en el marco del proceso  en curso de reforma del Código Penal, y que se abstengan de castigar indebidamente  el ejercicio legítimo de los derechos humanos, incluidos los que son fundamentales  para la defensa de los derechos humanos de los demás, penalizando las actividades  mismas que defienden los derechos humanos.

e) Insta a que se aplique plenamente la Ley sobre la Protección de los  Defensores de los Derechos Humanos y se pongan en marcha sus mecanismos. Solicita al Estado que asigne todos los recursos necesarios y alienta a la comunidad  internacional a que continúe apoyando los mecanismos, a través de un paquete  integrado de apoyo.

Derechos de la mujer

a) Insta al Estado a que vele por que las mujeres y las niñas tengan acceso a  la reparación y la protección. Esto incluye la aprobación de una ley específica sobre  violencia contra las mujeres y las niñas; la revisión de los protocolos para investigar y enjuiciar la violencia y el femicidio al objeto de reforzar el cumplimiento de las  normas internacionales, en particular la Convención Interamericana para Prevenir,  Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), y  su aplicación efectiva; y la prestación de atención y apoyo especializados a las  víctimas, incluidos programas jurídicos y de rehabilitación y reintegración psicosocial y albergues, en cooperación con organizaciones de la sociedad civil.

b) Insta al Estado, y en particular al Congreso, a que reforme la legislación  y permita el aborto al menos en los casos de violación o incesto, amenazas a la vida o  la salud de la mujer y malformaciones graves del feto, de acuerdo con las obligaciones  regionales e internacionales del Estado.

c) Invita al Estado a que adopte medidas especiales temporales para  promover la participación de la mujer en la vida pública y velar por que las cuotas  fijadas por ley del 50% de puestos para las mujeres se respeten plenamente en las  próximas elecciones de 2017.

d) Insta al Estado a que ratifique el Protocolo Facultativo de la Convención  sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.

Pueblos indígenas

a) Exhorta a todas las instituciones del Estado a que respeten, protejan y  hagan efectivo el derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado;

b) Alienta al Estado a que participe en una evaluación integral y participativa de la situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas a fin de  reformar y elaborar políticas y marcos jurídicos adecuados, e invita al Relator  Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas a que proporcione orientación y  asistencia en esta tarea;

c) Exhorta al Estado a que redoble los esfuerzos en el ámbito de la  delimitación, demarcación, inscripción, ampliación y mejora de las tierras indígenas,  para lo que las instituciones judiciales y agrarias deben actuar de forma coordinada a  fin de crear y reforzar mecanismos permanentes especializados que permitan el  acceso de los pueblos indígenas a la justicia cuando se vulnere el derecho a sus tierras  y recursos naturales;

d) Exhorta al sector privado, en particular a las empresas que trabajan en  la industria extractiva e hidroeléctrica y el sector turístico, a que ejerzan la debida  diligencia, evalúen el impacto de sus actividades en los derechos humanos y adecuen  sus políticas a los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos.

Derechos LGTBI

En relación con los derechos de las personas lesbianas, gais, transgénero,  bisexuales e intersexuales, el Alto Comisionado exhorta al Estado a que tome medidas  concretas para acabar con la discriminación en razón de la orientación sexual e  identidad de género, entre otras cosas, identificándola claramente en la ley como un  motivo prohibido de discriminación. Debe combatir la violencia y asegurar la  protección, recabando y analizando información de forma efectiva y utilizando la  legislación vigente para enjuiciar los delitos motivados por prejuicios.

Derechos Económicos, Sociales y Culturales

Con respecto a los derechos económicos, sociales y culturales, el Alto  Comisionado exhorta al Estado a combatir y castigar la corrupción en tanto que  fenómeno que obstaculiza seriamente los avances en el goce de los derechos humanos;  alienta al Estado a que adopte y aplique indicadores apropiados y desglosados para  evaluar los avances en el logro de los derechos económicos, sociales y culturales al  objeto de asistir en la supervisión y dirección de los planes nacionales existentes; y  alienta al Estado a que ratifique el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Vea el informe completo de la OACNUDH Aquí en este Link