“Ni el Congreso, ni la Corte Suprema de Justicia, ni el Ministerio Público, ni el Comisionado Nacional de Derechos Humanos se atreven a tomar contundentes, medidas democráticas que impidan el avance de un Estado autoritario encabezado por los militares, que día a día devora nuestras libertades”, dijo Mejía.

El experto adujo que la actual doctrina de “Seguridad Nacional” implementada en los años 80 ha sido disfrazada para beneficiar a Juan Orlando Hernández y su  reelección; contrastó que este grupo encabezado por el administrador del Estado,está ejecutando “una estrategia parecida a la utilizada por la junta de comandantes de Argentina antes de dar el golpe de Estado de 1976 e instaurar una salvaje dictadura,  usar una crisis para obtener todo el poder”.

 “Así como en Argentina se activó el Consejo de Seguridad en el que los militares tenían un papel preponderante, el gobierno de Hernández activó el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, el cual ha desplazado al Congreso Nacional en la toma de decisiones fundamentales en materia de justicia y seguridad”, advirtió.

Sin embargo, el modelo Argentino fue copiado al pie de la letra, se aprobaron leyes autoritarias con la excusa de la lucha contra el comunismo, en el gobierno de Hernández se ha aprobado un arsenal jurídico para militarizar todo, con la excusa de que las Fuerzas Armadas son la única institución capaz de salvarnos de los narcos, los mareros, los sicarios y los extorsionadores.

Además, Mejía sostuvo que existen factores que han agudizado la crisis de seguridad que vive el país utilizándola como excusa para que el Estado pierda vigencia y para que el gobierno civil dé autoridad ilimitada a las Fuerzas Armadas, neutralizadas en la dirección de Roberto Reina,  pero que el golpe de Estado sirvió para que los uniformados salieran de la oscuridad a la palestra pública.

La activación de la maquinaria punitiva ha servido para que las declaraciones, derechos y garantías constitucionales sean ignoradas o usadas a beneficio de Juan Orlando Hernández y así continuar con la criminalización de las personas a las que se les violentan los derechos humanos, en tanto que los grupos de poder o que no son oposición gozan de total impunidad para ejercer sus actividades delictivas, ilustró Mejía.

“Pero la delincuencia de cuello blanco cometida por corruptos, narco políticos, narco policías y narco militares es tratada con guantes de seda, se claman todas las garantías del debido proceso o simplemente quedan en la impunidad, hasta que con suerte una potencia extranjera los reclama en extradición”, finalizó el analista.