Mirian Miranda, Coordinadora de la Organización Negra de Honduras, (OFRANEH), expresó que apostarse en las inmediaciones de la ONU responde al hecho de que este organismo internacional “está apoyando al Estado en la elaboración de un documento para la consulta libre e informada, en donde los pueblos hemos sido totalmente marginados”.

Argumentaron su negativa a dicha propuesta que viene desde el gobierno porque “en las supuesta socialización en los territorios llevan 60 personas, y con eso  dicen que están haciendo una ley, no puede ser”,  indicó la dirigente.

Miranda expresó que han analizado el último informe emitido por la Relatora Especial de la ONU para los pueblos Indígenas, que en este momento se encuentra presente en el edificio, el cual a su parecer tiene “varios elementos interesantes, por ejemplo la referencia de la investigación sobre el asesinato de Berta Cáceres,  lo cual es importantísimo”.

Pero quieren hacer de su conocimiento su sentir porque “es una ley que define el futuro de nuestras comunidades y no pueden hacerla sin la participación de nosotros,  sobretodo no van a permitir “que sea impuesta por un Estado espurio” expuso Miranda.

A su criterio para hablar de la consulta previa debe ser con la plena participación de las comunidades a través de sus organizaciones representativas, reiterando que los y las miembras han sido excluidas del proceso y que no se puede implementar una ley, si se siguen violentando sus derechos y criminalizando a las personas que los defienden , finalizó la defensora.

Mientras que Maura Duarte, representante de los Pechs,  evidenció su indignación porque son los pueblos originarios los que deberían tener una participación predominante con respecto a esta ley y que “no han pedido nuestro consentimiento, por lo que nos sentimos excluidos y amenazados, ya que en nuestros pueblos están entrando muchos proyectos de muerte sin consulta”.