El ERIC-SJ está acompañado de la Clínica de Derechos Humanos Internacionales de la Facultad de Derecho de la Universidad de California, Los Ángeles (UCLA), ambos actuando como representantes de la familia del comunicador social quien era corresponsal de Radio progreso y Director de Radio Joconguera al momento de su crimen el 14 de julio de 2011, en el municipio de Candelaria, departamento de Lempira, en el Occidente de Honduras.

Sus compañeros de trabajo recordaron que Orellana mantuvo una posición crítica frente al golpe de Estado del 2009, además de señalar las deficiencias en los servicios de salud pública administrados por la Mancomunidad de Mocalempa, en la comunidad antes indicada.

En el momento de su muerte cuestionaba el manejo de los fondos de la cooperación internacional recibidos por el Comité Central Pro-Agua de Desarrollo Integral, (COCEPRADIL).

Ese día del su asesinato Orellana fue interceptado por sujetos desconocidos que le dispararon en la cabeza cuando viajaba en su motocicleta hacia la radio Joconguera, por lo que fue llevado al hospital de Sensuntepeque, El Salvador, porque donde falleció horas después, debido a que en Honduras no recibió la asistencia médica requerida.

Considerando que en este caso se violentaron los derechos a la Vida, el derecho a las garantías judiciales y protección judicial, la libertad de expresión y de pensamiento establecidos en la en la Convención Americana sobre los derechos humanos, y agotando las instancias internas las instituciones que están en representación de la familia del comunicador, se vieron en la necesidad de apelar ante la justicia internacional.

Dejando un huérfano

Con el dolor que el tiempo no borra por la pérdida de su hermano, Julio Orellana quien reside en los Estados Unidos, pero desde allá apoyaba a su pariente con sus estudios universitarios, retornó al país por el asesinato Nery Geremías

Expresó que como familia ha sido difícil la pérdida de su hermano y la exigencia de justicia que desde hace unos años desgasta día a día a su madre,  a quien le resulta más difícil superar la pérdida de su hijo.

“Como hermano demando justicia, que el gobierno y las autoridades de este país garanticen que estos casos no se sigan dando, porque nosotros tenemos un vacío en la familia difícil de llenar y la pérdida es irreparable”,  manifestó Orellana.

Adujo que como familia pobre no tienen la capacidad de empezar juicios de ninguna naturaleza pero que agradecen el acompañamiento del ERIC-SJ, para que se esclarezca la muerte de su hermano, ya que les ha tocado asumir la educación y vida de su sobrino, que en el momento del asesinato estaba pequeño, y que un año después la mamá del menor murió, quedándose huérfano de ambos padres  por lo que crecerá en la orfandad.

Estado no garantizó su vida

Joaquín Mejía, doctor en derechos humanos, explicó que hacen esta acción porque en primer lugar el Estado tiene una serie de obligaciones en materia de derechos fundamentales; la primera es de prevenir, esto es, agotar todas las instancias para evitar que se cometan asesinatos.

Aunque la lógica dice que ningún gobierno es capaz de prevenir todos los delitos, por eso el Estado tiene una segunda oportunidad en materia de obligaciones que es investigar, sancionar a los responsables y reparar a las víctimas, continúo el experto.

En el caso de Orellana el estado  no previno su asesinato pese a que su vida se encontraba en grave peligro debido a su trabajo como periodista, específicamente en su posición crítica hacia el golpe de Estado, por denuncias de presuntos actos de corrupción en manejo de fondos de salud y de la cooperación internacional.

En este sentido a través de sus entes investigativos Honduras tenía que dar respuestas de manera efectiva a sus familiares sobre esta muerte para dar con la realidad de los hechos y encontrar a los perpetradores.

Lastimosamente como es el caso de 69 periodistas y comunicadores asesinados, no ha habido una investigación seria. Según informe del Comisionado Nacional de Derechos Humanos,(CONADEH), el 9 por ciento de estos casos se encuentrn en total impunidad, detalló la organización a través de sus representantes en la conferencia de prensa realizada en la ciudad capital.

Agregó que algunas omisiones son que no aseguraron, ni realizaron una inspección en la escena del crimen por ende no encontraron una ojiva de la bala que acabó con la vida de Orellana, sino que un niño que jugaba por ahí la llevó a las autoridades, sin embargo, no le hicieron prueba balística para determinar la procedencia de la bala.

Otro hecho es que no le practicaron la debida autopsia al cuerpo del comunicador con el apoyo de autoridades salvadoreñas, tampoco se tomó la declaración a varios testigos que tenían información sobre las amenazas que el periodista había recibido y sobre su muerte.

En tanto que la conclusión de las autoridades hondureñas fue que el fallecimiento se debió a un robo, pese a que en el lugar del crimen se encontraron todas sus pertenencias, pero  el Estado no siguió ninguna línea de investigación alrededor del asesinato de Orellana.

Mejía dijo que esperan con la demanda que el Estado esclarezca la verdad sobre este asesinato y que pueda sentarse un precedente para la investigación no solo de este caso, sino también de las restantes 68 víctimas vinculadas a la profesión.

Con la demanda se busca la identificación de los autores intelectuales y materiales de los hechos, la reparación de las consecuencias morales y materiales de su muerte con el impacto en su familia y que el Estado adopte medidas para evitar la repetición de hechos similares.

El profesional aclaró que no les gusta demandar al Estado, sin embargo  lo único que buscan es que éste cumpla con lo establecido en la Constitución y las leyes en el país, “por ejemplo en un asesinato es de obligatoriedad la investigación para deducir responsabilidad penal”.

Respeto a la profesión periodística

Por su parte, Joseph Guerrero representante de la UCLA a través de Skype compareció en la conferencia de prensa asegurando que es importante acompañar en la búsqueda de la justicia a los y las defensoras de derechos humanos de Honduras.

Indicó que es ilustrativo para ellos como académicos observar que los estándares internacionales exigen a los mismos Estados el cumplimiento de sus obligaciones de respetar y promover el derecho a la libertad de expresión,  la voluntad del respeto al trabajo periodístico aun cuando los comunicadores sociales sean críticos y cuestionen al darle voz y cobertura a los reclamos sociales como es el caso de Orellana.

Informó que desde lejos le han dado seguimiento a las campañas de desprestigio que se convierten en una manera de asedio al periodismo independiente que puede desembocar en la violencia extrema que es el asesinato de los y las profesionales de la comunicación.

Dos cosas son responsabilidad estatal,  la violencia y la impunidad haciendo una comparación con lo que sucede en su país, en donde la libertad de expresión sufre un deterioro, pero en los Estados Unidos no alcanza el nivel de violencia que en Honduras, por eso  la situación del periodismo independiente ha generado preocupación, indicó el catedrático.

Finalizó diciendo que desde lo estatal debe haber conciencia y respeto hacia el trabajo de los y las profesionales de la comunicación, una calma de parte de los funcionarios hacia la sana crítica y debatir ideas con ideas y no con la generación de la violencia.