El 08 de septiembre de 2017 cuatro defensores de derechos humanos, dos mujeres y dos varones junto a ocho estudiantes fueron torturados por los oficiales de la Policía Preventiva Félix Adrián Colindres, Juan Manuel Aguilar y Marlon Vásquez Palma, que tienen requerimiento fiscal desde el 12 de diciembre del año pasado por torturas, detención ilegal, abuso de autoridad y lesiones, emitido por el Ministerio Público.

Las víctimas de esta barbarie fueron María Tomasa Morales, de la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos, ASOPODEHU; Hedme Castro, de ACI-Participa; Ariel Díaz , de la Asociación de Jóvenes por los Derechos Humanos y Carlos del Cid, integrante del Observatorio Ecuménico Internacional de Derechos Humanos, OEIDH.

En la conferencia de prensa la Mesa de Derechos Humanos integrada por varias organizaciones que hacen trabajo por la defensa de los derechos fundamentales en Honduras, demandaron que se les aplique todo el peso de la ley a los responsables.

Las organizaciones también exigieron que se investigue y se le aplique la ley a la fiscal de Delitos comunes María de los Ángeles Barahona, por ordenar la detención ilegal de los defensores y a la jueza de turno, Karla Maldonado,   por mandar a ejecutar un desalojo sin observar las reglas del Debido Proceso.

Edy Tábora de la Mesa de Derechos Humanos, señaló que si se llegase a aplicar la ley como corresponde, estos policías estarían recibiendo una pena mínima de 100 años de prisión por la suma de todos los delitos que cometieron.

“Esperamos que el Poder Judicial sea objetivo para sancionar como corresponde a los oficiales de la policía, a fin de asegurar el resarcimiento de los derechos violados y combatir la impunidad con la que estos agentes han actuado frente a los ciudadanos y ciudadanas que ejercen su derecho a defender derechos”, reza el comunicado difundido por esta red de organizaciones a periodistas de distintos medios de comunicación.

Denunciaron además la falta de investigación de la Fiscalía de Enjuiciamiento a Funcionarios, ante la que se presentó la denuncia contra la fiscal Barahona, el 19 de octubre de 2017 y la jueza Maldonado, el 28 de septiembre del mismo año.

La Mesa de Derechos Humanos exigió un juicio justo e imparcial contra los responsables; que el Estado de Honduras garantice “que los agentes de la policía no ejerzan represalias contra los que denunciamos estos hechos y garantizar el ejercicio de la labor de las personas defensoras de los derechos humanos”.