La recomendación obedece a la enorme cantidad de heridos y personas muertas a manos de militares en las protestas surgidas del fraude electoral.

“El 01 de diciembre, en Choloma, departamento de Cortés, al menos cinco personas, entre ellas un niño de 15 años, murieron violentamente y alrededor de cuatro resultaron heridas por la Policía Militar cuando ésta abrió fuego para dispersar a los manifestantes y disolver un bloqueo de carretera en la Carretera CA-5”, detalla el informe de la OACNUDH en el relato de uno de los hechos que se han registrado.

El documento, detalla diversas manifestaciones en Tegucigalpa, San Pedro Sula, El Progreso Yoro, Tela, Atlántida y Sabá, Colon, entre otras, donde murieron varias personas por balas disparadas por miembros de la Policía Militar. Y a eso le agrega la enorme cantidad de personas heridas a causa de esos disparos.

Ante tal situación la OACNUDH excita al gobierno a revisar y restringir la participación de la Policía Militar en el trabajo de la policía civil.

Además, la OACNUDH le recomienda al Ministerio Público investigar y judicializar todas las violaciones de los derechos humanos atribuibles a la Policía Nacional y a la Policía Militar.

“Llevar a cabo investigaciones rápidas, imparciales, independientes y transparentes de todas las denuncias de violaciones de los derechos humanos, dando prioridad a las muertes y lesiones ocurridas en el contexto de las elecciones, incluso durante las protestas, así como a los casos de malos tratos durante las detenciones”, indica el informe.

Asimismo, les solicita a las autoridades respeto al debido proceso y garantías judiciales para las personas que participaron en las protestas y que fueron acusadas por diversos delitos.

Apología del Odio

En términos de libertad de expresión la OACNUDH también plantea reformar los artículos 335 y

335 B del Código Penal y evitar el encarcelamiento de periodistas.

El Artículo 335 del Código Penal tipifica el delito de terrorismo en todas sus modalidades y lo castiga con reclusión de 15 a 20 años. Pero en febrero del 2017 el Congreso Nacional reformó esta legislación y por adición le agregó el articulo 335B para castigar con penas de 4 a 8 años a las personas o periodistas que supuestamente promuevan la apología del odio e inciten al terrorismo a través de los medios de comunicación.

Hasta hoy ya son muchos los sectores sociales que se han pronunciado en contra del Articulo 335B pero en el Congreso Nacional no ha habido voluntad para derogarlo, pese a que en junio del año pasado, el Ministerio Público, a través de la Fiscalía para Defensa de la Constitución, declaró que esta reforma es inconstitucional.

Lea el informe completo de la OACNUDH sobre las violaciones a los derechos humanos en el contexto post electoral Aquí