Unas 21 personas privadas de libertad en las prisiones de las ciudades de El Progreso, Tela, Morocelí, Francisco Morazán , llama en Santa Bárbara, entre ellas una mujer, se encuentran recluidas por protestar en las calles en contra del Gobierno de Juan Orlando Hernández, acusado de ilegal por llegar al poder a través de un fraude electoral.

La petición de libertad para los presos políticos la reclamaron varias organizaciones sociales y derechos humanos, ante el ente de investigación estatal, quienes integraron el Comité por la Libertad de los Presos Políticos de Honduras y se plantaron ante el Ministerio Público, (MP), con carteles, lecturas de comunicados, testimonios de los familiares de los afectados y consignas exigiendo su liberación.

Decenas de personas llegaron a protestar al Ministerio Público a favor de los

presos políticos producto de la represión del gobierno de JOH.

“Consideramos que dentro de las sucesivas audiencias en tribunales, se ha evidenciado la constante parcialidad de los jueces que llevan estos juicios a favor de los fiscales. Una y otra vez los fiscales han presentado a policías y peritos como testigos que sólo hablan y exponen únicamente en base a supuestas declaración de “testigo clave” que generalmente es un testigo protegido”, señala el comunicado de las organizaciones, quienes mostraron descontento en las acciones del ente investigativo.

Benedicto Santos, apoderado legal de algunos de los presos políticos indicó que “se trata de casos de detención ilegal e injusta y hasta este momento y después de tres meses de estar recluidos, no han tenido acceso a que sus familiares les visiten”.

Para el representante legal de los detenidos, los juicios en los órganos judiciales del Estado, cuando se trata del pueblo se les da la mayor tardanza al proceso para que no exista una justicia rápida.

Por su parte, Carla Burgos, esposa de uno de los detenidos, declaró que su esposo no tiene la culpa del delito del cual lo acusan y es injusta su encarcelación que se realizó desde el 25 de diciembre del 2017.

Según Burgos, su esposo fue acusado de otros delitos como el robo e incendio a una posta policial en la colonia Berlín en El Progreso, Yoro, los cuales no cometió y espera su pronta liberación.

Los muertos y detenidos como tema de diálogo

La Organización de las Naciones Unidas buscan mediante un diálogo acercar a los sectores sociales, políticos y económicos, en el cual participen los representantes de cada uno de los sectores, sin embargo, a juicio de diferentes sectores la invitación ha sido selectiva y excluyente, han quedado fuera muchos de ellos, y ven desde ya un fracaso en el mismo.

Dentro de los acuerdos en donde participaron los partidos políticos: Liberal, Nacional, Innovación y Unidad y miembros de la Alianza de Oposición, entre otros, “se va a crear una comisión que va a apoyar y trabajar en conjunto con los órganos del gobierno que están investigando la violencia post electoral”.

Organismos de derechos humanos como la Coalición contra la Impunidad han contabilizado alrededor de 33 muertes después de las elecciones generales en Honduras y unas 21 personas privadas de libertad o presos políticos por denunciar el fraude electoral.

Para Benedicto Santos el diálogo que pretenden las Naciones Unidas siempre es bueno, sin embargo “no se puede uno sentar a dialogar con alguien que le ha robado algo a uno y este es el caso, son las elecciones que le han robado al pueblo hondureño”, aseguró.

Santos exigió que las personas que se sienten al diálogo sean serias y que lo pactado tenga estricto cumplimiento, que sea vinculante y no se quede en simples palabras “como para blanquear un fraude y que las cosas se queden así, nada más”.

Por su parte Rafael Alegría, del Partido Libertad y Refundación, LIBRE, “las condiciones siguen siendo válidas, la participación de un mediador en común acuerdo de las partes para que los acuerdos que se tomen sean vinculantes y eso no ha ocurrido hasta ahora”.

Hay que dar paso a las dos condiciones que exige la Alianza de los Partidos en Honduras, concertar el mediador y que los acuerdos sean respetados y si eso no ocurre difícilmente podrá haber diálogo entre Juan Orlando Hernández y la Alianza de Oposición, para salir de este problema político en el que estamos enfrascados los hondureños, recalcó.

Para Sara Francisca Sauceda Flores, defensora de los derechos humanos, del Observatorio Ecuménico Internacional de Derechos Humanos, OEIDH,“si el diálogo no se realiza con la masa poblacional, el pueblo hondureño exige respuestas, hay un proceso electoral en el cual se sabe que el presidente de la República es Salvador Nasralla , en ese contexto no se puede dialogar y si tenemos presos políticos y personas que han muerto, sólo por defender el territorio nacional”.

Las organizaciones defensoras de los derechos humanos exigieron respeto para las personas privadas de libertad y a las autoridades del Ministerio Público el castigo para las autoridades que participaron en los crímenes y detenciones ilegales tal como lo señala la ley.

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Links de Interés:

Lea el comunicado del Comité de Presos Políticos Aquí

Vea informe de la Coalición contra la Impunidad con estadísticas de las crímenes y otras arbitrariedades cometidas por los cuerpos de seguridad del Estado en este link: