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Contexto

Elección de Fiscal General y Adjunto debe incluir personas idóneas para combatir la impunidad

Posted On Miércoles, 25 Abril 2018 19:11 Written by Salvador Monroy

La Coalición Contra la Impunidad realizó en Tegucigalpa un análisis en conjunto con organizaciones de la Sociedad Civil, sobre el proceso de selección del Fiscal General y Adjunto del Ministerio Público y la lucha contra la gran corrupción e impunidad que impera en Honduras, este 25 de abril de 2018.

Las organizaciones comenzaron a debatir sobre las circunstancias en las que se da la elección de los fiscales General y Adjunto del Ministerio Público, de la necesidad de un perfíl que deben reunir los candidatos, que cumpla con estándares internacionales y sobre los retos y desafíos que actualmente tiene el Ministerio Público y que van a tener los nuevos fiscales.

El representante de la Coalición Contra la Impunidad, Guillermo López Lone indicó que “los retos más importantes que tiene el Ministerio Público, en primer lugar, son luchar contra la gran corrupción, asumir acciones de carácter penal para abordar las ilegalidades que cometen los altos funcionarios y ex funcionarios del Estado”.

Asi mismo, “disminuir la impunidad, la alta cifra de crímenes impunes que hay en el país y en tercer lugar, que se elija a un Fiscal General o Adjunto, o un Ministerio Público, autónomo e independiente, y no como el que percibimos ahora, cercano al Presidente de la República”, apuntó.

Ausencia de candidatos

López Lone reflexionó sobre el por qué hay tan poco interés en las y los profesionales del derecho en participar para la próxima elección del Fiscal General y señaló que “hay mucha desconfianza, falta de credibilidad en estos procesos, porque no sólo se da en el momento actual, hace cinco años fue igual y no hubo tanta participación de los profesionales y luego cuando hay una elección para los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, tampoco hay interés , por qué, porque casi todos entienden o asumen que los grupos políticos han decidido, quiénes van a ser los magistrados de la Corte Suprema de Justicia o el próximo Fiscal General y Adjunto.

“Yo creo que esta Junta Proponente está en la obligación de demostrarnos que es independiente y que va a sacar adelante un proceso en donde no va haber intereses políticos que predominen y finalmente sean los que se impongan para la lista de cinco candidatos que ellos van a mandar al Congreso Nacional”, agregó.

El representante de varias organizaciones de la Sociedad Civil es del criterio que la Junta de Proponente no está demostrando que en el proceso de escogencia de los fiscales del Ministerio Público haya transparencia.

“Es que no hay transparencia en el proceso en este momento actual, por eso la Junta Proponente está obligada a demostrarnos que está actuando de manera idependiente y que van a seleccionar a los mejores candidatos y no a los que le interesen a los grupos políticos”, aseguró.

Escrito

La Coalición Contra la Impunidad presentó la semana pasada un escrito en donde solicitó invalidar la actuación de la Junta de Proponentes, porque violenta lo establecido en un fallo de la sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia.

Sobre el escrito presentado a la Junta de Proponentes, dijo López Lone, “ese no tiene dedicatoria hacia ninguna organización, nosotros presentamos un escrito pidiendo nulidad en las actuaciones , por estimar que se han viciado sus actos al haber violentado el Artículo 22 de la Ley del Ministerio Público y la sentencia de inconstitucionalidad que dictó la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en noviembre de 2016 en donde eligió a la sociedad civil, fuera del marco de la legalidad”.

Reiteró que “lo que estamos pidiendo es transparencia y apego a la legalidad y hasta el día de hoy la Junta de proponentes no nos ha dado respuesta. Yo creo que ya pasaron tres días y ya la Junta Proponente nos hubiera dado respuesta y estaban en la obligación de respondernos un escrito de carácter legal y que fue suscrito por varios ciudadanos y organizaciones”.

Sobre la posiblidad de exigir se pronuncie la Junta de Proponente a la petición de las organizaciones, el defensor de los derechos humanos dijo que “cabe un Recurso de Amparo y otras acciones, pero quien controla el sistema de justicia, es la misma gente que está en el poder actualmente, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo y ante eso los ciudadanos estamos en una situación de indefensión y no podemos reclamar, porque nuestros reclamos se quedan en eso, en la presentación de escritos, y ni siquiera responden las instituciones. Hemos llegado a ese punto donde la institucionalidad responde a los intereses de determinados grupos políticos, añadió.

Para Lopéz Lone la única manera de que pudiera existir un fiscal de manera independiente y que asuma los grandes retos, es que la Junta Proponente cambiara la modalidad del proceso de selección de candidatos que vaya a enviar al Congreso, con participación, transparencia y con la consulta a la sociedad hondureña sobre la elección.

De cumplir con todos los requisitos y gozar de independencia afirmó que el nuevo fiscal “de no tener influencias de ningún sector, creo que podría durar en su cargo, con el respaldo de la sociedad en general y sus ejecutorias deberían validarlo y no ponerlo en una situación de precariedad”.

Citó el caso de Guatemala donde “hay una fiscal de gran calidad que impulsa acciones contra la corrupción y cuenta con mucho respaldo, aunque hay ciertos sectores que la adversan, porque un buen fiscal va a conseguir el respaldo de la ciudadanía y así lograr los demás que le van a permitir logros en sus funciones”, finalizó.

 

Caso de Guatemala

Por su parte, Ramón Cadena, de la Comisión Internacional de Juristas, en el evento de la Coalición Contra la Impunidad expuso el caso de Guatemala en la elección de los fiscales generales, donde destacó que al igual que en Honduras, existes grandes fallas en el proceso.

Hay grandes fallas en la Comisión de Postulación en Guatemala, que terminó entregando una lista relativamene aceptable en donde tres candidatos le dan garantías a la población de que se va a seguir con la lucha contra la corrupción y que aún es dudoso, pero las lecciones que se aprenden son importantes para que puedan compartirse en Honduras, donde se está iniciando el proceso de elección”.

“Es importante hacer énfasis en algo que hicimos en Guatemala en la Comisión de Postulación o Junta Nominadora y es que ellos tienen que impulsar un procedimiento para lograr elegir a las personas por mérito y apartarse de la elección por preferencia”, afirmó.

Cadena agregó que el proceso debe esar diseñado para garantizar la transparencia y la seguridad.

 

Mujeres

Sobre la visión de las mujeres en el proceso de elección del nuevo Fiscal General y Adjunto del Ministerio Público, Sandra Zambrano, de la Asociación para una Vida Mejor (APUVIMEH), le preocupa el nivel de responsabilidad que deberían tener los ciudadanos del país.

“A grandes rasgos se ve el deseo del Fiscal General de continuar con un segundo mandato porque en este momento no hay aún una terna de candidatos, tanto para la Fiscalía General como para la Fiscalía Adjunta, hasta ahora se conoce de dos personas que se han autopropuesto, pero predomina una nebulosa en el país, como que no hay el interés de una postulación democrática”, aseguró.

Zambrano dijo que la Sociedad Civil, entre comillas, que es afín al Gobierno, está amalgamando el camino para una continuidad del cargo, lo cual sería un grave retroceso en materia de derechos humanos, al sostener una fiscalía que no ha sido respuesta hacia el Estado hondureño.

Sobre el por qué los abogados del país no quieren autoproponerse para Fiscal General o Adjunto, Zambrano destacó que en la elección anterior “ya estaba todo bajo la mesa y eso era nada más que validar un proceso viciado y ahora mismo los abogados que los hay muy buenos en el país, no están queriendo involucrarse porque se espera una siuación nula la que va a suceder y esos van a ser como esfuerzos fallidos”, concluyó.

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El medio surge para ayudar a los periodistas, trabajadores de los medios de comunicación y los grupos vulnerables de Honduras (jóvenes, mujeres, indígenas y personas LGBTI) a ejercer su libertad de expresión y documentar los abusos de derechos humanos.

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