El crimen de lesa humanidad ocurrió el 03 de diciembre de 2017, en Cofradía, en el departamento de Cortés, al Norte de Honduras, cuando el gobierno decretó un toque de queda a partir del 01 de diciembre de ese año. El muchacho fue una de las víctimas de esa resolución por parte del Ejecutivo.
El toque de queda tenía como principal objetivo parar las protestas que miles de personas realizaban después de que saliera a la luz pública datos contradictorios de los resultados electorales que llevaron a concluir que se trrastocó información para beneficiar a Hernández, que se lanzó en un segundo mandato a través de una reelección ilegal. Durante más de 10 días los cuerpos represivos estatales hicieron y deshicieron contra las personas.
Honduras es parte de los Estados que han ratificado la Convención contra las Desapariciones Forzadas de Personas por lo que no debería producirse ningún caso sino avances para evitarlo, sin embargo con este nuevo caso Honduras aparece otra vez como una nación donde la institucionalidad no castiga este crimen.
De acuerdo a un comunicado de la Coalición contra la Impunidad una delegación de esta red de organizaciones presentará un informe alternativo sobre el tema, donde con datos documentan el caso del joven Bautista y de personas desaparecidas en la ruta migratoria hacia los Estados Unidos, en especial de niñas y mujeres.
Aunque Honduras ratificó la Convención contra las Desapariciones Forzadas, hay informes de que se sigue con esta práctica deleznable que en los 80 dejó más de 184 personas desaparecidas cuyos familiares aún siguen buscando sus restos, mientras los responsables se mueven tranquilamente por las calles, algunos han sido beneficiados con amnistías , otros con puestos en diferentes instituciones del Estado y también fungiendo como asesores de seguridad tanto en el golpe de Estado y en otras ocasiones en situaciones donde hay protestas de sectores importantes del país que demandan derechos.
Coalición contra la impunidad señalará los entuertos del Estado y dará recomendaciones
