Los grupos indígenas y garífunas denuncian que los funcionarios del Gobierno llegan a las comunidades indígenas y garífunas a elaborar esas consultas, pero en ellas participan entre dos a cinco personas y no invitan a los sectores organizados como la Organización Fraternal Negra de Honduras, (OFRANEH) o el Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPINH, entre otras, y validan la consulta con personas que no representan a las comunidades sino a intereses de los grupos de poder.

La representante de la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH), Miriam Miranda, dijo a pasosdeanimalgrande.com que “desde hace varios meses el Gobierno inició los procesos de consulta con las comunidades, pero quieren validarlos sin la participación de las organizaciones que representan a las etnias de Honduras, y llevar el proyecto al seno del Congreso Nacional, diciendo que ya se consultó a los pueblos indígenas y eso no es cierto”, explicó.

Ley de la Consulta Previa e Informada

Miranda manifestó que “el Gobierno está a punto de introducir en el seno del Congreso Nacional una ley que va a ser dañina, totalmente contra los pueblos indígenas, la Ley de Consulta Previa e Informada. Ya en este momento la Mesa Indígena-Lenca y otras organizaciones, se están pronunciando contra esa ley”, agregó.

La representante de los garífunas adelantó que la Ley “en el artículo 21 establece que si los pueblos indígenas no participan en una consulta, entonces el Estado es el último en tomar la decisión, también mediante un decreto ejecutivo van a nombrar una figura que supuestamente es quien va a administrar y controlar todo el proceso de la consulta”.

Miranda citó que existe una ley que protege a las etnias de Honduras sobre los procesos de consulta que se establecen en el país, donde se habla de la autodeterminación de los pueblos indígenas, a través del Convenio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

“Es importante mencionar el hecho de que los pueblos indígenas tenemos la libertad a la libre determinación y no es porque el Estado diga: miren, siéntense aquí y ya está. Además, lo que hicieron fue varios talleres, unos con dos personas y otros hasta con quince personas y con eso decidieron implementar e impulsar esa ley”, amplió.

Miranda dijo que “hay que reconocer también que la relatora de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, dio una opinión y esta es importante, que el Estado tomara en cuenta la opinión de los pueblos indígenas, por otra parte, que por la falta de consulta fue asesinada la compañera Berta Cáceres y eso es como que se le olvida a la gente, porque ese Proyecto de Agua Zarca no tuvo consulta con la comunidad y por eso fue asesinada Cáceres”.

Qué dijo la Relatora sobre la consulta previa?

la Relatora Especial considera que las discusiones entre los pueblos indígenas, el Gobierno y los donantes en torno a la implementación de la consulta previa no deben centrarse exclusivamente en la aprobación de una ley dentro de un determinado plazo, sino en las obligaciones que el Estado ya debe cumplir en virtud del Convenio 169, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y los instrumentos y la jurisprudencia del sistema interamericano de derechos humanos, señala en su informe la Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, el 01 de agosto de 2017 después de su visita a Honduras que tuvo lugar del 17 al 20 de abril de 2017.

“Cabe reiterar que la ausencia de una regulación interna de la consulta no exime al Estado de su obligación de consultar a los pueblos indígenas conforme a estas fuentes normativas. Por tanto, se debe evitar una situación en que, por presiones políticas y económicas, se adopte una ley de manera apresurada que no sea coherente con los estándares internacionales y que al ser rechazada por la mayoría de los pueblos indígenas, termine generando mayor desconfianza y conflictos sociales”, reiteró Tauli-Corpuz.

La Relatora en su visita recibió información que el gobierno estaba apresurado por aprobar la Ley solamente para cumplir con exigencia del Banco Mundial , en ese sentido ella expresó que “la implementación de la consulta previa y de los derechos de los pueblos indígenas en general definitivamente debe formar parte de los acuerdos comerciales y financieros referidos anteriormente. Por ello, la Relatora Especial recomienda que, en vez de la aprobación de una ley, un acuerdo político del tipo mencionado anteriormente pueda considerarse un indicador del compromiso del Estado ante estas instituciones de cumplir con las obligaciones ya existentes en relación con los derechos humanos de los pueblos indígenas”.

Marchas de protesta

La lideresa de los garífunas no descartó las marchas de protesta para evitar que el Gobierno decida por los pueblos indígenas, al querer imponer una ley que evita la consulta previa y faculta al Estado a realizar los proyectos sin ningún tipo de aprobación de los sectores que serán afectados.

“Andamos ya hablando con las diferentes organizaciones y pueblos indígenas para tener un posicionamiento a esta nueva afrenta que hay y que es peligrosa para la vida y futuro de los pueblos indígenas”, adelantó.

Según Miranda, “recordemos que hay dos sentencias contra el Estado de Honduras por dos comunidades, la del Triunfo de la Cruz y otra de Punta de Piedra. En el caso del Triunfo de la Cruz, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos determinó que debía impulsarse una ley, pero consensuada con los Pueblos Garífunas y en este caso con la OFRANEH, ya que hay una sentencia emitida en el 2015 y que el Estado no quiere cumplir la sentencia. Le dieron dos años para cumplirla y esta es hora que todavía no cumple”, explicó.

Para los próximos días, comunidades indígenas y garífunas protestarán en la capital, tanto ante el Poder Ejecutivo como cerca de las instalaciones del Congreso Nacional para que no se apruebe la ley, la cual sería perjudicial para los pobladores de las zonas indígenas y garífunas de Honduras, finalizó Miranda.

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