Durante varias horas, tanto los familiares como los representantes de las organizaciones de derechos humanos, gritaron consignas y le dieron lectura a varios comunicados, exigiendo la liberación de Edwin Robelo Espinal y Raúl Eduardo Álvarez Ordónez, quienes se encuentran privados de libertad en el Centro Penal de Morocelí, más conocido como “La Tolva”.

Así mismo, la liberación de Gustavo Adolfo Cáceres Ayala y José Gabriel Godines Avelar, prisioneros en el Centro Penal de El Progreso y de Edy Gonzalo Valle, quien se encuentra recluido en Ilama, Santa Bárbara en la cárcel de máxima seguridad conocida como “El Pozo”.

De acuerdo a los manifestantes, existió de parte del Estado una clara violación de los derechos humanos y a los encarcelados se les violentó el derecho al Debido Proceso.

“Durante la crisis post electoral en Honduras fueron privados de su libertad por razones políticas 22 compatriotas. A la fecha de elaboración de este comunicado, han recobrado su libertad 17 personas, quienes tienen medidas sustitutivas a la prisión y han retornado a sus hogares, no obstante han sido documentadas acciones de represalias en su contra por efectivos de la policía, que los hostigan, allanan los domicilios de sus parientes y hacen vigilancia permanente de sus residencias.

Destacaron que ante la desnaturalización del delito político, la criminalización de la oposición política, el auge punitivo ,la aplicación de la doctrina del derecho penal del enemigo, la aplicación de la prisión preventiva sin garantías y el goce efectivo de derechos y oportunidades, propias de su estancia en reclusión, preocupa la precariedad en materia de salud, así como sus condiciones de seguridad alimentaria, de los detenidos.

Los representantes del Comité Nacional por la Liberación de los Presos Políticos en Honduras señalaron que existe preocupación por “la ausencia real de medidas que garanticen ser escuchados en libertad, así como la persistente negativa por parte de jueces y fiscales de aplicar de manera efectiva, las medidas sustitutivas a la prisión que no solamente impide la excarcelación de las y los prisioneros políticos, sino que además genera un estado de desasosiego e incertidumbre en sus familias y un ambiente de desconfianza en materia de seguridad jurídica”.

Los familiares de los presos políticos, al igual que las organizaciones de los derechos humanos, manifestaron que “la comunidad nacional e internacional ha sido testigo de las violaciones, por lo que insisten en la reclamación y exigencia del cese a la persecución y encarcelamiento de quienes se han manifestado en contra del actual régimen, producto de un fraude electoral”.

Destacaron que también las delegaciones internacionales de derechos humanos, así como el Relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,(CIDH sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad, Joel Hernández García, han visitado el país para constatar la situación de los presos políticos en Honduras.

“Exigimos al Ministerio Público suspender la acción penal contra todos los procesados que fueron capturados y privados de libertad, producto de las manifestaciones públicas contra el fraude electoral del 26 de noviembre de 2017, las que fueron brutalmente reprimidas por la Policía Militar del Orden Público, la Policía Nacional y soldados del ejército, siguiendo órdenes del dictador Juan Orlando Hernández”, indicaron.

Reafirmaron que no descansarán “hasta lograr la verdadera libertad de los presos políticos que aún se encuentran resistiendo dentro de las prisiones, las cuales son centros de tortura del régimen; así como también el regreso del compañero exiliado en Costa Rica, Eduardo Urbina”.

Apuntaron que “la existencia de presos políticos en el país, es un claro síntoma de falta de libertades políticas y, en consecuencia, es una situación propia de las dictaduras o de los regímenes que no son plenamente democráticos”.

“Solicitamos a las instancias internacionales basadas en el país, mantener la observancia sobre los juicios y la situación de la detención de los prisioneros políticos, en especial a la oficina del Alto Comisionado de las Naciones para los Derechos Humanos y las Cruz Roja Internacional. Exigimos a los diferentes Juzgados y Tribunales cerrar los expedientes que fueron abiertos por motivaciones políticas vinculadas a la protesta pública. Ordenar la libertad de las personas bajo la categoría de prisión preventiva”, concluyeron.

Las organizaciones que integran el Comité Nacional por la Liberación de los Presos Políticos son: los Familiares de los Presos Políticos, Convergencia contra el Continuismo, Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), Colegio de Pedagogos de Honduras (Colpedagogosh), Mesa de Indignados de El Progreso, Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras (Copemh), Colectivos de la Kennedy y La Miraflores, y el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Bebida y Similares (Stibys).

También el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), Vía Campesina, Observatorio Ecuménico Internacional de Derechos Humanos (OEIDH), Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (Eric), Coalición contra la Impunidad, Coalición contra Impunidad, Coquimbo y Departamento 19.