La cantidad de víctimas de homicidio alcanzada en los últimos 10 años incrementan a 262 personas de la comunidad LGTBI, reportando que solo en el año 2017 fueron 34 muertes violentas, con rasgos de tortura.

En junio del 2014 la trabajadora sexual y transexual Mónica Shakira Reyes fue agredida por una persona a la que había ofrecido sus servicios sexuales y después de un intercambio de palabras surgió la agresión de parte del cliente y acompañante, luego de esto llegó una patrulla con varios militares que le detuvieron. Los militares dejaron expuesta a la víctima para que su agresor prosiguiera agrediéndola, sumando a este ataque que un militar también la agredió.

En una entrevista para pasosdeanimalgrande.com (PAG) el abogado Víctor Fernández(VF) Coordinador de Asuntos Políticos del Movimiento Amplio por la Dignidad y Justicia narró que el requerimiento fiscal se presentó el 04 de agosto del 2014 por los delitos de Violación de los Deberes de los Funcionarios.

PAG: Ya han pasado cerca de cuatro años desde que se realizó el requerimiento fiscal, ¿a qué se debe que el juzgado tardara tanto en llevar a cabo este procedimiento judicial­­?

VF: Los procesos aunque tienen un plazo legalmente predecible en la practica la mayoría de procesos penales están condicionados con la agenda de los tribunales por la mora que hay y que estos vayan desarrollando varias fases por lo que hubo retrasos.

PAG: ¿en cuánto a la primera persona que agredió a Shakira qué proceso se llevó con él?

VF: Hubo denuncias recíprocas, el señor que se llama Rolando Medina en su momento presentó denuncia contra Shakira por el delito de daños porque según él Shakira le quebró el vidrio del carro y ésta lo denuncio a él por el delito de agresiones, este proceso se condujo a nivel del Juzgado de Paz y ambos sujetos del proceso suscribieron en un acuerdo de reconciliación para poner fin a la contienda.

PAG: Con este nuevo fallo y tras las alarmantes cifras de violaciones a derechos humanos, ¿usted considera que estas cifras bajarán o al menos entes que se supone brindan seguridad acatarán su debido trabajo sin uso de discriminación de cualquier sector?

VF: fíjese que uno de los argumentos que yo manejé en la audiencia justamente son esos índices, yo lo interpreté como una especie de la normalidad con la que se agreden y violentan los derechos de sectores vulnerabilizados en el país, y es ese sector donde están los miembros de la comunidad LGTBI y con mayor énfasis los de esta comunidad que se dedican a desarrollar su trabajo nocturno como trabajadoras sexuales y nosotros peticionamos al tribunal que acatara una serie de recomendaciones que han habido por distintas instancias internacionales en materia de derechos humanos, específicamente las que se hicieron en el marco del Examen del Periódico Universal, EPU,   de 2015.

Es necesario que hallan mensajes de las instituciones de aquí del país incluyendo los tribunales que son representados a romper esas estadísticas y normalidades con la que se violentan los derechos de las personas y sobre todo estos casos donde hay una participación muy evidente de funcionarios que son encargados de hacer cumplir la ley o justicia como son los policías y militares.

Entonces yo no creo que el caso por sí solo vaya a a disminuir esa tendencia o estadísticas graves que hay sobre la violación a derechos humanos pero si marca un precedente que rompe esa normalidad con que los policías, militares y funcionarios del estado por acción o por omisión violentan los derechos de la comunidad LGTBI y nunca son alcanzados por la justicia y en este caso personalmente yo me mantuve representando una víctima bastante vulnerabilizada por su condición de ser parte de esa comunidad .

Al finalizar Fernández añadió que el 25 de julio de este año se realizará la audiencia de individualización de la pena de Violación a los Deberes de los Funcionarios que oscila entre 3 a 6 años de reclusión.

Recomendaciones del EPU 2015 sobre LGTBI Honduras

Honduras recibió 13 recomendaciones sobre los derechos de la Comunidad LGBTI, de éstas el Estado aceptó ocho, observó tres y rechazó dos, estas son algunas de las aceptadas:

Implementar políticas y programas que promuevan la tolerancia y la no discriminación en contra de las personas LGBTI y que garanticen de conformidad con las actuales normas el castigo contra la violencia y delitos motivados por prejuicios.

Tomar más medidas para la efectiva investigación, persecución legal y castigo de crímenes contra personas LGBTI y las mujeres, incluyendo femicidios, así mismo crímenes contra defensores de derechos humanos, periodistas, trabajadores de justicia y miembros de la comunidad de campesinos del Bajo Aguan.

Asegurarse que todos los crímenes de odio sean debidamente categorizados e investigados Adoptar una ley de identidad de género que reconozca legalmente la identidad de las personas en el registro nacional16de acuerdo a su imagen, identidad, orientación sexual y de género.

Asegurarse que la ley de Identidad de Género que se encuentra en el Congreso Nacional sea debidamente aprobada, adoptada e implementada.