En conferencia de prensa ante los medios de comunicación y la población hondureña, sentaron su posición en torno al juicio que se ventilará en los próximos días en los tribunales de justicia contra los supuestos autores materiales del crimen, pero señalaron que quien está movimiento las teclas es la empresa hidroeléctrica Desarrollos Energéticos, S.A, DESA.

El crimen contra la Coordinadora del COPINH se ejecutó el 02 de marzo de 2016 en La Esperanza, Intibucá. Desde el principios se pretendió presentarlo como un asesinato pasional o de disputas internas dentro de la organización, para que quedara aislada la investigación hacia DESA. Nueve de los supuestos gatilleros están tras las rejas, no así los responsables intelectuales ha señalado la familia Cáceres .

Los imputados representan el eslabón del crimen 

“En pocos días nos vamos a presentar a una audiencia de proposición de pruebas sin tener la posibilidad de acceder a toda la evidencia recolectada desde hace dos años en allanamientos y diligencias judiciales e investigativas, realizaas por el Ministerio Público y la Agencia Técnica de Investigación (ATIC). En por lo menos 35 ocasiones la fiscalía del caso ha negado información o lo ha hecho de forma parcial, segmentada o de manera irregular”, indicaron en un comunicado.

Señalan en el informe que han presentado solicitudes específicas de la información necesaria para asistir a un juicio con las garantías debidas y el Ministerio Público las ha ignorado, así como las reiteradas órdenes judiciales por parte del Tribunal de Sentencia para entregar la información, como la que venció el viernes pasado, después del vencimiento del término de cinco días”.

Destacaron que “desde el día del asesinato, el Ministerio Público y el Estado de Honduras han negado sistemáticamente el acceso a la verdad, a la información básica sobre lo sucedido. Le han negado al pueblo Lenca y al pueblo hondureño en general, la verdad sobre lo ocurrido con la compañera Berta Cáceres, esto a pesar de las intermediaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,(CIDH), las misivas de organismos de las Naciones Unidas y del Parlamento Europeo”.

Los abogados, el COPINH y la familia de Berta Cáceres, denunciaron que la actitud de las autoridades hondureñas únicamente beneficia a los responsables del asesinato de la ambientalista y a los autores intelectuales que aún no han sido procesados.

“El juicio al que nos presentamos es contra las personas que fueron pagadas para asesinar a Berta Cáceres, sicarios y mediadores, quienes son vínculos básicos con quienes dieron la orden de asesinar a la lideresa del COPINH, sin embargo, desde la perspectiva de las autoridades se busca limitar el acceso a conocer estas vinculaciones y procesar a los autores intelectuales”, afirmaron.

Según los denunciantes la ausencia de persecución de quienes desde cargos directivos mandaron a asesinar a Berta Cáceres, “es responsabilidad del Fiscal General Oscar Chinchilla, quien desde su posición ha sido complaciente a las irregularidades y la falta de investigación de los autores intelectuales obvios del crimen”.

En este juicio nos enfrentamos a la defensa de DESA y a un crimen de Estado

Berta Zúniga Cáceres , hija de la asesinada defensora de la tierra y del ambiente, dijo que “debe saberse que David Castillo Mejía, gerente general de DESA, perseguidor y acosador de Berta Cáceres, fue capturado no por voluntad o investigación del Ministerio Público, sino por una denuncia hecha por nuestro equipo, la cual fue presentada únicamente para él, sino por una serie de personas de la empresa DESA y no hay ninguna respuesta”.

Otro aspecto que apuntaron es que en este juicio se emula la realidad de los territorios indígenas y campesinos de Honduras, en los que las comunidades organizadas se enfrentan a las empresas. “En este juicio no nos enfrentamos a la defensa de Sergio Rodríguez sino a la defensa de la empresa DESA, de sus directivos y dueños. Nos enfrentamos también a unas autoridades complacientes con la impunidad, tal como en las violaciones de los derechos de las comunidades”.

Para los denunciantes existe beneplácito del Estado, que busca acabar con la oposición a cierta forma de desarrollo que trae hambre, destrucción, lágrimas y sangre a las comunidades más abandonadas por el mismo Estado. “Con su beneplácito se niega incluso la condición de víctima del COPINH”, concluyeron.