En julio de 2016 el Congreso Nacional aprobó, por unanimidad y con dispensa de dos debates, el proyecto de decreto mediante el que se crea la Unidad de Investigación de Muerte Violenta de Mujeres y la Comisión Interinstitucional y Seguimiento de las Investigaciones de Muertes Violentas de Mujeres y Femicidios.

La comisión está integrada por el Ministerio Público a través de la ATIC y la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV), el Congreso Nacional a través de las comisiones de equidad de género y de seguridad, Secretaría de Seguridad, Poder Judicial, Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización, Instituto Nacional de la Mujer (INAM), Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) y tres representantes de organizaciones de mujeres que trabajan en la prevención de la muerte contra mujeres.

Suyapa Martínez, directora del Centro de Estudios de la Mujer (CEM-H), indicó a pasosdeanimalgrande.com que a pesar que el decreto fue aprobado en el 2016 hasta este 16 de agosto de 2018 pudieron reunir de manera formal a las instituciones involucradas.

Las organizaciones de mujeres vienen trabajando desde el 2016 en planteamientos al Congreso Nacional, “elaboramos un anteproyecto de Ley de reforma a la Ley del Ministerio Público (MP) en donde en el Decreto No. 106-2016 se creaban las unidades de investigación de muertes de mujeres y femicidios, adscritas a la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y también en el Artículo No. 2 se plantea la creación de una Comisión Interinstitucional de seguimiento a las investigaciones de muertes violentas de mujeres y femicidios”, indicó Martínez.

Dicho anteproyecto de reformas a la Ley del Ministerio Público fue presentado por la diputada Fátima Mena del Partido Libertad y Refundación (Libre), como parte de la Comisión de Género en el Congreso Nacional, pero fue elaborado por las organizaciones de mujeres.

“Desde que se publicó el decreto ya vamos casi a dos años y entonces hemos estado presionando y convocando a los entes del Ministerio Público y a las instituciones que integran la comisión: al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, CONADEH, a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras,(OACNUDH), la Organización de las Naciones Unidas para las Mujeres (ONU-Mujeres), para poder regular o reglamentar a la Comisión y que una vez instalada comience a tener acciones avanzadas”, agregó.

Martínez afirmó que para ello hicieron cinco reuniones previas, pero lo que pasó es que si este decreto no se alza a nivel del Poder Ejecutivo, para que sea él quien instale la Comisión sin eso no será vinculante.

Institucionalidad

Las organizaciones de mujeres ya no creen en la institucionalidad del Estado y aseguran haber perdido la confianza en la misma.

“Nosotras aunque nos cuesta ya no creemos en la institucionalidad, porque realmente hemos perdido la confianza en estas instituciones y en comisiones porque ya participamos en algunas donde ya hicimos un análisis y queremos que se instale esta Comisión”.

Del 2003 al 2018 ya van más de 6,000 casos de femicidios y más del 90 por ciento están en la impunidad y hay una serie de debilidades, tanto en la Dirección de la Policía de Investigación (DPI), como en el mismo MP y en los fiscales sobre los procesos de investigación, “entonces se requiere de un espacio en donde se puedan hacer propuestas, en donde los entes involucrados se sientan vigilados, auditados ,se les interpele para que avancen las investigaciones de femicidios y hacia allá van los alcances del proyecto”, explicó.

La Directora del CEM-H destacó que a través de la Secretaría de Derechos Humanos y el Instituto Nacional de la Mujer,(INAM), presionaron para que se hiciera esta instalación de la Comisión y el día de ayer -16 de agosto- ya se instaló”, dijo con un grado de satisfacción.

Para las organizaciones de mujeres y feministas, “esto es un gran reto, aunque allí hay compromisos públicos en donde se comprometió Juan Orlando Hernández diciendo que se asignarán renglones presupuestarios tanto para sostener a la Comisión como para las acciones que se realizarán para ampliar las unidades tanto en la ATIC para la investigación de femicidios y también crear las unidades en la Policía de Investigación”.

Martínez agregó que desde la comisión se pueden impulsar varias propuestas y como la Secretaría de Seguridad que es parte del Poder Ejecutivo, está en poder de ellos crearlas y si las decisiones de la comisión son vinculantes, tienen que hacerlo, ya que hay un compromiso”, detalló.

Prevención

En el decreto también se contemplan acciones de prevención para evitar se sigan produciendo más muertes de mujeres.

Se pretenden realizar acciones de prevención de femicidios porque una cosa es encontrar a los responsables y reducir la impunidad y otra cosa son las acciones de prevención para que no maten a las mujeres, esto tiene que ver con la violencia doméstica y que esto se atienda a tiempo, en que lugares se está cometiendo violencia doméstica y que se hagan campañas intensas de prevención, reclacó.

Presupuesto

Pero como en todo para que funcione debe existir un presupuesto, el Ejecutivo pidió a las organizaciones que integrarán la comisión trabajar en los presupuestos y en las políticas públicas que se pretenden implementar lo más pronto posible.

Martínez afirmó que tuvieron la primera reunión aceptada por el gobierno, allí se propusieron diferentes acciones y una de las primeras líneas es la presupuestaria ya que sin presupuesto no se va a ningún lado.

“Para trabajar en la parte presupuestaria, cada institución encargada de la investigación y de prevención está obligada antes del próximo lunes, a presentar una propuesta presupuestaria ya que el presupuesto total no ha sido enviado al Congreso Nacional , el mismo se manda hasta septiembre y después se empieza la socialización entre las mismas instituciones, estamos cortos de tiempo para que se presente eso, pero tendrán deben hacerlo ya que es su obligación”.

Mencionó que el papel de las organizaciones de mujeres es de vigilar, hacer propuestas y denunciar si las cosas no se están haciendo bien, “esperamos que valga la pena el esfuerzo porque nos costó exigirle a las instituciones de mujeres que estamos involucradas en esto y no es fácil con un gobierno que está muy cuestionado impulsar este tipo de proyectos”.

Comisión

Las organizaciones que integran la Comisión a nivel de propietarios son: El Movimiento de Mujeres por la Paz “Visitación Padilla”, el Centro de Estudios de la Mujer,(CEM-H), la Asociación Calidad de Vida. Como suplentes están el Grupo de la Sociedad Civil, GSC, Organización Intibucana Las Hormigas, Articulación de Mujeres de la Vía Campesina y las Ecuménicas por el Derecho a Decidir.

Reglamentación

Para la reglamentación de la ley las organizaciones de mujeres elaboraron una propuesta antes de instalada la comisión, la cual pasará a revisión de todas las instituciones.

“Tenemos una propuesta de reglamento para la Comisión y también hay una de reglamentación para las unidades de investigación, las trabajamos de manera conjunta con el Ministerio Público y la propuesta de la Comisión Interinstitucional de Seguimiento a las Investigaciones de Muertes Violentas de Mujeres y Femicidios, con las organizaciones”, dijo la representante del CEM-H.

Destacó que “las organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres y feministas, pidieron se amplíe la cobertura en las investigaciones de muertes de mujeres o femicidios, porque son pocos fiscales los que hay y no son todos los investigadores que están en el país ya que actualmente están concentrados en Tegucigalpa y San Pedro Sula y para eso se requiere mejorar las coordinaciones entre las direcciones de la policía de investigación, Medicina Forense y la ATIC.

A nivel de Medicina Forense se propone la creación de unidades forenses especializadas en femicidios”, reiteró.

Defensoras

En cuanto a los casos de violaciones a los derechos humanos de las defensoras, Suyapa Martínez reafirmó que para eso está el Mecanismo de Protección y es potestad del Consejo Nacional de Protección,

Aclaró que si se diera un homicidio de una defensora de derechos humanos como por ejemplo el caso de Berta Cáceres, sí compete elevarlo a la Comisión, nosotras vamos a colocar en debate el caso de Berta Cáceres y de Margarita Murillo, que están pendientes de resolverse y que está en investigación, al igual que otros casos como el de las trabajadoras domésticas que han sido asesinadas recientemente y otros que nosotras tenemos ya en listado”, destacó.

El INAM tendrá que proponer a las instituciones gubernamentales aunque no sean parte de la comisión, como la Secretaría de Educación o la Secretaría de Salud, entre otras, acciones de prevención en los casos que amerite la intervención, señala la ley.

Para la defensora de los derechos de las mujeres hay que hacer un plan de trabajo, todas tenemos muchísimas ideas para proponer, por ejemplo un Sistema Integral de Protección para los hijos e hijas de las mujeres que han sido víctimas de femicidio, estos hijos se crían sin padres o con los abuelos y no tienen recursos para sostenerlos, dejan de estudiar y después incursionan en otro tipo de actividades y debemos de prevenir esas cosas”.

De acuerdo al planteamiento de las organizaciones de mujeres los niños son víctimas también porque a sus madres las asesinaron y porque hay un Estado irresponsable o que no toma medidas para que no maten a las mujeres.

Ciudad Mujer

Sobre la utilización dentro del proyecto que implementará el gobierno y las organizaciones se mencionó el de Ciuda Mujer.

“El Proyecto Ciudad Mujer no forma parte de la Comisión, pero a través de las instituciones como el INAM o la Secretaría de Derechos Humanos, tendrán que implementar acciones, porque es a través de la Comisión que se van a realizar propuestas de acciones cuando las mismas sean necesarias”.

Caso de los juzgados

Martínez dijo que existen instancias en el Poder Judicial que no dan respuestas precisas a la violencia que pasan las mujeres en el país, es el caso de los juzgados en donde se interponen las denuncias de violencia doméstica.

“Un ejemplo claro es la participación de los juzgados, donde las mujeres ya habían presentado denuncias pero los juzgados no realizaron acciones a tiempo con las medidas de seguridad como aislar a los agresores, entonces en esos casos hay responsabilidad estatal de lo que les sucedió a esas mujeres y para ello se estaría invitando a las autoridades de los juzgados para hacerles esas propuestas, asimismo con las autoridades del Poder Judicial y con todos los que sean necesarios para corregir ese entuerto”, finalizó.