El objetivo de la misión de la Coalición contra la Impunidad, estuvo conformada por unas 19 organizaciones que se entrevistaron con diferentes autoridades estatales de la zona, defensores y defensoras de derechos humanos de Guapinol, así como con periodistas y comunicadores sociales, sobre el desalojo violento ocurrido el 27 de octubre de 2018 por militares y policías, que dejó un sin número de violaciones a los derechos humanos.
La Coalición entregó un comunicado a distintos medios de comunicación donde señaló las irregularidades de la concesión emitida a la empresa minera y que es productor de prácticas corruptas en el Congreso Nacional.
“Establecemos que la concesión del proyecto extractivo minero ASP 1 y ASP 2 otorgado a favor de la empresa Inversiones Pinares, propiedad del señor Lenir Pérez, es producto de prácticas legislativas irregulares y corruptas para favorecer el despojo territorial por parte de empresas privadas. Es una ilegalidad suprema que el decreto 127-2012 que declaró como área protegida la montaña de Botaderos, ahora Parque Nacional Carlos Escaleras, haya sido reformado mediante decreto 252-2013 presentado por el ex diputado nacionalista Ricardo Antonio Díaz Aceituno, ampliando la zona de amortiguamiento y dando acceso ilegal a la explotación minera”, dice uno de los enunciados del documento.
Asimismo enumera las instituciones del Estado que son responsables de otorgar la licencia ambiental que ha provocado los derechos al agua, al medio ambiente sano y a la salud de miles de personas.
También en el comunicado denunciaron las campañas de estigmatización “organizadas por la empresa Inversiones Pinares, para deslegitimar la lucha legítima de las comunidades y organizaciones y personas que resisten a la voracidad y corrupción estatal y privada”.
Denunciamos la incursión bélica y la violencia extrema por parte de al menos 1,500 agentes policiales y militares el día 27 de octubre contra “Campamento Guapinol en Defensa del Agua y la Vida” cuando realizaron un desalojo forzoso. 10. Denunciamos la obstrucción a la labor informativa, las amenazas y la violencia contra las y los periodistas al momento de cubrir el ilegal desalojo, agrega el extenso comunicado.
Seguimos en pie de lucha
Pedimos al gobierno que nos quite la militarización porque no somos un grupo de vándalos, señaló, Juana Zúniga del Comité Pro Defensa de los Bienes Comunes y Públicos, organización que se mantiene en pie de lucha para evitar la destrucción de sus fuentes de agua por la minera Inversiones Los Pinares.
La comunidad de Guapinol ha realizado diversas acciones en defensa de su medio ambiente el cual están siendo destruido según denunciaron, por las operaciones de la empresa minera.
Desde el momento de la visita como misión no hemos parado en el tema del acompañamiento a la comunidad de Guapinol, vamos a presentar varios recursos legales en las diferentes instancias para continuar en el respaldo al comité, uno de ellos, tiene que ver con la ilegalidad del decreto que reformó la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Carlos Escaleras, posteriormente vamos a regresar al campamento, para continuar con el respaldo a la comunidad, destacaron.
Hay un aproximado de 15 familias que han tenido que salir de la zona por miedo a la persecución.
Las preocupaciones
“Una de las cosas que tenemos que destacar que como misión tuvimos una reunión con la representante del Comisionado Nacional de Derechos Humanos,(CONADEH), en Tocoa, a nosotras nos parece que hasta esa fecha del 02 de noviembre la funcionaria no había podido ir a la comunidad de La Ceibita, que esta sitiada por sicarios, informó Yessica Trinidad, Coordinadora de la Red de Defensoras de Derechos Humanos de Honduras.
Después de la toma de la municipalidad por 11 días, no se escuchó al pueblo, la petición es un cabildo abierto y cancelación de las concesiones mineras. Se ha hecho una búsqueda de información, no hemos tenido respuesta, ni de los entes estatales a través del gobierno central, ni de la municipalidad de Tocoa, además el comité ha estado permanentemente en la búsqueda de soluciones, narró Esly Banegas, de la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán, COPA.
Banegas describió que lo que han obtenido es 18 órdenes de captura para sus compañeros, un desalojo violento siendo el juez ejecutar un miembro de la DPI, un compañero asesinado, un herido de bala, dos muertes militares, una casa y un bus quemados, hay familias desplazadas, persecución permanente, “es un ambiente de guerra”.
Gabriela Soto, pobladora de Guapinol denunció que han criminalizado haciéndoles ver como un grupo organizado para el vandalismo, pero se ha luchado por un campamento pacifico en defensa del agua. “Ahora no se puede transitar libremente en nuestra comunidad porque ha sido militarizada horriblemente, están entrando tres o cuatro a diario a nuestra aldea, no podemos caminar o circular libremente como antes”.
Describió que tres meses después que estaban en el campamento el agua del rio iba aclarando, “llorábamos de la alegría al ver lo que habíamos logrado, paramos esa maquinaria, pero qué pasa después, bueno hace tres días llovió, el agua ya bajó con sedimento de carretera, eso nos hace pensar que esta empresa está subiendo maquinaria y ese sedimento que está suelto vuelve a caer al rio y así provoca que el agua vuelva a salir como chocolate”, señaló Juana Zúniga dirigente del Comité Pro Defensa de los Bienes Comunes y Públicos.
Zúniga dijo que “no hay palabras para describir la intimidación que nos hacen los militares, y hay compañeros que viven cerca del río que han tenido que abandonar sus casas por temor a que les hayan a hacer algo malo “.
Lea el comunicado íntegro Aquí
