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Hubo 104 protestas en 2018: Gobierno de JOH no logró desarticular manifestaciones en Choluteca

Posted On Sábado, 29 Diciembre 2018 19:17 Written by Jairo López y Dina Meza
Hubo 104 protestas en 2018: Gobierno de JOH no logró desarticular manifestaciones en Choluteca Foto:Noticiero El Informador

Hasta este sábado 29 de diciembre de 2018, la población de Choluteca se manifestó sin parar al menos 104 veces en las calles desde el 27 de noviembre de 2017, realizando dos manifestaciones por semana, los miércoles y sábados. Aunque se desplazó mucha fuerza represiva, aparatos de inteligencia, armas, balas de goma, bombas lacrimógenas y toda una campaña mediática de desprestigio a las movilizaciones, el gobierno de Juan Orlando Hernández salió derrotado por la decisión del pueblo de la zona Sur que decidió no parar.

 El 27 de noviembre de 2017 se instalaron las denominadas "marchas", quizá son pocas las personas que no han ido a las mismos que son el rechazo en principio al fraude electoral que llevó al poder al mandatario Juna Orlando Hernández, pero después se fueron sumando otras exigencias como el cese de los altos cobros de la energía eléctrica por la Empresa Energía Honduras, EEH; la demanda de castigo a los responsables de la corrupción en el Hospital del Sur y la toma de los territorios por compañías de energía fotovoltaica, sin consulta a la población.

efectos represivos 

Represión del gobierno de JOH no logró desarticular "Las Marchas" en Choluteca en 2018

La represión ha fortalecido el derecho a la protesta en Choluteca, las personas que salen a manifestarse que son de diferentes edades, entre ellas ancianos, jóvenes, mujeres y activistas sociales, defendieron durante todo este año su derecho a la protesta social, muy reprimida durante el régimen de Juan Orlando Hernández.

El año pasado en el marco de estas manifestaciones fue muerta una persona, hay entre 25 a 30 judicializadas y decenas de heridas y gaseadas, pero quienes participan en "las marchas" no se rinden, la asistencia oscila entre 500 a mil personas cada miércoles y sábado, si se multiplica este rango por 104 protestas sumarían más de 100 mil personas que se arriesgaron a protestar a pesar de estar en riesgo su vida.

En este contexto los defensores y defensoras de derechos humanos y los periodistas que no siguen la agenda oficial han sufrido una serie de ataques por parte de las fuerzas represivas del Estado.

Entre los periodistas figura Jairo López quien fue secuestrado por policías encapuchados el pasado 10 de noviembre de este año para cumplir una orden de captura que no le mostraron, siendo llevado después al Juzgado de San Lorenzo, Valle donde enfrenta un juicio por parte de la EEH acusado de daño y a quien se le ha prohibido referirse o acercarse a la compañía por parte de un juez que lleva la causa y que es el mismo que fungió como apoderado legal en una querella incoada en el 2015, pero la cual fue cerrada por la defensa legal del comunicador social, que está representado a través de la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos, ASOPODEHU, igual en el actual juicio.

Bombas contra los cuerpos

Las bombas lacrimógenas son lanzadas contra los cuerpos de los manifestantes a quienes también toletean o les impactan balas de goma. La diseminación de gran cantidad de gases tóxicos ha dejado intoxicadas de centenares de personas. Jefes policiales ordenan lanzar bombas contra comunicadores sociales, entre ellos Jairo López y Melissa Hernández.

 López denunció que en octubre pasado el Inspector de apellido Cruz ordenó a sus subalternos tirarle bombas lacrimógenas en sus pies mientras cubría una manifestación, y este día 29 de diciembre de 2018 los policías Cueva y Morán intentaron golpear a la escolta del comunicador cuando este cubría la represión que se llevaba a cabo contra la población que se manifestaba.

Vea las demandas de la población en estos videos de El Noticieron El Informador del periodista Jairo López:

 

Un manifestante muestra las balas de goma lanzadas por la policía contra los cuerpos de los manifestantes:

 

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El medio surge para ayudar a los periodistas, trabajadores de los medios de comunicación y los grupos vulnerables de Honduras (jóvenes, mujeres, indígenas y personas LGBTI) a ejercer su libertad de expresión y documentar los abusos de derechos humanos.

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