Entre los cuatro expedientes manejados en dicho tribunal se encuentran uno por violencia doméstica; otro femicidio; el tercero referente a la defensa de territorio por parte de mujeres lencas y el último relacionado a la criminalización de mujeres en La Paz, que hicieron uso del derecho a la protesta pacífica para proteger sus tierras pero fueron criminalizadas por el Ministerio Público a través de procesos penales por el delito de usurpación.

En este tribunal alterno participaron autoridades locales del Departamento de La Paz y juristas feministas nacionales e Internacionales, como una acción para romper barreras, conocer el acceso a la justicia en casos de mujeres, para generar un espacio de reflexión, debate y propuesta.

Esta actividad se generó como parte del “Proyecto Mejorando el Acceso a la Justicia de la Población Lenca del Departamento de la Paz”, por la coalición conformada por el Centro de Estudios de la Mujer-Honduras (CEM-H), la Agencia Católica Irlandesa de Cooperación para el Desarrollo (TROCAIRE), el Centro Hondureño de Promoción para el Desarrollo Comunitario, CEHPRODEH), el Comité de Familiares Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), programa EUROJUSTICIA, de la Unión Europea, que promueve una justicia rápida y accesible en Honduras.

En el país desde el 2009 al 2018 se han cometido 4 mil 736 muertes violentas, de las cuales solo han ingresado al Poder Judicial mil 496, es decir el 31%, y en los últimos dos años solo se han resuelto 11 casos. Actualmente por violencia contra las mujeres en el Departamento de La Paz se han presentado entre 500 a 600 denuncias, lo que representa el 3% del total nacional.

Análisis y resolución de casos

El primer caso presentado por Evelyn Cuellar, de la Red Departamental de Defensoras del Departamento de La Paz, se trata de la denuncia por violencia doméstica contra el alcalde de San José , de La Paz, Roberto Vásquez, por su esposa Rubí García, quien lo denunció en el Ministerio Público.

Sin embargo cuando acudió en búsqueda de justicia, como respuesta fiscales encargados le sugirieron que no acusara al funcionario porque lo iba a afectar por ser una figura pública, ella aceptó la recomendación, pero tres días más tarde fue denunciada por violencia psicológica por parte del edil. Esta acción lo favoreció a él evitando que hiciera el trabajo comunitario en su localidad y lo efectuara en Marcala, un municipio a más de una hora de camino de su residencia.

El Tribunal Alterno examinó la conducta de los fiscales y determinó que la denunciante fue desanimada para que continuara con el proceso y el Estado hondureño obvió su responsabilidad de acompañarla castigando al responsable.

Dicho tribunal admitió la solicitud de revisión del caso, observó con preocupación que se obvió por parte de los tribunales hondureños la Convención Interamericana de Belén Do Pará y la Convención contra todas las Formas de Discriminación y Violencia contra la Mujeres, CEDAW, declarando con lugar la denuncia, para lo cual esa instancia alterna recordó que debe entenderse como violencia contra la mujer cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño o sufrimiento físico y psicológico tanto en el ámbito público como privado , además que se evidencia la falta de protección estatal contra la violencia.

“Se exige al Estado de Honduras, el acceso a la justicia y mejorar los sistemas de investigación en cuanto a las mujeres, la denuncia por el riesgo de sus vidas y de su familia cercana; iniciar un proceso de discusión en materia de violencia con el fin de evitar la impunidad, formar a los funcionarios para sensibilizar y garantizar una justicia eficaz”, señala parte de la resolución.

A juicio alterno un femicidio

El segundo caso fue presentado es por Ana Carcedo, de la organización CEFEMINA, de Costa Rica sobre el asesinato de Martha Isabel Argueta, cometido en el 2009, por su esposo Fredy García , quien le infirió un disparo frente a su hijo de cinco años.

El caso fue catalogado como un femicidio y el Ministerio Público presentó requerimiento fiscal contra el responsable, pero el juez no tomó en cuenta el testimonio del niño hijo de la occisa, por ser menor de edad. El togado dijo no haber encontrado indicios de que el imputado tuviera participación en el crimen. Una de sus hermanas tuvo conocimiento del asesinato pero no se presentó a declarar ante el juez por temor contra su vida y la falta de protección por parte del Estado.

El tribunal resolvió condenar al Estado de Honduras por la falta de investigación y persecución del delito de femicidio en contra de Martha Isabel Argueta y ordenó garantizar a la familia de la víctima justicia y reparación; y a la sociedad la garantía de no repetición de los hechos. Asimismo que las instancias judiciales deben ser monitoreadas para que actúen con diligencia cuando se trate de un femicidio.

Otra de las conclusiones de los jueces es que no se garantizó la justicia, se revictimizó al niño , se pasó por alto los convenios internacionales de protección a los derechos de las mujeres al no considerar la declaración del menor como un indicio para dictar auto formal procesamiento, “reconocemos que en el caso de femicidio es necesario sancionar para evitar la repetición de los mismos”, señaló el tribunal.

Criminalización por defensa de tierras

El tercer caso fue presentado por Andrea Pineda, de CEHPRODEH, relacionado con el Comité de Indígenas Santiago Apóstol. Unas 20 personas de las cuales siete son mujeres,  fueron acusados de usurpación por la señora Leticia Osorio. El Ministerio Público emitió una orden de captura, apresando a las mujeres y hombres, a quienes se les impuso las medidas cautelares de no salir del país y estar firmando el libro correspondiente una vez a la semana al principio y posteriormente se cambió la medida a firmar cada mes.

Esa disposición les obligó a caminar tres horas para tomar un bus que les llevaría al tribunal de Marcala donde debían firmar. En muchas ocasiones las personas afectadas debían pasar hambre y dormían a la intemperie por no contar con los recursos económicos necesarios para cubrir esos gastos.

En este caso el tribunal alterno decidió que se debían reparar a las víctimas por parte del Estado hondureño, además de investigar y sancionar a los funcionarios que limitaron el libre ejercicio de defensa del territorio por parte de las defensoras del Comité Santiago Apóstol.

A ellas también les debían dar disculpas públicas a través de y un pronunciamiento donde se resaltese la labor de la organización indígena, además de pagar indemnización por los daños causados.

El cuarto caso presentado por Wendy Cruz de Vía Campesina y de la Plataforma 25 de Noviembre a favor de la Empresa Asociativa campesina 9 de Julio , donde se denunció que el Instituto Nacional Agrario, (INA), les acusó de usurpación ante el Ministerio Público, que presentó un requerimiento fiscal, lo que contribuyó a que se realizaran 27 acciones de desalojo forzoso donde participó el ejército que con su acción represiva provocó abortos contra mujeres.

El tribunal resolvió condenar la práctica de uso indebido y desproporcionado de la fuerza por parte de los entes militares que ocasionaron tortura, intimidación, violencia física y psicológica contra las mujeres.

Asimismo se condenó a los operadores e justicia de La Paz porque sus acciones fueron practicadas sin la observancia del principio de objetividad al ordenar 27 desalojos en el lapso comprendido del 2013 al 2017; la falta de institucionalidad administrativa del ente rector de la reforma agraria como mecanismo principal para el acceso a la tierra.

“En el presente caso se reconoce violaciones a los derechos a la vivienda y propiedad al no seguir los protocolos establecidos para evitar que se vulneren los derechos especialmente de las mujeres, los desalojos no deben realizarse de manera violenta", destacó el Tribunal Alterno.

Con el Tribunal Alterno queremos mandar un mensaje a los operadores de justicia

Suyapa Martínez, representante del CEM-H dijo que “mirábamos la necesidad de que las mujeres conocieran sus derechos, que se bajaran los niveles de agresividad de los operadores de justicia, que dieran una mejor atención porque habían muchas barreras de acceso a la justicia. A las procuradoras legales no se les permitía acompañar a las mujeres en las audiencias por violencia. Con este Tribunal Alterno se pretende que se mande un mensaje a los operadores de justicia al igual que al gobierno para que se bajen los niveles de violencia contras las mujeres”.