Desde hace varios meses se utiliza la figura de jueces de tal categoría. Los togados, según la Ley emitida para tal fin, deben enjuiciar a personas involucradas en narcotráfico y crimen organizado, pero se ha vuelto muy común que lo hagan también contra defensores y defensoras de los derechos humanos en el país u otras personas que ejercen su derecho a la protesta social para manifestarse contra el actual presidente Juan Orlando Hernández, que llegó al poder a través de elecciones muy cuestionadas y usando la reelección de forma ilegal.

No tenemos información completa

Pasosdeanimalgrande.com consultó a García Sayán, en una conferencia de prensa donde presentó un informe preliminar de su visita a Honduras sobre el seguimiento que él como relator le está dando a estas acciones estatales.

Pregunta de pasosdeanimalgrande.com: “Quisiera saber si incluyó en su visita la parte de la criminalización de defensoras y defensoras de derechos humanos a través de la utilización de jueces con jurisdicción nacional que han sido creados para el crimen organizado y el narcotráfico. Si ud ha verificado el impacto que tiene en la promoción y defensa de los derechos humanos?”

Respuesta de García Sayán: "No hemos tenido información completa y específica al respecto , pero sí informaciones de tipo general y lo único que podemos hacer es una invocación general de que cuando no trate de casos no solo de defensores de derechos humanos se haga siempre uso de las garantías al Debido Proceso y que bajo ninguna circunstancia alguien por sus apreciaciones o de puntos vista sobre la realidad nacional o social pueda ser imputado de ningún delito, y que si puede haber cometido algún delito sea sometido a un proceso con las debidas garantías y la presunción de inocencia".

Agregó que “En esto no estamos muy acostumbrados en nuestros países latinoamericanos en donde a veces la apenas señalización de una persona a través de una noticia o un titular ya la convierte culpable, pero se tiene que tener la distinción de una personas que está sindicada y otra que está sentenciada, en eso debemos trabajar todos juntos los medios de comunicación incluidos para tener la diferencia entre una persona que está sindicada y un delincuente que está sentenciado”.

Uno de los casos donde se ha usado la figura del Juez con Jurisdicción Nacional está el juicio contra los defensores y defensoras de Guapinol, quienes han sido criminalizados por defender el medio ambiente de la minera Inversiones Los Pinares, de la hija y yerno del terrateniente Miguel Facussé ya fallecido.