El gobierno decidió intervenir el 17 de diciembre de 2019, por enésima vez los centros de reclusión, después de una serie de crímenes contra privados de libertad vinculados con redes de narcotráfico y muertes violentas atribuidas a otros grupos criminales. La intervención está a cargo de la Fuerza Interinstitucional Nacional, FUSINA.

La comisión interventora está conformada por cinco coroneles de las Fuerzas Armadas de Honduras y dos comisionados de la Policía Nacional Preventiva, entre los que figuran el coronel José González Maradiaga (director), coronel Marco Barahona Fuentes (subdirector I), coronel Nery Arita Arita (subdirector II), comisionado de policía Willy Núñez Morales (subdirector III), coronel Pablo Herrera (secretario general), coronel José Miguel Mejía Medina (gerente administrativo), y el comisionado de policía Wilson Alvarenga Núñez (inspector general).

La militarización que el mandatario Juan Orlando Hernández ha instaurado en todos los ámbitos del Estado de Honduras es criticado duramente por organizaciones de derechos humanos y otros sectores de la sociedad hondureña.

A los pocos días que FUSINA tomara el control de los centros de reclusión no se han hecho esperar las denuncias contra estos cuerpos represores del Estado, entre ellas la de mujeres que estaban en una cárcel del atlántico del país que denunciaron torturas a finales de diciembre de 2019.

Esas graves violaciones a la integridad física de las privadas de libertad se dijo por parte del gobierno de Juan Orlando Hernández, que serían investigadas por la Comisión Interventora nombrada , en suma esas arbitrariedades cometidas por la Policía Militar serán tratadas por los mismas Fuerzas Armadas y la Policía Preventiva, ni más ni menos parecido a los que sucedió en la década de los 80 cuando se nombró una comisión con militares, y la misma no señaló responsables ni se dedujo responsabilidades a quienes estaban involucrados en desapariciones forzadas de más de 184 personas.

La propuesta de las organizaciones de derechos humanos a la Comisión Interventora

El listado de los 10 puntos de las organizaciones de derechos humanos, entre ellas el CPTRT, CIPRODEH, APUVIMEH y CDH,  contempla que se termine con el trámite engorroso para visitar a las personas privadas de libertad y que solamente se presente la tarjeta de identidad y la hoja de antecedentes de las visitas.

En cuanto a las citas médicas proponen que se haga un monitoreo periódico en todo el país para respetar el derecho a la salud de la población carcelaria.

También demandan que se extienda el permiso de salidas al sol en las cárceles de máxima seguridad, debido a que el aislamiento solo debe usarse  de acuerdo a los estándares internacionales de lo contrario se constituye en tratos crueles, inhumanos y degradantes.

En otro de los puntos solicitan gestionar ante el presidente de la República el otorgamiento de un indulto para personas condenadas por delitos bagatela, para alcanzar la justicia restaurativa y que no prevalezca el sistema penal extremadamente punitivo.

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