El descontento de las comunidades que se sienten forzados a aceptar regulaciones sobre las decisiones de permitir proyectos en sus comunidades mediante la Ley de Consulta Previa a Informada, de la cual se ha presentado en el Congreso Nacional un anteproyecto por el diputado Oscar Nájera, de allí que se llame “Ley Nájera”.

En el foro estaba Berta Zúniga Cáceres, por el Comité Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, (COPINH), Félix Valentín, por la Organización Fraternal Negra de Honduras, (OFRANEH), miembros del observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas y Negros de Honduras, junto a la abogada Naama Ávila y Rony Castillo.

Según expresaron los panelistas las comunidades no están de acuerdo con la creación de leyes que obstaculicen las decisiones de los pueblos. Desde el 2015 se han creado tres propuestas que hasta la actualidad ninguna toma en consideración la opinión de las comunidades.

Félix Valentín, expresó que “os pueblos garífunas estamos primero, antes de que se estableciera la Constitución de la República y los tres poderes, antes que los jueces, los fiscales… no nos pueden decir que somos afrodescendientes porque nosotros estamos aquí desde antes y somos garífunas de Honduras”.

El representante de OFRANEH al igual que los demás panelistas relataron en sus intervenciones cómo en reiteradas ocasiones ciertos funcionarios y autoridades han creado una brecha rechazándolos como hondureños por su raza, incumpliendo los acuerdos y convenios internacionales que el Estado ha firmado.

La lucha contra el racismo y la protección de los pueblos con sus tradiciones ancestrales son lo que los gobiernos no cumplen, al contrario solo perjudican, aunque se ha podido vencer algunos casos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, (Corte IDH), dijo Rony Castillo.

Según Castillo si una Ley no establece consentimiento, no es una consulta, es una socialización, “no puede salir del Congreso Nacional esa iniciativa porque ellos tienen otros intereses ajenos al desarrollo de los pueblos”.

Según coincidieron los expositores, el problema con las propuestas de la Ley es que cambian los artículos pero dejando de lado al pueblo como una “parte más”, sin derecho a objetar sobre la consulta minimizan quiénes son los afectados directos, por eso se reúnen con los funcionarios porque les resulta más fácil chantajearlos.

La abogada Naama Ávila expresó que los políticos hoy en día se están especializando en crearnos bombas de tiempo “y cada vez que caminamos son minas, hoy explota una aquí mañana otra allá, este tipo de leyes que aprueban tienen consecuencias y ellos no se dan cuenta de las repercusiones que causan en la sociedad”.

En las observaciones agregaron que no son leyes culturalmente adecuadas, que principalmente no son hechas con “buena fe”, por lo cual no hay confianza y si no hay eso la Ley no sirve, agregó la abogada.

En las conclusiones finales argumentaron que esta Ley viene a regular y forzar más a las comunidades que si no lograsen ponerse de acuerdo en aprobar o no un proyecto, otros autores decidirán por ellos, y en caso de que no se presenten a una consulta, el presidente podría tomar la decisión final, que en el contexto de Honduras puede marcar un grave futuro en los recursos naturales.