En el marco de la protección del medioambiente y la resistencia ante los embates del extractivismo empresarial nacional y transnacional, los colectivos ecologistas condenan todo acto que se realice en su contra.

Asimismo se oponen a la dependencia entre los tres poderes del Estado hondureño, el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, porque a su parecer crean leyes en perjuicio de la soberanía territorial, económica y política.

En la comparecencia denunciaron el hostigamiento y el estado de indefensión de los familiares de los ocho presos de la comunidad de Guapinol.

También demandaron la liberación inmediata de Porfirio Sorto, José Abelino, Orbin Hernández, Ewer Cedillo, Daniel Márquez, Arnold Alemán, Kelvin Romero, recluidos en el presidio de Olanchito, Yoro y Jeremías Martínez encarcelado en el centro penal de la ciudad de La Ceiba, Atlántida.

Aunque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, le ha recomendado a Honduras, “Tomar medidas urgentes para evitar el hostigamiento judicial a defensoras y defensores de derechos humanos, tales como protocolos y capacitaciones a operadores de justicia, con el fin de evitar que mediante investigaciones judiciales se someta a juicios injustos o infundados a las defensoras y defensores de derechos humanos”, a falta de cumplimiento las comunidades siguen denunciando procesos viciados.

Pedro Landa, investigador del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación, ERIC, manifestó que la necesidad y la urgencia que hay es la de reformar todo lo que tiene que ver con la independencia judicial que se viene hablando desde hace décadas, como es el tema de la “compra de los fallos judiciales”.

Landa hizo referencia al juicio de Guapinol en el cual dijo “pudimos ver una manipulación descarada de los jueces de jurisdicción nacional que fueron recusados varias veces, hasta que cayó el caso en la jueza de apellido Vallecillo quien “está cuestionada por manipular las sentencias a favor de x o y persona”

Agregó que es fundamental reconocer el derecho a defender los derechos humanos y la no criminalización de defensores.

Aludió que esta situación está sucediendo en todo el país con más de 200 personas judializadas en distintos lugares del territorio nacional.

Sin embargo Gabriela Sorto, defensora y miembra del grupo de familiares que viajó hasta Tegucigalpa, denunció que han recibido hostigamiento de la empresa dueña del proyecto extractivo, cuando salen son perseguidos por automóviles de la minera y hay vigilancia constante en sus hogares por empleados de la misma.

Sorto, exigió la libertad de sus familiares y compañeros de la comunidad porque ellos son defensores y no criminales.

La defensora concluyó demandando al Estado hondureño que pare con el encarcelamiento de las personas por el hecho de defender el agua y la vida que es para todos y todas.