Señaló a pasosdeanimalgrande.com este 27 de marzo de 2020, que a partir de los grandes saqueos en el sector salud han entregado al Ministerio Público 35 investigaciones, identificando más de 2 mil 100 millones de lempiras como perjuicio, lo que ha provocado que muchas personas queden sin acceso a sus medicamentos, una atención digna y eso deriva en perder la vida.

El 10 de febrero mediante el decreto se destinó 110 millones de lempiras para el dengue y la acciones de prevención para la llegada del coronavirus al país. El 19 de febrero se aprobaron 100 millones más, solicitados a la Secretaría de Finanzas, (SEFIN), promovido ante el Congreso Nacional por la diputada Johana Bermúdez, del Partido Nacional, sumando en total 210 millones de lempiras.

El miércoles 11 de marzo del 2020 se aprobó un presupuesto de 643 millones de lempiras para comprar equipo médico adecuado e insumos para la protección contra el Covid-19, tres días después, el viernes 13 de este mismo mes, se aprobó en el Congreso Nacional 420 millones de dólares, equivalente al cambio de ese día de 10 mil 380 millones de lempiras, para el combate por medio de la Ley Especial de Aceleración Económica y Protección Social Frente a los efectos del coronavirus.

Los resultados indican que se han aprobado 773 millones 380 mil lempiras solicitados por el Poder Ejecutivo y Legislativo para la lucha contra la enfermedad.

El CNA informó que se encuentra en proceso de investigación con respecto al uso de dichos recursos.

Castellanos explicó que a través de la historia se ha demostrado que durante las crisis es cuando más corrupción se comente de parte de los funcionarios que administran el Estado, y por esa razón están obligados como una instancia de sociedad civil a dar inicio a un proceso de investigación a fin de garantizar transparencia ante la ciudadanía y en caso que exista un acto irregular denunciarlo ante los operadores de justicia.

Agregó que según la ley, los recursos públicos deben ser manejados por el Estado, pero en la actualidad la administración carece de credibilidad por los constantes señalamientos, algunos con pruebas en temas de corrupción, crimen organizado y narcotráfico, por lo que debería ser tomado en cuenta el Colegio Médico como un gran aporte para transparentar este proceso de emergencia que inició desde la obscuridad.

Finalmente Gabriela Castellanos recalcó que la corrupción afecta a todos los ciudadanos, no hace distinción de estratos sociales, raza o religión, es una enfermedad hereditaria de cualquier sistema político, que parece autoinmune, donde los seres humanos son sus operadores, no reconoce fronteras de ningún tipo ya sean ideológicas, de color político, incluso de niveles de fortaleza institucional, que ataca en primera fila al casi 70 por ciento de compatriotas que han sido excluidos y sumergidos en la franja de empobrecimiento.

“Así que Honduras necesita atravesar por una etapa donde se pueda analizar a fondo la corrupción desde una perspectiva de los derechos humanos, apuntar a sus consecuencias estructurales alrededor de las garantías reales del acceso a la salud, educación, libertades individuales, pero sobre todo de la justicia”, concluyó.