El Relator Especial de la ONU, sobre los derechos humanos de los migrantes, Felipe González Morales y la Relatora Especial de la misma organización, sobre la trata de personas, especialmente mujeres y niños, María Grazia Giammarinaro, se han referido en cuanto a la regularización de las personas migrantes que no tienen un estatus legal, mencionando que los Gobiernos deben facilitar esta recomendación para que puedan tener acceso a la salud durante el período de la pandemia.

Han argumentado que la situación irregular en la que se encuentra esta población pueden estar en riesgo de contagiarse con el virus Covid-19, ya sea porque sus ambientes de trabajo o de vivienda pueden estar propensos a contraer el virus sin las medidas de protección que se requieren.

Asimismo mencionaron que “Los derechos humanos deben estar en el centro de la respuesta ante la pandemia por COVID-19. Medidas incluyentes destinadas a proteger los derechos y la salud de toda la población, incluyendo todas las personas migrantes y víctimas de trata, sin importar su estatus migratorio, son urgentes y necesarias y pueden contribuir a la efectividad de las medidas nacionales generales contra COVID-19”.

Sin embargo, En Honduras en días recientes se denunció el desalojo de decenas ciudadanos haitianos y africanos, obligando a estas personas a dormir a la intemperie, en medio de la crisis sanitaria, sin ningún tipo de protección para evitar contraer el virus en la ciudad de Choluteca al Sur de Honduras.

No obstante, la Oficina Regional de Migración en esa zona, no se ha manifestado entorno a la situación migratoria de estas personas, entre quienes se encuentran menores de edad y mujeres embarazadas.