La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, (CIDH), a través de la Sala de Coordinación y Respuesta Oportuna e Integrada para la pandemia del COVID-19 (SACROI COVID-19), instalada desde el 27 de marzo emitió la resolución 1-20, que consta de una serie de recomendaciones como ente autónomo de las Organizaciones de Estados Americanos.
Entre las 85 recomendaciones, destacan el cómo debe actual un Estado para contribuir equitativamente con los recursos e insumos para los ciudadanos, así como el personal de salud que se encuentra en primera línea de actuación.
Adoptar de forma inmediata, urgente y con la debida diligencia, todas las medidas que sean adecuadas para proteger los derechos a la vida, salud e integridad de las personas que se encuentren en sus jurisdicciones frente al riesgo que representa la presente pandemia.
Cumplir con los principios de buena fe, organizar el aparato gubernamental para la protección de las personas, evitar que funcionarios públicos violenten los derechos humanos, prevenir la ocurrencia de afectaciones al derecho a la salud, la integridad personal y la vida.
Es importante tomar medidas que velen por asegurar ingresos económicos y medios de subsistencia de todas las personas trabajadoras, de manera que tengan igualdad de condiciones para cumplir las medidas de contención y protección durante la pandemia, así como condiciones de acceso a la alimentación y otros derechos esenciales.
Velar por una distribución y acceso equitativos a las instalaciones, bienes y servicios de salud sin discriminación alguna, sean públicos o privados, asegurando la atención de las personas con COVID-19 y los grupos desproporcionalmente afectados por la pandemia, así como personas con enfermedades preexistentes que las hacen especialmente vulnerables al virus. La escasez de recursos no justifica actos de discriminación directa, indirecta, múltiple o inter seccionales.
Instrumentar espacios oportunos de participación social para la evaluación de los impactos y resultados de las medidas adoptadas, establecer espacios de diálogo nacionales con participación de personas expertas independientes, las instituciones nacionales de derechos humanos y el sector privado.
Asegurar el acceso a medicamentos y tecnologías sanitarias necesarias, la disponibilidad y provisión oportuna de cantidades suficientes de material de bioseguridad, insumos y suplementos médicos esenciales de uso del personal de salud, fortalecer su capacitación técnica y profesional para el manejo de pandemias y crisis infecciosas, garantizar la protección de sus derechos, así como la disposición de recursos específicos mínimos destinados a enfrentar este tipo de situaciones de emergencia sanitaria.
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