La Comisión Interamericana de Mujeres, CIM, de la Organización de Estados Americanos, OEA, presentó un documento de acuerdo al impacto del COVID-19 en la mujeres, en el cual menciona que “la falta de atención y recursos críticos de los servicios de salud sexual y reproductiva afecta directamente a las mujeres, las adolescentes y las niñas. La ausencia de estos servicios podría incrementar la mortalidad y morbilidad materna, aumentar las tasas de embarazo en adolescentes, VIH y otras infecciones de transmisión sexual.

En América Latina y el Caribe se estima que 18 millones de mujeres perderán su acceso a anticonceptivos modernos, dado el contexto actual de la pandemia. También recomienda que los gobiernos consideren el uso de los teléfonos móviles para entregar determinados servicios de salud sexual y reproductiva.

La estudiante de último año de enfermería, y voluntaria en un centro de asistencia médica en Francisco Morazán, Ligia Velásquez, mencionó que la situación de país ha limitado las atenciones  preventivas y solo se está dando prioridad a casos sospechosos de COVID-19 y en casos de vacunas para niños lactantes. 

Expresó que los centros de salud se han restringido en atender casos de planificación familiar, en realizar pruebas para detectar el Virus del Papiloma Humano, VPH y citologías, ya que el Estado no está abasteciendo estos consultorios sanitarios con el material que se requieren para el tratamiento de la salud para la mujer, porque “al parecer han invertido más en lo que se refiere a la pandemia que en otras áreas” 

Velásquez declaró que en los centros de consulta no hay material de planificación familiar, ni implantes anticonceptivos, tampoco dispositivos intrauterinos, inyecciones anticonceptivas y si las mujeres necesitan seguir con estas últimas, tienen que comprarlas en las farmacias para poder evitar embarazos. 

Por otro lado, la integrante de la plataforma Nacional de Adolescentes y Jóvenes por los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos en Honduras, DSDRHDS, Katherine Díaz, declaró a este medio digital que los centros integrales de salud en relación a la atención de mujeres que se encuentran en estado de gestación es limitado el acceso a los controles prenatales, porque muchos de estos lugares están siendo destinados para dar atención a pacientes positivos del virus del COVID-19, dejando sin este servicio a las gestantes e incurriendo el Estado de Honduras en el abandono al desatenderse de la situación de este sector. 

También dijo que al momento del parto muchas mujeres han dado a luz en los estacionamientos de los hospitales públicos por la negligencia del personal por no dar atención rápida. 

En cuanto a la población adolescente  y joven se refirió que se ven limitados a los servicios sexuales y reproductivos porque las clínicas de atención a la adolescente están funcionando de manera deficiente y no se permite el acceso de métodos anticonceptivos. 

Además, se desconoce qué pasará con las mujeres que están en situación de violencia , no quieren un nuevo embarazo y no tienen acceso a métodos anticonceptivos.

Agregó que si hay atención en alguno de los centros integrales de salud, no se están aplicando los anticonceptivos a aquellas mujeres que van en busca de ellos, como la ligadura de trompas que es el método permanente por el que optan algunas. 

Tampoco se están atendiendo a las mujeres que necesitan llevar el control por causa de alguna infección de transmisión sexual, ITS, no hay citas de seguimiento conforme a esta situación, de igual modo las autoridades no están asesorándose cómo las mujeres puedan llegar a tener acceso a estos servicios en el contexto de la pandemia y no están al tanto si los medicamentos están funcionando o si las embarazadas se encuentran en condiciones saludables o no. 

Díaz señaló que como parte de  sociedad civil están exigiendo al Estado de Honduras que provea servicios de salud sexual y reproductiva para las mujeres en estado de gestación y a las que quieran acceder a métodos anticonceptivos porque es un derecho de ellas, concluyó.