En este evento participaron varios panelistas que dieron a conocer las realidades en sus países y las limitaciones sobre al derecho al acceso a la información en el continente y en Honduras .

El juez Eduardo Ferrer inició la conferencia refiriéndose a los Estados que deben de determinar sus obligaciones con tratos diferenciados conforme a los grupos de mayor situación de vulnerabilidad.

Ferrer mencionó que la situación actual debe de ser abordada en el marco del Estado de derecho, de las democracias constitucionales y en pleno respeto de los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos, como también considerando los estándares desarrollados por la jurisprudencia de la CorteIDH, para los países de la región.

El juez expresó que consciente de la realidad, este organismo emitió la declaración 1-2020 sobre COVID-19 y derechos humanos, en la cual se puntualizó una serie de problemas y desafíos que surgen como consecuencia de la pandemia. En la misma se establece la respuesta del Estado que debe de ser abordada con una perspectiva de derechos humanos y las medidas de emergencia no deben de servir de pretexto para abusos y vulneraciones de los derechos de las personas.

Entre las 10 naciones parte que han declarado estado de emergencia, de excepción, catástrofe por calamidad pública y emergencia sanitaria nacional, se encuentra Honduras, que está limitada por la Convención Americana expresamente por la posibilidad de suspender determinados derechos y sus garantías judiciales de protección.

Entre los derechos que no son sujetos de suspensión están el reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, la prohibición de la esclavitud y servidumbre, el principio de legalidad y de retroactividad, la libertad de conciencia y religión, a la protección de la familia, el derecho al nombre, los derechos de las y los niños, a la nacionalidad y los derechos políticos

Cabe mencionar que en sus primeros pronunciamientos la CorteIDH en sus opiniones consultivas de 1987, sobre el habeas corpus, bajo suspensión de garantías y las garantías judiciales en estados de emergencia, determinó que éstas como parte del derecho al acceso a justicia no pueden ser sujeto a suspensión, de la misma manera en que el Estado de derecho puede hacerlo.

Asimismo Catalina Botero, ex relatora especial de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, abordó el tema de la libertad de expresión en las Américas y se enfocó en seis aspectos fundamentales entre ellos, el acceso a la información, la protección a los periodistas y medios de comunicación, defensores de los derechos humanos, médicos o comunidades científicas, actores relevantes en el proceso comunicativo actual, la desinformación, el derecho a Internet y cómo ha sido afrontado por los Estados, la vigilancia estatal y las protestas.

Según Botero, el derecho al acceso a la información es el tema que más regulaciones ha tenido en América Latina y las más desafortunadas es que en el contexto de la pandemia las autoridades encargadas en proteger este derecho han retrocedido.

Los Estados que han regulado el acceso a la información lo han hecho para restringir los tiempos de respuesta o eliminar la respuesta del acceso a la información.

Botero también mencionó que la forma de saber cómo es el manejo de los recursos destinados para la crisis de salud, si es el adecuado, se está atendiendo bien o no a las personas privadas de libertad, si los Estados está adoptando políticas adecuadas para contener la violencia intrafamiliar que ha aumentado por causa del confinamiento, solo se puede hacer a través del acceso a la información y de esa manera la ciudadanía puede tener control social.

Otro aspecto que recalcó fue que las personas no tienen el acceso a la información adecuada, oportuna, ni fidedigna para proteger sus vidas, y un recurso que han utilizado los Estados para restringir el derecho a la información ha sido la falta de transparencia activa, dejando de subir datos a las plataformas gubernamentales, ruedas de prensa restringidas, como también con medios controlados y periodistas que trabajan para el Gobierno.

En cuanto a la protección de periodistas y otros actores con leyes nuevas como en el caso de Honduras, el gobierno ha decidido que los profesionales de la comunicación y los médicos, las comunidades científicas, las y los defensores de derechos humanos que hablan sobre la pandemia y cuestionan la manera de cómo se está gestionando, generan zozobra, odio y están desinformando, al igual que en Venezuela y Nicaragua.

De igual forma se refirió a la desinformación en Honduras que la calificó como grave porque hay un decreto general de la restricción de la libertad de información que es supuestamente para proteger a las personas de la desinformación. La responsabilidad del Estado es controvertir la información riesgosa con más datos, aseguró Catalina Botero.

Resaltó que más del 33 por ciento de América Latina no tiene acceso a internet , en donde la CorteIDH ya declaró que es un derecho fundamental para garantizar la vida, la salud y la justicia y otros derechos fundamentales.

En cuanto a las protestas y la vigilancia estatal se debe de cuidar el derecho a la protesta porque es el recurso que les queda a las poblaciones para ser escuchadas.

Sobre la vigilancia de los Estados la ex relatora mostró su preocupación porque no hay una ley que regule esta disposición y resaltó que si se adoptan estas medidas se deben de hacer bajo los más estrictos criterios de proporcionalidad, porque existen Estados que las utilizan para perseguir a las personas que no están de acuerdo.