El doctor Carlos Umaña , presidente de la Asociación de Médicos del Instituto Hondureño de Seguridad Social,(IHSS), en San Pedro Sula, Cortés, advirtió al gobierno una semana antes de la apertura inteligente, que ésta resultaría fatal y cerrarían nuevamente en menos de un mes, lo cual fue comprobado en solo una semana, porque se disparó el número de pacientes ingresados al Hospital Escuela Universitario, (HEU),  el centro de triage en el Instituto Nacional De Formación Profesional, (INFOP) y en el Instituto Nacional Cardiopulmonar el Tórax.

La Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad a través de la Policía Nacional y el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, (SINAGER), comunicaron el cierre por una semana debido al incumpliendo de protocolos, que provocó la saturación de la capacidad hospitalaria.

El Colegio Médico de Honduras catalogó al gobierno como improvisado y corrupto, identificando que la lucha contra la pandemia no debe admitir privilegios, porque ninguna solución individual es humana, “un gobierno con funcionarios y empresarios que abren y cierran el mercado como si se tratara de levantar la tranca de un corral”.

Desde principios de abril se informó a medios de comunicación que el Hospital Militar atendería a la familia presidencial, designados y altos funcionarios El martes 16 de junio el presidente de la República de Honduras, Juan Orlando Hernández, anunció que él y su esposa dieron positivo de Covid19, por lo que un día después fue internado en ese centro asistencial.

Mientras muchos ciudadanos hacen largas filas en los centros de atención para ingresar, médicos y enfermeras a través de las redes sociales han denunciado la falta de transparencia debido a la corrupción, donde los equipos médicos y de bioseguridad que nunca fueron entregados, una de esas denuncias le costó el puesto al director del Hospital Escuela Universitario, el doctor Osmin Tovar.

La Constitución de la República dicta en el artículo 323 que los funcionarios son legalmente autoridades pero no están exentos de las leyes, por lo que su conducta puede ser juzgada y ninguno está obligado a cumplir órdenes ilegales o que impliquen un delito.

Todo este panorama grave para la salud de la ciudadanía, contrasta con las denuncias de corrupción en la compra de hospitales móviles por parte de Invest-H que fue señalada de graves irregularidades, entre ellas sobrevaloraciones en la compra en una conferencia de prensa realizada por la Asociación para una Sociedad Más Justa, ASJ.