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Contexto

Presidente del CPH: Al Estado de Honduras no le interesa resolver los crímenes contra periodistas

Posted On Viernes, 17 Julio 2020 23:53 Written by Heidy Dávila

“No hay una política de Estado para darle una respuesta a la sociedad y familia de los periodistas, hemos tenido conocimiento de varios casos que incluso el colegio los ha presentado en el mecanismo, por amenazas, intimidación y otros que tienen medidas de protección”, denunció el presidente del Colegio de Periodistas de Honduras, CPH.

El 01 de julio de 2020 el periodista German Vallecillo y su camarógrafo Jorge Posas fueron asesinados en La Ceiba, por supuestamente sicarios que se conducían en motocicleta al mediodía de esa fecha.

Rodríguez explicó a pasosdeanimalgrande.com que existe un círculo de impunidad, de 86 casos de trabajadores de medios de comunicación que han sido asesinados, solo un siete u ocho por ciento se han resuelto, por lo que el Estado sigue teniendo una enorme deuda, “ha sido avances el Mecanismo de Protección amparado en la Ley de Protección para personas defensoras, comunicadores sociales y periodistas, y funcionarios públicos y la fiscalía de derechos humanos”.

El presidente del CPH recomendó la creación de una unidad especial para resolver estrictamente los casos de periodistas, “porque si se sigue dependiendo que la DPI o ATIC, nos ayude, vamos a seguir patinando en el mismo lodo, mientras que el mecanismo necesita fortalecerse y tener más apoyo para cumplir su misión”.

En el 2019 la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos, ASOPODEHU, documentó siete muertes, todas con arma de fuego y más de 60 incidentes de amenazas, agresiones, percusiones, entre otras violaciones a la libertad de expresión y de prensa, en el territorio nacional.

En relación al crimen contra Vallecillo y Posas, la Dirección Policial de Investigación, (DPI), capturó a miembros de una supuesta estructura criminal denominada “Los Aguacates”, donde identificaron a un sujeto como un sospechoso.

La DPI informó la captura de otra persona este 11 de julio. Ambos detenidos en San Pedro Sula fueron ayudados por un tercero desde la ciudad de La Ceiba, según las investigaciones preliminares de esta instancia. Los motivos del asesinato al periodista y su camarógrafo se deberían al trabajo que realizaron reportando casos de tráfico de drogas, de acuerdo a las aseveraciones de oficiales de esa instancia de investigación.

Honduras mantiene fuertes índices de homicidios, por lo que en muchos casos los asesinatos de comunicadores sociales y periodistas ocurren en un contexto de violencia generalizada y eso es aprovechado por los perpetradores, sin embargo las líneas de investigación casi nunca incluyen la verificación de la muerte con el ejercicio de la profesión.

En el año 2010 y 2015, Honduras fue examinado en el Consejo de Derechos Humanos en dos ciclos de cinco años de por medio donde los Estado recomendaron una serie de acciones para terminar con la impunidad en la muerte de periodistas, entre las que se mencionaban la investigación de los casos de violencia contra los periodistas y enjuiciar efectivamente a los responsables de tales actos.

En su visita a Honduras para la participación en un foro sobre el impacto del nuevo Código Penal en la Libertad de Expresión, el 27 de febrero de este año, Edison Lanza, Relator Especial para la Libertad de Expresión, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), instó a las autoridades de Honduras a investigar los asesinatos de periodistas.

La Unidad de Comunicaciones (CONADEH) registra que solo en los últimos cuatro años, gobernados por Juan Orlando Hernández, en este país centroamericano, auto determinado democrático y donde los empresarios y funcionarios gubernamentales dicen vivir en paz, 32 periodistas y comunicadores sociales fueron acribillados. Esa cifra representa el 43% del total de asesinatos contra periodistas ocurridos en 16 años. Es decir, en cuatro periodos gubernamentales, señala una investigación realizada por pasosdeanimalgrande.com  en febrero de 2018.

 

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El medio surge para ayudar a los periodistas, trabajadores de los medios de comunicación y los grupos vulnerables de Honduras (jóvenes, mujeres, indígenas y personas LGBTI) a ejercer su libertad de expresión y documentar los abusos de derechos humanos.

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