Ángela Murillo, de la tribu de San Francisco Locomapa,  en el departamento Yoro, explicó que las comunidades han hecho uso del derecho a la reunión y asociación, aun con temor a enfermarse por la pandemia de  Covid-19,  para solventar las problemáticas que el gobierno y sus autoridades desatendieron para la población del sector.

Según Murillo después del paso del segundo huracán denominado IOTA, muchos pinos quedaron varados, las comunidades se reunieron y establecieron estrategias que les ayudaran a utilizar la madera en beneficio de la población y realizar la limpieza de otros escombros que fueron arrastrados por las fuertes lluvias y afectaron el paso de las calles.

Juan Mejía Guerra, misionero que llegó hace más de 30 años a conocer la situación y miembro del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia MADJ, describió que personas enviadas del gobierno en algunas tribus han ayudado con raciones alimenticias para llenar sus informes, pero nunca abastecen a todas las familias que viven en regiones donde muchos son muy pobres, pesar que se dio una resolución judicial para que se sustentara con alimentos a las regiones más vulnerables.

También agregó que con la situación de la  Covid-19, tampoco hay una estrategia en la región, la gente se muere en sus hogares y a veces no saben si es por el virus,  ya que no hay forma de movilizarse hasta San Pedro Sula que es la ciudad más cercana.

Las restricciones gubernamentales han  limitado la circulación y la gente necesita transitar para trabajar y comer, la mayoría de las mujeres son trabajadoras domésticas y los hombres van a los campos y haciendas. Además las Tribus Tolupanes en la región,  sobreviven en medio de  un conflicto muy fuerte de violencia por  la tala de bosques, minería y contaminación.

En la defensa a través de los años se contabilizan al menos 7 indígenas asesinados en Yoro, quienes lideraron luchas en defensa de los bienes comunes. Las tribus se organizan en los consejos y toman sus decisiones como la consulta previa libre e informada,  pero no son escuchadas por las autoridades porque facilitan  la imposición de proyectos transnacionales,  afectando la vida ambiental de la comunidad, detalló Mejía Guerra.

Desde el inicio de la cuarentena con las restricciones implementadas por el gobierno debido a la pandemia,  la comunidad quedó en zozobra por la falta de alimentación y acceso a la salud, entonces el Consejo Preventivo de la Tribu, el bufete Estudios para la Dignidad, el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) y FUNDAMBIENTE, interpusieron un Recurso de Amparo ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de San Pedro Sula JLCASPS.

Señalaron que el Estado hondureño violentó el derecho a la alimentación, la salud, la integridad personal , poniendo en riesgo la vida de las familias Tolupanas de Locomapa, por el hecho de haberles entregado ayudas solo a activistas del Partido Nacional y dejando por fuera a los indígenas que discrepan de la forma de gobierno.

Ese recurso fue aceptado y se ordenó a la alcaldía proporcionar la ayuda, pero según han indicado miembros de la tribu en las entrevistas a pasosdeanimalgrande.com,  no fueron escuchados y optaron en una reunión por utilizar las medicinas ancestrales y autocuidado entre las comunidades.

El derecho de asociación y reunión ha sido ejercido en un proceso de emergencia de las comunidades indígenas en Honduras. El gobierno ha utilizado las restricciones establecidas por la pandemia, para limitar estos derechos que son fundamentales en una democracia.

 Frente a la negligencia del Estado para incluirlos en los subsidios y bonos ciudadanos, se han quedado sin alimentos y con las cosechas destruidas por los huracanes.

Clément Nyaletsossi Voule, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, recalcó que "Ningún país, ni gobierno puede resolver esta crisis sanitaria por sí solo y me preocupan las inquietantes tendencias y limitaciones que se incluyen en informes de la sociedad civil de todo el mundo, incluso sobre la capacidad de la sociedad civil para contribuir a una respuesta eficaz ante la COVID-19".