García agregó el gasto ha sido bastante significativo y hasta el 31 de diciembre del 2020, se documentaron más de 6 mil millones de lempiras, presupuesto para el manejo de la pandemia por Covid-19, para cubrir la demanda de recursos que tienen que ver con los equipos de bioseguridad y otros elementos necesario para asegurar la salud de la población.

Sin embargo los resultados obtenidos en la misma fecha, indicaban un contagio de al menos 130 mil personas, entonces la atención fue reactiva y no preventiva, se vuelve un gasto improductivo porque no retuvo los contagios sino que están tratando a las personas cuando ya han sido contagiadas, expresó en representante del FOSDEH.

Según el economista la incidencia en la vida de las personas enfermas limitan el bienestar, y por otro lado la evidencia empírica demostró que el dinero no fue invertido en los mejores rubros de gastos, como las adquisiciones de hospitales móviles que fueron un producto sin beneficio “un hoyo negro, que entro al país y nunca salió”.

El gobierno disponía de financiamiento de su propio bolsillo, o sea del tesoro nacional, y el de donaciones internacionales para construir los centros de triaje, pero son tan limitados los recursos que las iglesias, instalaciones privadas y centros escolares, se prestaron para brindar la atención. También el gobierno pudo ampliar el acceso a los hospitales en las regiones rurales y mejorar las salas y condiciones de los que ya existían, pero no lo hizo, detalló García.

Indicó que fue una situación que se profundizó con la llegada de los Huracanes ETA e IOTA, donde también hubo un derroche del presupuesto asignado. Según el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, COHEP, fueron 45 mil millones de lempiras, donde no hubo un enfoque de gasto preventivo, sino que se vieron las pérdidas hasta que se dieron los resultados de estas afectaciones negativas.

Existen testimonios de las personas en la zona norte que demuestran que solo fueron gastos efímeros en los primeros días y únicamente  se limpiaron los desechos, no hubo obras adicionales para evitar más daños futuros, ni obras de infraestructura.

Asimismo dijo  que ahora se habla de un fidecomiso para crear represas como solución al desborde de los ríos, pero hay serios cuestionamientos porque no existe una consulta ciudadana a los pueblos y comunidades indígenas, tampoco un estudio sociocultural y financiero de los proyectos de las empresas,  y los vacíos de la ley pueden abonar al desarrollo o a la precarización de la subsistencia.

“Con Juan Orlando Hernández ha habido una cultura de endeudamiento donde destina el 20 por ciento del gasto público a la deuda, no es un equilibrio sano porque no solo compromete los recursos del Estado sino que introduce una rigidez siendo la priorización  el pago, en vez de la inversión en salud, educación, niñez y adolescencia, defensa de los derechos de las mujeres y otros sectores vulnerables”, cuestionó el entrevistado.

Finalmente expuso que la corrupción es uno de los grandes flagelos que afecta la economía. El robo de fondos públicos incrementa los índices de percepción y las inversiones bajan, el ordenamiento jurídico del Estado de derecho es deprimente, porque no se pueden cumplir con los requerimientos y persiste un zafarrancho legal en el que se inventan normas para favorecer un sector y no hay una visión conjunta.