José Manuel Ramos, del programa de apoyo de la Unión Europea PROderechos, explicó que entre algunos avances está la constitución de organizaciones en defensa de sus derechos, no solo en temas de salud como fue en un inicio, la creación de unidades internas de atención en instituciones como el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, CONADEH, y que pudiera ser muy importante que en el Ministerio Público también hubiera una fiscalía especializada.
Entre los desafíos sigue pendiente la armonización de la normativa nacional conforme a los estándares internacionales de los cuales Honduras es parte, y está obligado a hacer un control de convencionalidad en el Poder Legislativo, en el que está engavetada la Ley de Igualdad y Equidad, y en la parte administrativa que se posibilite el derecho al cambio de identidad, el cual ha sido reclamado por medio de amparos, detalló Ramos.
También la Asociación LGTB Arcoiris de Honduras, el Grupo Lésbico y Bisexual LITOS, el Centro para el Desarrollo y la Cooperación LGTBI SOMOS-CDC, y la Colectiva de Mujeres Trans Muñecas de Arcoiris, mediante un comunicado exigieron una ley de atención integral a las personas LGTBI, la Ley de inclusión laboral y la aprobación de la Ley de Identidad y Género para las personas Trans.
Estas organizaciones promotoras y defensoras de derechos humanos de la comunidades LGTBI de Honduras, indicaron que la comunidad sigue siendo víctima de estigma, discriminación y ataques.
En los últimos cinco años se registran 55 asesinatos que se traducen como crímenes de odio, mientras la pandemia por COVID-19 colocó a la comunidad en una situación de abandono, desprotección y desprecio.
Según el observatorio de la Red Lésbica Cattrachas, la mayoría de crímenes de odio son apuñalamientos, acribillamientos y ejecución con arma de fuego, principalmente en los departamentos de Cortés, Francisco Morazán y Atlántida. En lo que va del año 2021 se registran ocho muertes violentas.
Leonel Barahona, director de la Asociación de Prevención y Educación en Salud, Sexualidad y Sida en Tela APREST, recalcó que el acceso a la justicia es muy complicado, cada vez que las organizaciones llevan un proceso de formación especialmente de operadores de justicia, hay relevos de personal y los nuevos jefes ejercen otro mandato, entonces deben volver hacer el ciclo.
Asimismo las personas defensoras de los derechos de la comunidad, unifican la esperanza que podrán gozar de una vida digna solo desde el cumplimiento de las obligaciones que Honduras ha adoptado en el Examen Periódico Universal, EPU, la Declaración de Yakarta sobre promoción de la salud del siglo XXI y la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CorteIDH, sobre identidad de género, e igualdad y no discriminación a parejas del mismo sexo.
