Explicó que la misma Ley de transparencia y Acceso a la Información Pública del año 2006, establece en los artículos 4 y 13 que todas las instituciones que manejen fondos del Estado deben rendir cuentas y publicar información de manera oficiosa, lo cual es considerado un derecho humano por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana  de Derechos Humanos, CIDH.

Aclaró que si una institución obligada no presenta la información a través del Sistema de Información Electrónico de Honduras, SIELHO, por correo electrónico o en físico en las oficinas, el solicitante interpone un Recurso de Revisión que el IAIP verifica sí se establece una violación enmarcada en la ley, convenio o tratado internacional referente a la institución pública, le da un plazo de tres días para que les manden los documentos y sean  entregados al solicitante.

También comentó que el informe semestral del 2021 todavía no ha sido emitido por parte de la Gerencia de Verificación de Transparencia del IAIP, pero en los últimos años a través de tres  portales que están manejando,  se documentaron 320 incumplimientos y desde que está en el cargo de comisionado se aplicaron  400 sanciones pecuniarias que según el reglamento pueden ser de medio  hasta 50 salarios mínimos.

En el 2020 el informe del SIELHO reveló que 120 instituciones  no cumplieron y no quisieron transparentar las actividades con la ejecución de los fondos recibidos.

En el Portal de Emergencia ETA y IOTA que son menos obligadas a brindar información se registran alrededor de 30.

En el portal de Covid-19 se emitieron dos informes, en el primero fueron casi 230 instituciones a los cuales se les aperturó el expediente sancionatorio respectivo, en el segundo solo fueron 130 que cumplieron parcialmente o no  la Ley de Transparencia, “es bastante reincidente por lo cual la multa pecuniaria subió”, detalló el entrevistado.

El comisionado expresó que “todos los derechos humanos deben ser cumplidos a cabalidad, por eso las instituciones y sus titulares estatales deben garantizarlo para que sea posible verificar que se están cumpliendo las metas de Plan de Nación o gobierno a corto,  mediano y largo plazo, permitiendo la participación ciudadana activa para combatir la corrupción con evidencia”.

En relación a la Ley para la Clasificación de Documentos Públicos Relacionados con La Seguridad y Defensa Nacional, dijo que está en contra de la misma porque restringe el derecho humano del acceso de la información y también al IAIP y en diferentes solicitudes se ha detectado  que la documentación se encuentra en secretividad.