En el año 2020, el gobierno emitió varios decretos ejecutivos donde señalaba las restricciones a fin de prevenir que se propagara el virus, pero  enumeró diversos sectores que sí podían circular y que podían contar con salvoconductos. No obstante nunca fueron incluidas las personas defensoras de derechos humanos. Aunque diversas organizaciones demandaron esas inclusión, hasta con la interposición de Recursos de Amparo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, nunca han sido escuchadas , y esas acciones legales están engavetadas, lo que denota la falta de voluntad política para reconocer que este sector es muy importante.

José María Pineda, miembro de la Tribu de San Francisco Locomapa expresó que si a los pueblos indígenas llega la enfermedad del Covid-19, podría desparecer porque no hay esperanzas en el acceso a una vacuna , debido a que el gobierno va a priorizar en las personas que están a su alrededor porque le conviene, ya que le ayudan a explotar el país.

Pineda agregó que  “nosotros hacemos cuenta de que el pueblo Tolupán nunca va a adquirir una vacuna de esas,  una posibilidad que podría cambiar si las organizaciones internacionales lo hacen a través de Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, MADJ, porque se conoce que en ningún sector del país las comunidades indígenas han sido tomadas en cuenta”.

También relató que han escuchado por la radio de los síntomas de la enfermedad, pero no hay médicos que hagan análisis, entonces no saben si algunas personas que han fallecido fue  debido al Covid-19,  pues asumen que es una gripe, destacando que el gobierno no se preocupa por los Tolupanes y quedan invisibilizados y discriminados incluyendo los que trabajan para el Estado.

Elizabeth Medina,  directora de Derechos Humanos Sin Fronteras DHFH, explicó que los defensores han realizado varias solicitudes ante instituciones, pero no han tenido ninguna respuesta asumiendo que ellos también están en espera a pesar de que los defensores han permanecido laborando.

Las instituciones mencionadas son el Comisionado Nacional de Derechos Humanos, CONADEH, la Secretaría de Derechos Humanos, SEDH, y el Comité Nacional de Prevención Contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes MNP-CONAPREV.

German Chirinos,  miembro del Movimiento Ambientalista Social el Sur por la Vida,  MASSVIDA, expresó que no hay ningún acercamiento de las autoridades del gobierno con defensores u organizaciones para el acceso a las vacunas, solo tres miembros de la organización fueron inoculados por circunstancias no planificadas.

Proceso de vacunación

Según la Secretaría de Salud, en el informe de avances,  Honduras recibió de enero a julio 609 mil 620 vacunas y en espera de 227 mil ,  de las cuales se han aplicado más de 621 mil, la mayoría fueron en la ciudad industrial de San Pedro Sula y la capital del país,  en el Distrito Central, los departamentos con menos acceso son Gracias a Dios, La Paz, Lempira y Colón.

Los grupos priorizados como trabajadores esenciales en 2021 según la SESAL, después del sector salud, adultos mayores y personas con comorbilidades son los empleados públicos como los del Registro Nacional de las Personas RNP, Consejo Nacional Electoral, CNE, infraestructura vial, trabajadores titulares y de atención de los tres poderes del Estado y el cuerpo diplomático.

Trabajadores de supermercados, farmacias, droguerías, gasolinera y servicio a domicilio, también la industria alimenticia y agrícola, personal de seguridad, cuadrillas de servicios básicos de agua, servicio de desechos sólidos, energía eléctrica y telecomunicaciones, comunicadores sociales, camarógrafos y reporteros.

Líderes religiosos, sector turismo de hoteles, centros de recreación y restaurantes, operarios de maquilas, cajeros y atención al cliente de la banca, servicios de socorro, personal docente, trabajadores de transporte de carga y personas urbanos e interurbanos y colectivos.

La resolución 1-21 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, sobre pandemia y vacunas en las Américas,  recomendó  seguir los principios SAGE6 de la OMS, que incluyen a trabajadoras de la salud, personas mayores, con discapacidad o con preexistencias médicas que pongan en riesgo su salud; como también a las personas que por factores sociales, laborales o geográficos subyacentes experimentan un mayor riesgo frente a la pandemia, tales como pueblos indígenas, personas afrodescendientes, personas en condición de movilidad humana y personas que viven en zonas urbanas sobre pobladas en situación pobreza.

En febrero del 2021, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas,  aprobó por unanimidad una resolución sobre el acceso equitativo a las vacunas del COVID-19, incluidas las zonas en conflicto, reconociendo el papel de la inmunización extensiva contra el COVID-19 como un bien público mundial.