Este documento que fue difundido desde mayo de 2021, contempla una investigación exhaustiva de las concesiones mineras, de energía eléctrica y de hidrocarburos, que el Estado de Honduras ha concesionado sin tomar en cuenta  a las comunidades donde se establecen estas empresas que vienen a exprimir estos recursos sobre los cuales no han dado su consentimiento para que estén en sus territorios,   y no dejan ni siquiera lo necesario para aplacar los graves  daños que producen en todo el proceso.  

El estudio toma como  base el mapeo realizado por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), en los territorios indígenas existen 82 concesiones mineras, 35 proyectos de generación de energía eléctrica, y la única concesión de hidrocarburos.

De acuerdo a la investigación,  el  área total destinada para la extracción minera en Honduras podría aumentar 330%, pasando de 131 mil  515 hectáreas (ha) a una explotación potencial de 565  mil 128 hectáreas. Es decir, este rubro abarcaría 5% del territorio nacional.

En cuanto a la generación de energía eléctrica, si todos los proyectos que se encuentran en las diferentes etapas (suspendidos, en estudio, en proceso, aprobados, vigentes y en construcción) llegan a operar, este sector crecería 145%, pasando de los 112 proyectos actuales (coen una capacidad de 2830 mega watt -MW) a 307 proyectos (6933 MW). Es decir, si todos los proyectos previstos llegan a operar antes de 2021, su producción superaría las necesidades energéticas del país, aun tomando en cuenta los niveles de pérdidas energéticas, que para 2020 se reportaron en 37.8%, destaca el documento.

2020 se aprobó un plan para más despojo

El documento advierte que por primera vez en la historia del país, el Estado hondureño aprobó en 2020 un plan de explotación de hidrocarburos, el cual abarca 17 mil 30 kilómetros cuadrados del Caribe hondureño.

Que existen 78 proyectos mineros y 47 proyectos de generación de energía eléctrica dentro de las áreas protegidas y/o en las microcuencas declaradas.

Señala asimismo que la aprobación de estas concesiones va de la mano con las nuevas políticas que aceleran el otorgamiento de las licencias ambientales y obstruyen el acceso a la información pública, violentando los derechos de las y los hondureños.

Este documento ha sido escrito por Benjamin Fash (Clark University) con el apoyo de Emma C. Velásquez y Julio Rivera (FOSDEH); José Cáceres (OUOT-UNAH) y las contribuciones de Leana Corea (Oxfam en Honduras) y Nicholas Cuba (Auburn University). Asimismo, ha contado con las aportaciones de Scott Sellwood (Oxfam América), George Redman (Oxfam en Honduras) y Mauricio Díaz Burdett (FOSDEH).

Con esta publicación se refuerza las posiciones de diversos sectores de la sociedad que han manifestado que el gobierno de Juan Orlando Hernández ha venido fortaleciendo el despojo desde que él era el presidente del Congreso Nacional porque  en el contexto del golpe de Estado de 2009 se concesionaron más de un centenar de ríos, entre ellos el Gualcarque, en Río Blanco, Intibucá, y por la defensa del mismo fue asesinada la defensora Berta Cáceres, en el año 2016.

Este caso dejó bien claro que la justicia en Honduras baila al son de las empresas que despojan a las comunidades, se asocian con entes estatales que deben proteger a las comunidades y a las cuales les hacen operaciones  sicológicas, represión física, entre ellas la más cruel como son los crímenes, infiiltración de organizaciones utilizando el aparataje estatal para que los megaproyectos se establezcan a fuego y sangre.

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